Que la propaganda israelí no nuble la justa protesta de cientos de presos palestinos

Desde hace tres semanas más de 1.300 presos palestinos en cárceles de Israel mantienen una huelga de hambre indefinida pidiendo la mejora de sus condiciones de encarcelamiento y que Israel cumpla con el derecho internacional respecto el trato dado a estos prisioneros de guerra. Para alguien poco informado podrá sorprender que los prisioneros palestinos sean calificados como “prisioneros de guerra”, pero es lo que son. Se trata de civiles –en su mayoría no combatientes– encarcelados a los que se debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, es decir, las normas que el Derecho Internacional aceptado por las naciones civilizadas del planeta, contempla como aplicables a los conflictos armados de carácter internacional

Palestina es un territorio ocupado según el derecho internacional, situación declarada por las Naciones Unidas en numerosas ocasiones a través de distintas resoluciones, que además vienen indicando que Israel no respeta las normas del Derecho Internacional Humanitario ni del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en esos territorios ocupados.

El Artículo 4 de la III Convención de Ginebra define entre los prisioneros de guerra a

“2. los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado (..)”.

La anterior definición es igualmente admitida por los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra de 1979, destinados a proteger a los civiles en los conflictos armados, ya tengan dichos conflictos carácter nacional o internacional.

Llama poderosamente la atención la demagogia y manipulación mediática utilizada por el Estado de Israel, seguida por no pocos medios de comunicación, cuando califica como terroristas tanto a los combatientes palestinos que se oponen a la ocupación como a los civiles que habitan los territorios ocupados y resisten a las fuerzas ocupantes. Es la misma estrategia de propaganda de guerra que cualquier invasor ha utilizado siempre frente a quienes resisten sus ambiciones imperiales en cualquier país ocupado, la mismas que hace 200 años el imperio napoleónico utilizaba en España en los tiempos de la invasión, tachando de “bandoleros” y “forajidos” –hoy serían “terroristas”– a los españoles que resistían la ocupación francesa. Ese fue el tratamiento dado a resistentes a la ocupación que hoy son reconocidos como héroes en nuestro país, como fue el caso de El Empecinado o del cura Merino.

Israel utiliza esas descalificaciones a pesar de que el propio “Irgun”, germen del actual ejército de Israel, no dudó en realizar ataques a instalaciones civiles para acabar con la ocupación británica en Palestina, como fue el caso del atentado con explosivos en el Hotel Rey David de Jerusalén el 22 de julio de 1946, con un saldo de 28 británicos, 41 árabes, 17 judíos y otras 5 personas de diferentes nacionalidades muertas, además de al menos 45 heridos.

Cualquier preso tiene derechos humanos que le deben ser respetados durante su encarcelamiento, más aún si la privación de libertad se debe a la ocupación de su país por una potencia extranjera. Muchos de los palestinos encarcelados que hoy se encuentran en huelga de hambre, ni siquiera han realizado actos de violencia, sino de oposición política a la ocupación israelí, como es el caso del líder de la huelga de hambre, Marwan Barghouti, el “Mandela palestino” detenido y encarcelado hace más de 15 años cuando era diputado del parlamento de Palestina. Recordemos aquí que Nelson Mandela, quizás el hombre considerado la persona más digna de cuantas vivieron en nuestro planeta durante el Siglo XX, también fue considerado en su día un terrorista, y encarcelado por ello casi 30 años.

En flagrante incumplimiento de la Convención de Ginebra, Israel mantiene a los prisioneros palestinos encarcelados fuera de los territorios ocupados, concretamente en cárceles situadas en territorio israelí. Además de infringir la IV Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de prisioneros fuera de los territorios ocupados en donde residían, los encarcelamientos en territorio Israel dificultan, cuando no hacen imposibles, las visitas a los presos por sus familiares, sus abogados o sus allegados, que técnicamente tienen que trasladarse a otro país –Israel–, para visitarlos. Las visitas tienen que sortear no solamente las dificultades para entrar en la cárcel, sino lo que es peor, la dificultad, cuando no prohibición, que cualquier palestino residente en los territorios ocupados tiene para trasladarse a territorio israelí.

