No es Filomena, es el oligopolio y sus beneficios caídos del cielo

Se ha argumentado que la reciente subida del precio de la luz es fruto del temporal de frío y nieve que azota nuestro país. Efectivamente, es cierto que la demanda se ha incrementado durante la pasada semana, el precio internacional del gas ha crecido y ha caído la producción de las energías renovables –las más baratas– por la falta de viento y sol. No obstante, el principal motivo que explica las subidas de la factura eléctrica a las que hemos asistido no es el frío, sino la disfuncional regulación de nuestro mercado eléctrico.

Durante estos últimos días los precios de la luz se han incrementado en algunos momentos hasta un 100%, mientras que los costes de generación de esa energía apenas se incrementaban en un 4%, tal y como señala Jorge Fabra (ex­ presidente de Red Eléctrica de España y Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía entre 2005 y 2011).

Esta incapacidad del mercado eléctrico para revelar correctamente –tanto en momentos puntuales, como de forma estructural– los costes reales de la generación de energía constituye un importante problema para nuestro país, que viene de lejos y se explica fundamentalmente por la regulación establecida en 1997 por el gobierno de Aznar.

Las 'subastas marginalistas' del mercado mayorista puestas en marcha entonces por el Partido Popular han articulado un sistema subordinado a los intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera notables disfuncionalidades en nuestra economía: los precios de la electricidad para las familias españolas son los quintos más caros de la UE, lo que lastra la capacidad de consumo de muchos hogares y contribuye a un alto nivel de pobreza energética (6,8 millones de personas sufren en España temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos). Además, los elevados precios de la electricidad en nuestro país conllevan problemas de competitividad para millones de empresas españolas, por los sobrecostes que se ven obligadas a asumir.

El funcionamiento del mercado mayorista de electricidad poco o nada tiene que ver con cualquier otro mercado, dado que su configuración refleja desde hace más de dos décadas el extraordinario poder que ejercen las empresas eléctricas dominantes: las distintas tecnologías que participan en el pool ofertan electricidad a precios muy diferentes y, de entre todas las centrales que son necesarias para cubrir la demanda en una hora determinada, la que ha hecho la oferta más cara marca el precio al que cobran las demás. Como se suele decir, al final del día en la subasta eléctrica, pagamos zumo de piña al mismo precio que el champán más caro. Este procedimiento es particularmente problemático si tenemos en cuenta que el precio finalmente fijado en estas subastas es, en muchas ocasiones, el que perciben las empresas propietarias de algunas tecnologías –nucleares e hidroeléctricas– que presentan costes de generación bajos y que ya han recuperado sobradamente sus costes de inversión. Recordemos que cuando se produjo la “liberalización” del sector, a estas empresas se les reconocieron unos Costes de Transición a la Competencia con la finalidad de garantizar a los propietarios la recuperación de su inversión inicial.

El resultado de la ecuación a nadie se le escapa: este mecanismo de fijación de precios viene generando los denominados “beneficios caídos del cielo” –del orden de 700 millones de euros anuales en término medio desde 1997, según algunas estimaciones– para un oligopolio en el que cinco grandes compañías poseen la mayor parte de la capacidad instalada, y controlan la totalidad de las redes de distribución.

Este Gobierno de Coalición ha dado ya en 2020 algunos pasos para abaratar la factura de la luz: un fuerte impulso a las energías renovables –son las que hoy presentan menores costes de generación–, y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que permitirá que parte de los costes fijos asociados al régimen retributivo de las renovables dejen de formar parte del recibo de la luz. Estos son pasos adelante en la estrategia de electrificación de nuestro sistema, que en todo caso requieren de medidas más audaces para abaratar realmente los costes del suministro eléctrico y evitar episodios como los que hemos vivido durante los últimos días.

El Acuerdo de Coalición Progresista entre el PSOE y Unidas Podemos incluye una medida crucial en este sentido, como es “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ”beneficios caídos del cielo“) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. La reciente subida de la factura de la luz evidencia que no podemos esperar más, debemos cumplir con urgencia esta medida del Acuerdo de Coalición.

Para ello se deberían auditar los costes remanentes de nucleares e hidroeléctricas y, a partir de ahí, limitar el precio al que estas centrales pueden cobrar la electricidad en el mercado (mediante un WindfallTax, o con contratos por diferencias similares a los que se han diseñado para las nuevas subastas de renovables). La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se destinaría a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

La agenda en materia de reforma del mercado eléctrico tiene además otros elementos cruciales, contemplados tambiénen el Acuerdo de Coalición y que deberán ir desarrollándose a lo largo de la legislatura: la revisión de los pagos por capacidad (para limitarlos a medidas condicionales), la modificación de la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia, o el desarrollo de una auténtica estrategia de transición justa paralela al ambicioso despliegue de energías renovables previsto por este gobierno. La lucha contra la pobreza energética precisará asimismo de un nuevo bono social “multicombustible” (que incluya la electricidad y el gas), asumido por las comercializadoras y cuyo fin sea permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Avanzar de manera decidida en todas estas medidas para reformar el sistema eléctrico, y reducir así la factura de la luz, es la mejor hoja de ruta para poder cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que exige a los países garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Como bien señala este gran acuerdo internacional, de nada sirve avanzar en energías limpias o en eficiencia energética si al mismo tiempo miles de personas son privadas, mediante precios abusivos, de poder acceder a estos suministros.

Y, en todo caso, la transición que precisa nuestro modelo energético no solo debe perseguir su electrificación, para reducir drásticamente las emisiones de CO2. Dadas las condiciones oligopolísticas actuales, esta transición también debe impulsar la democratización del sistema. Favorecer la generación distribuida mediante el desarrollo de inversiones en autoconsumo y fotovoltaica de tejado puede ser una realidad en los próximos años, si parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE se destina a tal propósito.

Asimismo, pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía.

Un ejemplo de la utilidad que puede llegar a tener una empresa pública lo vemos estos días en La Cañada Real Galiana. Durante tres meses Naturgy, junto con el Gobierno de Ayuso, han consentido que miles de familias vulnerables permanezcan sin electricidad, incluso en pleno temporal de frío y nieve. Seguramente esto no habría pasado con una empresa pública de energía que se rija por criterios de servicio público y que atienda al cumplimiento de los derechos humanos. Tomemos nota de ello.