El radicalismo de las derechas

La pretensión del PP y aliados de que el Tribunal Constitucional suspenda  la tramitación y, en su caso, votación de unas enmiendas a la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, por parte del Congreso de los Diputados, se ha consumado. El hecho es de suma gravedad, aunque no creo que se trate de un “golpe de Estado”. Pero es evidente que el PP se ha concertado, avenido, congeniado o hecho migas con los miembros conservadores del CGPJ y del Tribunal Constitucional con la finalidad de cargarse las mentadas enmiendas, dirigidas a desbloquear la insólita situación de violación flagrante de la Constitución. Porque el origen del desaguisado es ese y no otro, es decir, la desvergonzada e ilegal actitud de los conservadores del PP y del CGPJ al negarse a renovar un órgano que lleva cuatro años incumpliendo todos los días nuestra Ley de Leyes.

La operación conspiratoria ha culminado este martes, cuando el CGPJ no ha designado a los dos vocales del Constitucional con el fin de bloquear el nombramiento de los dos que corresponden al Gobierno. Todo ello se enmarca en un proceso que viene de lejos, y cuya finalidad es el acoso y derribo del actual Gobierno, unas veces “ilegítimo” y otras solo sus actos. Porque lo cierto es que las acusaciones que se están vertiendo contra el Ejecutivo están adoptando una deriva altamente peligrosa. No se trata, solamente, de que las derechas patrias -que no patriotas- no reconozcan la legitimidad de los sucesivos gobiernos, salvo cuando son los suyos. Una actitud que, por cierto, vienen adoptando prácticamente desde las Cortes de Cádiz, pues antes no lo necesitaban, sino que en este supuesto concreto el objetivo es incitar, impulsar, hostigar hacia un adelanto electoral mediante la provocación de una crisis política e institucional sin precedentes.

¿Qué quiere decir el señor Feijóo cuando lanza la inquietante frase de que están dispuestos a llegar “hasta donde sea necesario” en su enfrentamiento con el Gobierno? ¿O cuando no se cansa en repetir que hay que celebrar elecciones ya, sin más demora? ¿Acaso se ignora que en democracia las elecciones se celebran cuando toca o cuando el presidente del Gobierno decide disolver las cámaras? ¿Qué es esa mamarrachada de “o Sánchez o España”, regresando a la vieja y dictatorial idea de la anti-España? Estoy convencido de que el líder de la oposición no desea que todo salte por los aires, pero sería bueno que se sosegase y comportase como una derecha europea, sería maravilloso. 

Ahora bien, por qué precisamente en estos momentos se aumenta el diapasón de las descalificaciones y el insulto, hasta niveles intolerables e indignos de un país democrático. El presidente del Gobierno es un “tirano”; “nos aboca a la dictadura”; “hay que echarles de las instituciones”; “Sánchez es igual al depuesto presidente del Perú”; “su intento es peor que el de los independentistas”; “se han salido de la Constitución”; “quiere apoderarse del Poder Judicial”. Todo esto dicho por un partido que lleva cuatro años incumpliendo la Constitución sobre la renovación del CGPJ y, ahora, pretende hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes se imaginan estas mismas acusaciones en otros países de la Unión Europea? No hay ni un solo partido en la oposición, en un país democrático, que llegue a esos niveles de extremismo verbal. Quizá solamente Trump cuando perdió las elecciones y fomentó el asalto al Congreso.

De verdad que no reconozco a los representantes del centro derecha que conocí y traté durante la Transición y más tarde, pues estos de ahora no tienen nada que ver con el espíritu y las formas de aquella época. Pero, además, ¿acaso es este el ambiente que se respira en las calles de los pueblos y ciudades de nuestra querida España?, ¿es esta la imagen que este Gobierno tiene en la Unión Europea? Ya he sostenido, desde hace tiempo, que estas derechas hispanas llevan rematadamente mal eso de perder el Gobierno y, cuando no tienen más remedio, siempre hacen de todo para quedarse con el CGPJ y el Tribunal Constitucional. A mi parecer, tiene una explicación bastante sencilla. Cuando las derechas ganan las elecciones tienen el poder Legislativo, lógicamente el Ejecutivo y mantienen el gobierno de los jueces (CGPJ) y mayoría conservadora en el Constitucional. Y cuando pierden las elecciones, intentan por todos los medios mantener sus posiciones en estas dos últimas instituciones. Cuestión enormemente relevante en nuestro sistema institucional por cuanto el CGPJ es el que nombra a los más altos puestos en la Judicatura, que luego crean la Jurisprudencia y ocupan la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución, lo que a veces lo convierte en una especie de tercera cámara que puede tumbar -vía interpretativa- leyes surgidas del Parlamento. Y ahora, por lo que se ve, antes de que se conviertan en leyes. Si esta práctica se convierte en costumbre o antecedente, que el altísimo se apiade del parlamentarismo español. En mi opinión, esta situación de que un proceso legislativo del Parlamento español pueda ser cercenado, en su trámite, por el Alto Tribunal no puede repetirse en el futuro y sería conveniente dejarlo claro en la Ley Orgánica del TC. 

