Incidencia ambiental y social de las macrogranjas

Las declaraciones recientes del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en defensa de la ganadería extensiva y criticando las macrogranjas, han generado una fuerte polémica, en buena medida creada de forma un tanto artificial por parte de sectores políticos y económicos interesados en ella. Esa polémica se ha visto acrecentada por la postura mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por algunos presidentes autonómicos socialistas, a pesar de que la postura “oficial” de esas instituciones coincide básicamente con lo que dijo el ministro Garzón. Sin embargo, esa polémica se les está volviendo en contra a los que la provocaron, pues ha sacado a la luz los graves problemas ambientales y sociales que están generando las macrogranjas en nuestro país.

El crecimiento experimentado en España de la ganadería industrial a través de las macrogranjas, es enorme. En 2020 en España, la cabaña ganadera de porcino alcanzó los 32,6 millones de cabezas, habiendo crecido alrededor del 33% en los últimos 15 años. Este crecimiento nada tiene que ver con la soberanía alimentaria, pues se dirige mayormente a la exportación. De esta manera, España es ya el quinto exportador mundial de carne, y el que más cerdo vende fuera. Entre 2015 y 2020 las exportaciones de carne, mayormente a Europa y China, se incrementaron en un 80% (ICEX), y en 2021 se exportó por valor de 7.347,3 millones de euros, de los que 4.602 millones se corresponden al porcino.

Las nuevas explotaciones de ganadería industrial se han establecido especialmente en las regiones menos pobladas. En Castilla y León hay ya casi dos cerdos por habitante, mientras que en Aragón la cifra se eleva ya a casi siete.

La producción ganadera intensiva conlleva una serie de problemas medioambientales y sociales, que son mayores por lo general, cuanto mayor sea la explotación. Dichas explotaciones producen de forma continuada un elevado volumen de purines, que contaminan las aguas superficiales y subterráneas. Además, en el caso de estas últimas, la contaminación puede llegar a ser casi irreversible. Según la “Evaluación del estado de las masas de agua subterránea”, que aparece en documento de “Síntesis de los Planes Hidrológicos españoles, 2º ciclo” (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), de las 762 masas de agua subterránea que hay en España, 267 (35%) se encuentran en mal estado químico, estando presente en la gran mayoría de los casos un exceso de nitratos, procedentes tanto de los cultivos de regadío intensivo, como de la ganadería intensiva.

Esta contaminación de las aguas producida por la agricultura y ganadería intensiva tiene también graves consecuencias para la población rural. En 2020, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, llevó a cabo controles de calidad de las aguas de abastecimiento de 4.243 municipios de los 8.131 existentes en España. En 101 de esos municipios se superaban los 50 miligramos por litro, umbral de potabilidad por encima del cual hay que alertar a la población y hay que buscar vías alternativas de abastecimiento. De hecho, cada vez son más los pueblos en nuestro país que por este motivo han de abastecerse de agua potable mediante camiones cisterna. Además, en 740 municipios, los niveles de nitratos se situaban ya entre los 20 y los 50 miligramos por litro, cerca ya del límite permitido.

Otro impacto ambiental producido por la ganadería industrial, es el generado por el pienso que consume el ganado, procedente de cultivos intensivos, que en España son grandes consumidores de agua, como es el maíz. O proceden de la importación, como ocurre con la soja, cuya obtención es uno de los principales causantes de la deforestación en varios países de Sudamérica.

Es importante hacer mención también a las lamentables condiciones en las que viven los animales en las macrogranjas, encerrados en grandes naves, en muchos casos sin ver la luz del sol, y sin apenas espacio para moverse. En estas instalaciones, el principal objetivo es que los animales engorden rápido, y con el menor coste posible. A consecuencia de ello, la calidad de los productos cárnicos obtenidos siempre será mucho menor que la de ganado criado en el campo.

Por último, señalar que una de las consecuencias de la proliferación de las macrogranjas está siendo también la pérdida de puestos de trabajo en el medio rural. Cuanto mayores e industrializadas son las instalaciones, menos empleados tienen en relación al número de animales. Además, están desplazando a los pequeños productores, que no pueden competir en precios con las macrogranjas, como prueba que en los últimos diez años hayan cerrado en España nada menos que 21.000 pequeñas y medianas explotaciones de porcino.

Como podemos apreciar, la proliferación de las macrogranjas está produciendo importantes daños medioambientales, algunos bastante irreversibles. Y su impacto social también es muy alto, especialmente en la denominada España vaciada, que es donde se están estableciendo mayormente estas instalaciones. Están contaminando sus aguas, haciendo que no sean aptas para el consumo humano; están llenando el campo y los pueblos de malos olores, están haciendo inviables a las pequeñas explotaciones,… En definitiva, están contribuyendo a que la España vaciada, se vacíe aún más.

Frente a este modelo de ganadería industrial está la ganadería extensiva que, si se lleva a cabo una gestión adecuada, resulta compatible con la conservación del entorno natural en el que se desarrolla. Este modelo ganadero presenta múltiples ventajas: el ganado se alimenta en su totalidad o al menos en su mayor parte, de hierba, evitándose así el impacto generado por la obtención de piensos. También ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación herbácea, reduciendo así el riesgo de incendios, así como la realización de los tratamientos selvícolas que, en otros casos, serían necesarios realizar. Uno de los principales exponentes de la ganadería extensiva en España es la dehesa, que es fruto de la transformación del bosque y matorral mediterráneo, y que se mantiene en España desde hace más de dos mil años, habiéndose alcanzado una alta compatibilidad entre la actividad ganadera y la conservación del entorno natural y la biodiversidad. Algo similar ocurre con el aprovechamiento por parte del ganado de los prados y pastizales de las cadenas montañosas.

La ganadería extensiva, además de ser una actividad ambientalmente sostenible si se lleva a cabo una gestión adecuada, también es muy positiva desde otros puntos de vista: genera bastantes más puestos de trabajo por unidad ganadera que la producción intensiva, contribuyendo a fijar población en el medio rural y no a expulsarla, como hacen las macrogranjas; el bienestar del ganado en extensivo es sustancialmente mayor, y los productos cárnicos que se obtienen son indudablemente de mucha mayor calidad.

Por todo ello, por razones tanto medioambientales como sociales, debería prohibirse el establecimiento de nuevas macrogranjas en nuestro país, incluyendo las que se encuentran actualmente en tramitación, a la vez que se apoya y fomenta la ganadería extensiva, en consonancia con la conservación del entorno natural y la biodiversidad, además de contribuir de esta manera a frenar la despoblación en la España vaciada.