Las trabas llevan a la precariedad

Aunque la COVID-19 ha afectado a toda la población, las consecuencias no han sido las mismas para todas las personas. Las mujeres migrantes y racializadas se encuentran entre las más afectadas, especialmente aquellas que están en situación administrativa irregular, en desempleo, con trabajos precarios o en el sector informal. Ya antes de la pandemia, estos colectivos se enfrentaban a la discriminación racial y sexista, a las violencias machistas, y a otros obstáculos para acceder al sistema de salud y a una vivienda digna. La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales no han hecho más que agravar estas desigualdades.

Precisamente el tejido social que conforman tanto los colectivos informales como las organizaciones y redes en las que se activan estas mujeres, juegan un papel crucial para dar una respuesta inmediata a estas desigualdades, pero, sobre todo, para generar cambios estructurales que garanticen una vida digna para todas las personas. En estas organizaciones se articulan mujeres muy diversas que se autoorganizan para defender sus derechos. Hablamos de trabajadoras domésticas y de los cuidados, jóvenes que utilizan el arte como una forma de protesta, colectivos que generan análisis desde una perspectiva decolonial, mujeres que acompañan a otras mujeres que viven violencia machista, activistas que se manifiestan para el cierre de los CIE y muchas más.

Las que nos dedicamos a fortalecer los movimientos de mujeres sabemos de la dificultad que acarrea poner en marcha cualquier proyecto o actividad. La falta de manos, la ausencia de una estructura organizativa, las vidas precarias y la complejidad para conseguir recursos, configuran una fórmula complicada de resolver. Sin embargo, para entender los porqués de estas complicaciones, tenemos que entender algunas de sus causas. Y eso solo lo podemos hacer si les preguntamos a ellas.

En la publicación que hemos realizado en Calala titulada ‘Aprendizajes en el acompañamiento al movimiento de mujeres migrantes y racializadas en el Estado español’ explicamos que, a través de una consulta realizada a los grupos de mujeres a los que apoyamos, descubrimos que el 90% considera que necesita mayores recursos para cubrir los gastos de las actividades que realizan. En concreto, la mayoría de los colectivos reconocen que una de las principales dificultades para conseguir estos recursos es que existen muy pocos financiadores que se adapten a la realidad de su situación y presten apoyo sin duros requerimientos. 

La falta de fondos imposibilita a las organizaciones pagar por el trabajo que realizan sus integrantes. Esto hace que muchas de las acciones se lleven a cabo principalmente con tiempo y trabajo voluntario, lo que representa un desgaste para las activistas. De hecho, la mayor parte de las acciones que se vienen realizando están basadas en la autogestión y en apoyos económicos puntuales, la precariedad material es una característica transversal en todos los grupos a los que acompañamos.

Concretamente, el 30% de los colectivos consultados ha recibido apoyos puntuales de la administración pública. Sin embargo, todos ellos denuncian el abuso de trabajo y tiempo que supone la gestión de estos fondos. Los procedimientos de las instituciones son una barrera para las organizaciones de mujeres migrantes, ya que la mayoría no cuentan con una estructura ni cumplen los requerimientos que se exigen. 

Hemos detectado casos en los que ayuntamientos o Gobiernos autonómicos han aprobado subvenciones para organizaciones de mujeres, pero estas no han podido acceder al dinero porque se les solicitaba aportar previamente un porcentaje del presupuesto de fondos propios que no podían asegurar. En otras ocasiones la subvención se recibe una vez realizado el proyecto, teniendo la organización que adelantar el 100% de los fondos, es decir, cubriendo con recursos propios la ejecución de las actividades que les serán reembolsados una vez aprobado el informe financiero. Para la mayoría de los grupos con los que trabajamos, esto no es posible y supone renunciar a este tipo de subvenciones.

La financiación flexible: imprescindible para las organizaciones de mujeres

Estas exigencias de las administraciones públicas y de algunas ONG donantes dificultan el acceso a los recursos para las organizaciones de mujeres migrantes y racializadas, especialmente para las más pequeñas. De ahí la importancia de los fondos de mujeres que facilitamos recursos flexibles, a largo plazo, para apoyo general y con procedimientos sencillos a aquellos colectivos de mujeres y feministas que tienen más dificultades para acceder a los fondos de financiadores tradicionales.

Durante la investigación que llevamos a cabo, nos dimos cuenta de que la mayoría de los movimientos de mujeres consultados no contaban con ningún donante y las actividades las tenían que sufragar con dinero de su propio bolsillo. Para el 52% de estos grupos, los fondos de mujeres hemos sido la primera entidad que las ha financiado. De hecho, el 30% de las organizaciones apoyadas no tienen una personalidad jurídica, por lo que no pueden acceder a otro tipo de subvenciones institucionales o de otro tipo. 

En tiempos de pandemia, la diferencia entre disponer o no de recursos es sustancial. El soporte económico que hemos facilitado en estos momentos a cajas de resistencia o fondos de apoyo mutuo han sido destinados a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a trabajadoras del hogar y los cuidados, limpiadoras de hotel, trabajadoras sexuales o mujeres trans, que han servido para así cubrir gastos de alquiler, de alimentación, material de protección, así como otras necesidades básicas. 

Con la crisis de la COVID-19, las necesidades de las mujeres migrantes se han multiplicado, pero también sus iniciativas para salir adelante. Es una carrera de fondo en la que el virus solo complica las cosas. Por esto resultan imprescindibles las redes de ayuda mutua y apoyar proyectos de filantropía feminista y antirracista.