Los jueces Bovril

Gran revuelo el que causó la columna del domingo pasado ‘Los otros enjuagues del CGPJ’ en la carrera judicial, que pide más datos sobre estos jueces de carreras pasmosas y que se pregunta dónde y cuándo consiguieron las relaciones que, sin lugar a dudas, les han llevado a donde están. Una se debe al público. 

Profundicemos pues en esos jueces Bovril, de carreras extrañamente concentradas, que son capaces de resumir en tres años lo que a otros les ha llevado una vida. No sé si saben que en el origen del famoso concentrado de carne se encuentra la necesidad de Napoleón de alimentar a sus soldados. Le pidió un millón de latas de carne al escocés Johnston y este, ante la imposibilidad de dárselas, le inventó el Bovril. El caldo espeso siempre ha sido un caldo de guerra y ayudó también en la I Guerra Mundial a mantener bien alimentadas a las retaguardias. No les diría yo que el Bovril judicial no conserve un poco de ese espíritu de soldadesca bien nutrida y un mucho de caldo oscuro y espeso. 

La estrategia consiste en colocar a los jueces que se desea en puestos que no son de libre designación sino que están determinados para cubrirse mediante escalafón o méritos. ¿Cómo lo hacen? Como en la guerra, mediante maniobras de distracción que es complejo seguir. Esta es la crónica de cómo los tres prodigios de la Audiencia Nacional - Alejandro Abascal, Joaquín Eladio Gadea Francés y Daniel González Uriel- han llegado a ocupar puestos que no les corresponderían y que les han sido escamoteados o negados a magistrados con mayores méritos y experiencia. Recopilar estos datos no es sencillo. He pasado toda la semana hablando con decenas de fuentes y leyendo y cruzando actas, BOES y documentos oficiales. Así es como estos tres hombres jóvenes han llegado a donde están. Y digo hombres porque siendo la mayoría de sus compañeras de promoción mujeres ni una he encontrado en este atajo. Cierto es que seguramente hubiera sufrido de un justificado síndrome de la impostora, que al parecer no le cursa a estos varones asociados a la APM. Pasen y vean los pasillos oscuros de las relaciones y el poder. 

La desinhibida carrera por colocar a los jóvenes alevines en puestos clave comenzó con Alejandro Abascal al que situaron, con la enorme experiencia de dos años en un mixto de Arenas de San Pedro y de Cerdanyola del Vallés, como Jefe de Sección del Servicio de Personal del CGPJ. Cuando se le acabó este goloso puesto, que le ha permitido establecerse en Madrid y tener un sueldo superior, no se sabe con qué méritos especiales, se le nombra inmediatamente para una comisión de servicio de apoyo a Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Corría 2016 y llevaba 8 años en la carrera judicial, a la que llegó ya con 30. No es pues un juez meteórico de estos de ingreso prodigioso a los 24. Digamos que se tomó su tiempo. Esa estancia en la AN le durará justo seis meses, porque no se la renuevan aunque lo intentaron. Puede que a Lesmes le echaran para atrás los informes negativos del Servicio de Inspección para la prórroga y los informes negativos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al que ya estaba adscrito como JAT. El TSJM presidido por Francisco Vieira informó negativamente sobre su continuación en la Audiencia Nacional, tres veces a falta de una.

Desde su salida de la Audiencia Nacional vuelve a ser un JAT más de los de Madrid y va rotando por los juzgados que le encomiendan. No tiene plaza propia porque no tiene número de escalafón. Pero héteme aquí que en 2019, tras el misterioso regreso de García-Castellón al juzgado que lleva casi todas las causas de corrupción del PP y, por dar contexto, con Casado ya como flamante líder, el juez pide un refuerzo en su juzgado que se le concede al ínclito Abascal “dada su experiencia en órganos de la casa”. Consagra así Concepción Espejel la idea de que un joven que ha pasado seis meses de apoyo a un titular puede pasar por delante de magistrados con más de un cuarto de siglo de experiencia instruyendo causas complejas. Por este motivo es por el que la magistrada Rosa Freire, del Instrucción 32 de Madrid, decidió llevar ese nombramiento a la Sala III del Tribunal Supremo, que termina por consagrar la idea de que vale más haber pasado unos meses en la AN, que llevar media vida con plaza propia en Madrid. Cierto es que Rosa Freire había sido la instructora de un caso muy incómodo para el PP, el de los discos duros molidos a martillazos, pero también que el Supremo cerró el círculo de la protección de estas prácticas y que el Constitucional no quiso ni admitir a trámite el recurso de amparo de la magistrada. Cuando se da un Fuenteovejuna judicial, no hay modo, porque ellos son el único control de legalidad de sus propias decisiones. 

