Algunas propuestas concretas para controlar el precio de la luz

El precio de la luz en España (y en Europa) está coyunturalmente disparado, a pesar de que las señales a medio y largo plazo son muy positivas y una vez hayamos completado la transición energética España disfrutará de precios de la electricidad de los más baratos de Europa, lo que ya está permitiendo atraer industrias gracias a esa mayor competitividad. Es lo que tienen las transiciones: hay ganadores y perdedores, y durante los periodos de cambio se pueden producir consecuencias dolorosas.

Si miramos el precio de los mercados de futuros de la electricidad, vemos que el récord se va a sufrir en el cuarto trimestre de este año, con 120 EUR/MWh, frente a los 80 EUR/MWh que marca el cuatro trimestre del año que viene. Por su parte, el año 2023 ya marca 57 EUR/MWh y los años 2027-2031 en un rango de 30-32 EUR/MWh (nótese que, en el 2020, año COVID con los precios hundidos, la media fue de 33,96 EUR/MWh).

Ante esta situación de hambre para hoy y pan para mañana, es preciso centrarse en adoptar medidas a corto plazo que puedan rebajar la tensión de precios durante los próximos 12 meses, que es el periodo crítico. Por ello, en este artículo no analizaré otras medidas, necesarias, pero sin tanto impacto inmediato, como pueden ser la reforma del mercado marginalista, el despliegue del almacenamiento o la reversión de las concesiones hidráulicas (que, por cierto, gracias a la Ley de Cambio Climático, toda nueva concesión hidráulica se otorgará con criterios de maximizar la integración de renovables). Ninguna de ellas por sí sola arreglará el problema. No hay soluciones mágicas. Pero sí que hay margen para adoptar un buen paquete de medidas, algunas de ellas incluso sin coste, para controlar estos precios desbocados. Es hora de asumir la magnitud de esta crisis de precios, con los riesgos que comporta para la competitividad del país y para el bienestar de las personas, y acelerar y profundizar en algunas de las medidas ya planteadas por el Gobierno, así como iniciar otras adicionales.

Medidas que alivien el precio de mercado

La principal causa de los precios altos es el mercado, que ha experimentado una subida desde los 30 a los 100 EUR/MWh en menos de un año. Este incremento de precios de mercado se debe a la subida del precio de gas a nivel mundial (un 50% de la causa de los altos precios eléctricos, según el Banco de España) y de los derechos de CO2 (un 20%). En las horas en que las centrales de gas resultan las tecnologías que fijan el precio en el mercado marginalista, como éstas han de adquirir un gas más caro y tienen que comprar derechos de emisión, al ser una tecnología contaminante, eso hace que sus ofertas sean más caras, arrastrando el precio que perciben todas las tecnologías. A su vez, en las horas en que la tecnología de cierre no está sometida al CO2 ni al gas (salvo con la hidráulica, que se retroalimenta de los precios altos del gas), el precio será lógicamente más barato y no dependiente de estos factores externos. Ello explica que, a pesar de todo, en las últimas semanas también hayamos visto precios cercanos a cero en horas diurnas (mayor producción solar) durante algunos fines de semana (menor demanda).

Siguiendo la lógica de la oferta y la demanda, para bajar precios es preciso aumentar la oferta y/o reducir la demanda de electricidad. 

Aumentar la oferta implica, lógicamente, aumentar la generación eléctrica. En un mercado marginalista, será necesario que introduzcamos oferta que entre a menor precio que el de casación, pues si no, sería oferta que no serviría para bajar el precio. Por ejemplo, con renovables. Cada kWh renovable que entre en el sistema y saque un kWh de gas, es una buena noticia para el planeta y para el consumidor. Es decir, hace falta aumentar el total de energías renovables. Sin duda, pero tramitar un proyecto renovable de cierto tamaño lleva 2-3 años, con suerte. Entonces, ¿qué soluciones hay?

Por un lado, acelerar la tramitación y conexión de las instalaciones de subasta, tanto de península (3.000 MW), que tienen como fecha límite febrero del 2023 para la solar y febrero del 2024 para la eólica. Para ello, se podría dar una prima extraordinaria adicional a quien conecte antes, y que también tiene que hacer frente a unos costes de materiales más elevados. Lo mismo cabe decir de los 326 MW de la subasta solar balear, de conexión esperada para el año que viene, que podría acelerarse (y además así reducir los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares) o los 250 MW de la subasta solar canaria. También se debería realizar un análisis, coordinado con las CCAA, de los proyectos fuera de subasta en estado de tramitación más avanzado, para acelerar los últimos papeles (es frecuente que proyectos acabados estén 6-9 meses para conectar por trabas de la compañía gestora de la red o de la comunidad autónoma).

