A vueltas con “la manta”: sobre racismo institucional y políticas públicas más allá de cambiar los problemas de sitio
En el Pleno del Distrito Centro celebrado este jueves, y antes en otras ocasiones, el Partido Popular y Ciudadanos acusan al gobierno de Ahora Madrid de “no hacer nada” con el asunto de los manteros en el centro de la ciudad. Algunos medios de comunicación se hacen eco de esta acusación. Ahora Madrid y distintas Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid plantean la necesidad de un enfoque que sitúe en el centro de cualquier política sobre este tema los derechos sociales. Pongamos las cosas en contexto.
El PP y Ciudadanos dicen que el gobierno de Ahora Madrid acosa a las terrazas del centro de la ciudad. No importa si son ilegales y no cumplen las ordenanzas. Por otro lado, el PP se ha negado de forma sistemática a aplicar la Ley de Memoria Histórica en nuestra ciudad. Lo lleva con tal orgullo que Esperanza Aguirre dijo en el último debate sobre el tema en julio que ella hubiera querido que su partido derogara tal ley. Como si su no derogación fuera una buena excusa para no aplicarla. El PP organizó una campaña de desobediencia civil contra el pago del IVA durante el gobierno de Zapatero. La ley, sólo para lo que les interesa.
Es decir: determinar lo que es importante o no para la ciudad forma parte de la discusión política. El PP y Cs querrían que hiciéramos un poco más contra los manteros y un poco menos contra las terrazas, por ejemplo.
Cuando se le demanda al gobierno de Ahora Madrid que “haga algo” con el tema de los manteros y se vincula la supuesta inacción con la Policía Municipal también se señala qué es lo que estas fuerzas harían si estuvieran en el gobierno. Por tanto, debemos preguntarnos, en primer término, si el PP y Ciudadanos presentaran un plan contra manteros y estuviéramos en la oposición, ¿qué diríamos del mismo? Si tuviéramos que plantear algún asunto sobre manteros desde la oposición, ¿qué tipo de acción plantearíamos?
Partiendo del análisis fino y certero de Pablo Carmona, concejal del Ayuntamiento, el asunto de los manteros gira en estos días en torno a dos preguntas: ¿hay un problema con los manteros en la zona centro de Madrid (o en cualquier otra)? ¿Se resuelve con un plan exclusivamente policial? Tratemos de responderlas.
A la primera pregunta, es de justicia responder con un rotundo NO. El colectivo mantero –lo dicen los propios informes policiales– cuenta en la zona centro con algo más de un centenar de personas. Salvo si hablamos de corrupción política, es difícil imaginar que un centenar largo de personas provoquen un problema importante en una ciudad del tamaño de Madrid. Así, se trata de una problematización ficticia que se está haciendo por parte de dos partidos de la oposición: PP y Ciudadanos.
El problema que el PP y Ciudadanos tienen con “la manta” es que entienden que el centro de la ciudad no es un barrio ni un distrito, sino el epicentro del turismo. El problema que tienen es que “la manta”, la venta ambulante como elemento impredecible, transforma la experiencia en el espacio público de forma efímera y no prevista: los mercadillos cargan de identidad espacios urbanos de tránsito, lo que algunos urbanistas y sociólogas han venido a llamar ‘no lugares’. En definitiva, la manta viene a cambiar el diseño de la 'ciudad marca' que quiere el PP para el centro. Una 'ciudad marca' que trata de despojarse de su identidad para uniformarse en un uso estrictamente comercial de las calles, mientras que la sociedad sigue buscando mecanismos con los que apropiarse de los espacios en los que habita, y reflejar sobre ellos sus modos de entender la realidad, su relación con el entorno y la construcción del colectivo y el individuo. La calle, en el momento en que aparece el vendedor ambulante, deja de ser una zona de paso y se transforma en un punto de encuentro.
En definitiva estamos hablando del derecho a la ciudad, un derecho que, entendemos, también se defiende desde la venta callejera informal y que no sólo se relaciona con la idea del derecho que tiene el habitante urbano de disponer de una ciudad acogedora y amable; tiene que ver, además, con un espacio en el que dicho habitante es un agente activo. Esto lo capacita para transformar la ciudad gracias a la negociación con el colectivo y a que el entorno urbano le ofrece la posibilidad de desarrollar otras actividades no previstas. Este derecho a la ciudad debe ser al menos conjugado con los otros derechos sobre el uso del espacio, sea el comercial o, simplemente, el de poder pasear.