Esta es una de las principales reivindicaciones de los cientos de palestinos presos en huelga de hambre, además de otras como que sus familiares reciban un trato digno si consiguen acceder a la cárcel –muchos menores hijos de palestinos no quieren visitar a sus padres en las prisiones debido al trato humillante que reciben por las autoridades israelíes en cada visita–, poder ver televisión o que Israel deponga su régimen de apartheid judicial, en el que se dan de manera sistemática prácticas de abuso, confinamiento, tortura y negligencia médica. Es decir, la sistemática vulneración de los derechos que a los presos palestinos les corresponden de acuerdo con el Derecho internacional.

Mención aparte requiere la exigencia de los huelguistas de acabar con las “detenciones administrativas”, eufemismo que encubre la práctica sistemática de detención y confinamiento ilegal de Palestinos en cárceles de Israel, algo terminantemente prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por solo mencionar los dos principales convenios internacionales que prohíben taxativamente la detención de cualquier persona sin que sea previamente acusada de un delito.

Más de 500 personas palestinas se encuentran encarceladas por Israel sin conocer los cargos que pesan sobre ellas, sin haber sido condenados o acusados ante un tribunal, ignorando la duración de su privación de libertad o el motivo de su detención. Fueron encarcelados bajo la figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida. Ningún país que autorice estas prácticas en su legislación puede ser considerado un “Estado de Derecho”.

Actualmente Israel mantiene encarcelado a 6.500 presos palestinos, de los que 300 son menores de edad, 62 son mujeres, 13 son diputados del Consejo Legislativo –Parlamento– palestino y 23 están gravemente enfermos en estado terminal. Aproximadamente 1.300 siguen la huelga de hambre desde hace tres semanas, lo que da a esta protesta un alcance nunca visto en ningún otro conflicto en el mundo, tanto por el número de presos que mantiene la actitud de protesta, como por el tiempo de duración. Las reivindicaciones de los presos son tan lógicas y aceptables –que Israel cumpla la ley internacional y respete la dignidad de los encarcelados– que incluso en la sociedad Israel comienzan a oírse voces de apoyo a esta huelga de hambre, como ha sido el caso del periodista Gideon Levy, quien recientemente ha publicado un artículo sobre esta huelga de hambre con el título La protesta social más justificada hoy en Israel.

Desde que comenzó la ocupación israelí hace casi 70 años, unos 850.000 palestinos han sido encarcelados. Una quinta parte de la sociedad palestina y un 40% de los varones adultos ha estado presos en algún momento. Solamente desde la Segunda Intifada –2000 a 2005– unos 100.000 palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados. Estas cifras de presos, así como la segregación o el confinamiento  territorial,  ponen de manifiesto que Israel está practicando un auténtico Apartheid con el pueblo palestino, con la permisividad sino complicidad de la comunidad internacional. Por menos han sido sancionados muchos países en las Naciones Unidas e incluso se han aprobado medidas de fuerza para restablecer los derechos humanos. Cuando interesa a las grandes potencias, lo llaman “injerencia humanitaria”.

Hace unas semanas en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid se realizó un acto en solidaridad con los presos palestinos, acto en el que tuve el honor de participar. Me ha sorprendido la furibunda reacción de descalificación del acto  llevada adelante por personas que sorprendentemente piensan que todos los palestinos son “terroristas”, o al menos los 850.000 que han sido encarcelados por Israel. No dudaron incluso en inventar la presencia en el acto de altos representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ni siquiera asistieron, lo que supone un intento de manipulación de la opinión pública incompatible con la crítica democrática. La realidad es que hoy día cualquier persona respetuosa con los derechos humanos, entre ellas cada vez más ciudadanos israelíes, consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados palestinos como “prisioneros de conciencia”, mientras que solamente las autoridades israelíes y los apologetas del apartheid los continúan denominando “presos de seguridad”.