Otra manera rápida de aumentar la oferta, y además reducir la demanda, es la implantación del autoconsumo. Lo primero es acelerar el despliegue de los fondos Next Generation, que prevén 900 millones de euros para autoconsumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas. Además, las CCAA que aún no lo han hecho, como Murcia, Madrid, La Rioja, Asturias -en proceso-, Cantabria y el País Vasco, deberían eliminar de inmediato el requisito absurdo de la licencia de obras para tramitar instalaciones sobre tejado, para así reducir tiempos de conexión de la solar de 3-6 meses a 15 días. También es preciso reformar cuanto antes la Ley de Propiedad Horizontal para reducir las mayorías necesarias para instalar solar en comunidades de vecinos (esto se hace tocando una frase en la ley, no es nada complicado). Y no olvidemos la implantación del reparto dinámico de excedentes en el autoconsumo compartido, para el que la CNMC le ha dado al Gobierno un año, y que debería adoptarse de inmediato replicando el modelo francés, así como eliminar algunas trabas al autoconsumo compartido, como la exigencia de ubicar las protecciones junto al contador y no en el punto frontera. 

Por el lado de la oferta también se puede bajar el precio en general abaratando los costes de los generadores, para que así realicen ofertas más baratas. La más obvia es la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de energía eléctrica, que debería congelarse automáticamente siempre que el precio de los futuros para un trimestre esté por encima de 90 EUR/MWh, y quizás reducirse a la mitad cuando el precio esté entre 45 y 90 EUR/MWh.

En lo que respecta a la demanda, existe un enorme potencial de reducción, para lo que lo más eficiente son campañas de concienciación y aumentar la monitorización de los consumos. Es por ello por lo que el IDAE debería de activar una campaña de medios inmediata y en prime time, para dar consejos de ahorro de energía eléctrica. También se debería de ofrecer incentivos a las empresas que no están obligadas a ello, para que realicen auditorías de eficiencia energética y acelerar la implantación del sistema de certificados blancos que ya está en tramitación. Por último, el sector público tiene que acelerar también el plan de reducción de consumos en la administración pública, al que ya viene obligado por la Ley de Cambio Climático.

Medidas que reduzcan la parte regulada

Además de reducir el precio del mercado, hay margen para reducir los costes regulados y su impacto en los consumidores.

La primera medida y más obvia es la refinanciación del déficit de tarifa. En los últimos años este déficit ha bajado de 34.000 a 14.000 millones de euros, y actualmente se amortizan casi 3.000 millones de euros anuales. Es preciso renegociar para alargar los plazos de pago de esos 14.000 millones de euros, para así no hacer descansar el grueso de los pagos en los años en los que el precio de la electricidad también está más caro. 

También es preciso acelerar la implantación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pasando de 5 a 2 años, y comenzando a más tardar el 1 de enero de 2022, para aliviar los costes por cargos del sistema eléctrico (3.500 millones de euros el primer año y 7.000 millones el segundo). Igualmente hay que priorizar y acelerar la tramitación (que ya se está haciendo de forma urgente) de la valiente propuesta de tasa a las ganancias caídas del cielo para reducir las aportaciones al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 

Otras medidas complementarias podrían ser incluir a los consumidores directos en el pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y en la financiación del bono social (a más pagadores, menos a pagar por cada consumidor), que se informe de forma obligatoria de la potencia máxima instantánea, para que cada cliente pueda ajustarse la potencia de forma más precisa, y que Hacienda devuelva el IVA de las facturas impagadas de consumidores domésticos (como ya hace con empresas), para reducir el impacto de los impagos y por tanto la prima de riesgo de impago. En paralelo, para preservar la competencia y asegurar los mejores precios para los consumidores, sería positivo establecer un sistema de subastas, como ya hace Reino Unido y como ha recomendado la CNMC, para que, si quiebra una comercializadora, cosa probable en el contexto actual, que otras comercializadoras puedan pujar por los clientes sin que pasen automáticamente de nuevo a las grandes eléctricas.

En relación con los clientes vulnerables severos, habría que aumentar el descuento del bono social del 40 al 60% en el caso de que el precio de mercado esté por encima de 45 EUR/MWh.

En conclusión, lo que aquí propongo son medidas concretas, de aplicación inmediata y de posible aprobación por Real Decreto-Ley en muchos casos, para que, conjuntamente, puedan contribuir a paliar (que no a eliminar) los elevados precios y su impacto en los consumidores. Estamos ante una crisis de precios eléctricos sin precedentes (no por los precios récord de algunos días, sino por los precios altos sostenidos, especialmente para el próximo invierno). Por ello, es preciso que el Gobierno saque toda su artillería jurídica y política, para que, en coordinación con el resto de partidos y con las Comunidades Autónomas, aceleremos la transición energética al máximo, y así beneficiemos a todos los consumidores y al planeta en el que tienen que vivir.