Entonces, ¿afecta la manta al turismo? En absoluto. Los datos en los meses de verano son de récord en nuestra ciudad. Por otro lado, varias ciudades europeas ya alertan de los riesgos vinculados al desarrollo exclusivamente turístico de nuestras ciudades. ¿Y, si no afecta al turismo, cuál es el problema? Nos dicen que afecta al pequeño comercio: ¿la venta ambulante de un colectivo de unas 100 personas afecta más al pequeño comercio de una ciudad como Madrid que la liberalización de los horarios comerciales, el comercio electrónico, las nuevas formas de distribución, la ley del suelo y el fin de los alquileres de renta antigua o las grandes superficies que no pagan el impuesto de sociedades? Digámoslo claramente: no. Aunque pudiera afectar a algunos pequeños comercios de zonas muy concretas, en realidad el problema se llama racismo institucional. Son alarmas políticas netamente racistas. Como lo son las redadas basadas en perfiles étnicos.
Pero vayamos al segundo asunto. Supongamos que efectivamente fuera un problema, ya sabiendo de antemano que, en términos de incidencias policiales, por ejemplo, es insignificante. Imaginemos, pues, que realmente no hubiera una construcción totalmente artificial del mismo. ¿Cómo tendría que ser abordado desde el Ayuntamiento?
La ciudadanía que trabaja en “la manta” lo hace evidentemente porque no tiene alternativa. El enfoque policial ha mostrado su ineficacia en este caso a lo largo de los años, sin reducir la población “mantera” ni mejorar sus condiciones de vida. Una medida así es tan útil para acabar con la venta irregular como intentar acabar a golpe de multa con quien rebusca en la basura para comer. Las multas a quienes trabajan en “la manta” tienen un único efecto: mantenerles en condiciones de ilegalidad dificultando su progresión a empleos regulados fuera del circuito de la venta ambulante y contribuir a la posible criminalización de un sector de la población.
Puede que Ciudadanos no sepa esto porque al fin y al cabo es su primera legislatura en el Ayuntamiento, pero el PP lo sabe perfectamente porque lleva los últimos 15 años desarrollando políticas de corte exclusivamente policial sin ningún tipo de éxito perceptible. Ninguno.
La presión policial mueve las actividades irregulares de un lado para otro, hasta de una dimensión del delito a otra, pero rara vez la contiene de modo global en radios de acción más amplios, ni logra contener las presiones de los flujos delictivos externos. Esto quiere decir que cuando un modo ilícito de obtener ganancias es restringido o se le ponen barreras, el mercado irregular busca nuevas formas de encontrar una salida y recomponerse. En definitiva, forzar a un pequeño grupo de manteros a abandonar una calle no aborda en absoluto el por qué están ahí, qué hacen, cómo conviven, qué derechos tienen.
¿Para qué han servido los planes policiales hasta ahora? Para decir que el número de detenciones y el número de multas se ha elevado. El supuesto problema persiste pero un sistema de comunicación, que acepta el marco del discurso policial que tanto le gusta al Partido Popular, hace que no importe. Porque el objetivo del Partido Popular nunca ha sido resolver problemas, sino mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder es necesario hacer cosas que se vean, aunque sean inútiles, aunque no sirvan absolutamente para nada. Salvo para ejercer racismo desde las instituciones.
Por eso creemos que el enfoque de derechos debe ser el que oriente cualquier acción en relación a estos asuntos. El enfoque de derechos, en este caso, plantea algo tan sencillo como que es mejor invertir recursos y generar ordenanzas para que mejoren las condiciones de vida de las personas que se ven obligadas a trabajar en “la manta” y, en general, que esas bolsas de pobreza que el PP ocultó y criminalizó emerjan, para poder hacer políticas públicas útiles. ¿Hacer emerger espacios de pobreza complica la acción política? Complica la acción política de quien sólo quiere quedar bien y no resolver problemas.
Sí, abrir marcos de derecho visibiliza desigualdades pero lo contrario sólo contribuye a hacer endémica la desigualdad en nuestra ciudad y que los problemas aparezcan de otra forma y multiplicados por tres, la mayoría de las veces con consecuencias nefastas sobre las vidas de las personas. La inercia mediática está ligada a una construcción del discurso sobre las políticas que son “normales” y “adecuadas”, las que se han repetido durante 20 años. Nuestro trabajo es hacer y decir otra cosa, y confiamos en que las personas que nos han votado quieren que hagamos y digamos otra cosa.
Por cierto, ¿implica eso dejar de cumplir alguna ley? En absoluto. Implica ordenar y destinar los recursos públicos de manera eficiente para resolver problemas reales de la ciudadanía y desarrollar un modelo de ciudad más justa. A eso vinimos. Sin miedo.