Lo curioso del asunto es que, mientras sucede todo este embrollo o desbarajuste, España va razonablemente bien, dadas las circunstancias, bastante mejor que la inmensa mayoría de los países “de nuestro entorno”, y esta es la causa precisa de tanto estruendo. Somos el país de la Unión Europea con la inflación más reducida y con tendencia a la baja; la nación en la que más crece el PIB, tanto este año como el que viene; el desempleo se va reduciendo, a pesar de los esfuerzas de las derechas por demostrar que los fijos discontinuos son parados, como si les encantara que hubiera muchos desempleados; más de 9 millones de pensionistas van a ser beneficiados con una subida del 8,5% en su jubilación a partir del uno de enero; el salario mínimo interprofesional subirá en torno al 8%, lo que afecta a dos millones de personas; hay que reconocer que la “excepción ibérica” en el precio de la energía ha sido un éxito y ha contribuido a refrenar la subida de los precios; es esperable que en los próximos días se tomen medidas para rebajar los injustificados precios de los alimentos y, para colmo de desdichas, para las irredentas derechas, España presidirá la Unión Europea en el segundo semestre del 2023. 

Pues bien, todo lo anterior es lo que explica, en buena medida, el desatado histerismo de las derechas y de sus numerosos nervios mediáticos. Si ustedes se han fijado, cuando el nuevo presidente del PP llegó al liderato popular, casi todo el mundo pensó que los espasmos, convulsiones, crispaciones y espeluznos a estribor iban a encontrar cierto sosiego. Era persona que venía de años de gestión en la comunidad autónoma gallega, y quizá pensó, con buen criterio, que el mejor terreno de confrontación con el Gobierno podría ser el del manejo de la economía. Sin embargo, alguien que quizá no le quería demasiado bien logró disuadirle o convencerle de que por ahí tenía poco que rascar o afanar, y que era mejor ir hacia la bronca pura y dura sobre temas más “identitarios”, “ideológicos” o “culturales”, aunque ayunos de ideas y de cultura.

Es curioso, igualmente, el papel relevante que está jugando en esta dirección la mayoría de los medios de comunicación, en manos del poder económico más atrabiliario. Asuntos tan sumamente relevantes para el bienestar general como la subida de las pensiones el 8,5%, que el crecimiento de la economía en 2021 haya sido del 5,5% y las previsiones para el 2022 se sitúan alrededor del 4,5%, o que la temporalidad en los contratos de trabajo se haya recortado en más de cuatro puntos respecto a la media europea, pasan casi desapercibidos. Sin embargo, cualquier historieta colateral o menor, o alguno de los variados errores, reales o ficticios que comete el Gobierno, adquieren un eco atronador, estruendoso, escandaloso o estridente, como si el país se fuera a romper o estar a punto de la catástrofe. Realmente es el mundo al revés, pues el tumulto no está en las calles, como por ejemplo en el Perú, sino en algunas élites, en los medios o en ciertas instituciones. El resultado es que todo aquello que resulta positivo, amable o beneficioso para nuestra vida colectiva queda opacado, velado, enturbiado o ensombrecido por el ruido y las furias de los que quieren llegar al poder como sea y cuanto antes. 

De ahí que, en mi modesta opinión, el Gobierno y los partidos que lo conforman deberían cuidar en grado sumo tres cuestiones que aprendí en mi larga militancia. La primera es que nunca hay que caer en las provocaciones del adversario político, pues eso es precisamente lo que a fin de cuentas desea: embarrar el debate y crispar el ambiente en la opinión pública. El entrar al trapo del “sois unos fascistas” o unos “golpistas”, etc., me resulta contraproducente y hasta un tanto infantil, pues toda exageración es inane. Lo segundo es que sobre todo aquello que afecta a lo que se ha llamado “bloque de constitucionalidad”  -estatutos de autonomía, Código Penal, leyes orgánicas que inciden en los derechos fundamentales, etc.- hay que extremar el rigor jurídico y buscar, en lo posible, el consenso político. Últimamente, se está legislando en temas de alto voltaje a considerable velocidad, lo que puede ser necesario y hasta conveniente. Pero en esos casos hay que acentuar el cuidado y contemplar todas las posibles derivaciones y consecuencias de esas decisiones. Sin duda, en la tarea de gobernar hay que correr riesgos, pero bien calculados y nunca temerarios. No debe preocupar el estruendo del adversario, pues se haga lo que se haga siempre estará en contra, pero sí debe alarmar la incomprensión de los partidarios. No estoy en condiciones de hacer sugerencias, pero en este complicado momento de nuestra historia, la tercera enseñanza es que nunca se debe perder la calma y la visión de conjunto. Hay que proceder a los necesarios cambios legislativos frustrados por otros procedimientos más ortodoxos, seguir mejorando la economía y las condiciones sociales del personal sufridor y, desde luego, agotar la legislatura y dejarla en muchas mejores condiciones que cuando empezó. 

–––––––––––––––

Antes de que dejes de leer, una última cuestión

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.