Ese mismo principio es el que ha utilizado Concha Espejel -“Querida Concha”, la íntima de Cospedal- para hacer que Abascal esté al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 1. La presidenta de la Sala de lo Penal llevó su informe para proponer a Abascal como el más idóneo sin que en el acta se reflejaran siquiera los nombres del resto de candidatos -a los que despacha con un “son de Instrucción” o “de una Audiencia”- sin dar sus nombres. Eso contrasta con la actitud de los otros dos presidentes de Sala de la Audiencia Nacional que, en esa misma acta, valoran a sus jueces de apoyo con total transparencia. Espejel difumina así que quiere poner al frente de un juzgado central a Abascal, por el mérito de sus seis meses de experiencia anterior, saltándose de nuevo a Rosa Freire o al magistrado José Luis Gómez Arbona de la Audiencia de Barcelona. En todo caso todo esto es transitorio, a la espera de que el PP consiga meterlo como vocal del nuevo CGPJ cuando se renueve. Desde la negociación frustrada de 2018 su candidatura es irrenunciable para los populares. Ya le han dado también la Cruz distinguida de San Raimundo de Peñafort “por su mérito extraordinario y su aportación al mundo del Derecho”.

Carrera concentrada también es la de Joaquín Eladio Gadea Francés, que esta misma semana andaba lanzando operaciones contra yihadistas y enviándolos a prisión, a pesar de que llegó a la Audiencia Nacional para realizar “exclusivamente labores de asistencia y asesoramiento” de García-Castellón (disposición adicional 21º de la LOPJ), justo tras condenar a Torra por desobediencia. Ya les contaba el otro día lo extraño que era que un joven salte de un juzgado de Tarragona a formar tribunal en la Sala Civil-Penal de un TSJ y de ahí a la Audiencia Nacional, eso sí, nombrado justo un día antes de la fecha que encabeza esa concreta sentencia. Tras prorrogarle como “juez asesor” -sin jurisdicción, el 22 de diciembre del año pasado- un mes más tarde, en enero, se le cambia a una comisión de servicio que le otorga jurisdicción, para lo que a Lesmes le es preciso usar su voto de calidad. Votan en contra de darle capacidad de actuar como juez en la AN los vocales Nuria Díaz, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta, que anunció voto particular, y dado que solo tres vocales conservadores más Lesmes la apoyan, es preciso que este fuerce la designación con su voto de calidad. ¡A ver qué magistrado español merece tal honor! No se convocó ningún concurso para cubrir esa comisión. Ningún otro juez de España pudo pedir desempeñarla. Le hubiera dado igual. El argumento de que “ya estuvo” le blinda para siempre. Gadea, como quedó dicho, es miembro de la ejecutiva de la conservadora APM y llegó a puestos gubernativos muy pronto con la asociación. En 11 años ha pasado de la categoría de juez a magistrado antiterrorista de la AN. Eso es condensar y lo demás son gaitas gallegas.  

Gallego es el más joven alevín, Daniel González Uriel que ni siquiera es aún magistrado. Un prodigio que nos pasma, a pesar de que sus compañeros de promoción digan que era un tipo del pelotón de cola, y que aprobó la oposición con 30 años. Adscrito al principio en un Primera Instancia de Bilbao, y tras su paso de dos años por dos juzgados mixtos de La Seo de Urgell y de Vilagarcía de Arousa, su experiencia penal es muy limitada. En Vilagarcia su presencia fue tan fugaz que no le dio tiempo ni de ir a la capital a presentarse a sus superiores. Su llegada a Madrid fue forzada a toda prisa y solamente con un informe de idoneidad redactado por él mismo y sin ningún tipo de informe de la Sala de Gobierno del TSJ de Galicia al que pertenecía. Su candidatura ni siquiera tiene informe o petición de la Audiencia Nacional -de hecho siendo ponente el presidente del órgano, se retiró del orden del día- y entró en la Comisión Permanente directamente desde la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción, un invento de Lesmes que le permite llevar a votación directamente el refuerzo que desee. 

A favor de Uriel hay que decir que lo tuvo clarísimo muy pronto y que se asoció a la APM cuando todavía estaba en las prácticas tuteladas de la Escuela Judicial, sin que le influyera mucho la trayectoria de su preparador, hijo de Luciano Varela. Ahora ya tiene una gran experiencia de tres meses y no deja de resultar curioso que un señor como García-Castellón, que ha tenido tantos puestos rimbombantes y que instruyó el atentado contra Aznar, lo que les unió mucho, precise del asesoramiento de jueces tan bisoños.

Pero todo esto es una noria y entre ellos ya tienen mucho en común. Son de la APM y todos han pasado por Cataluña. Dan clases en el Colegio Cardenal Cisneros, sí, ese que condensó la carrera de Derecho de Casado, o en FAES. Se lucen con vertiginosas tesis doctorales, que Uriel ha hecho en dos años en la Universidad de Santiago, a la vez que ejercía como juez, un verdadero prodigio y que, en el caso de Abascal, se solventó con un tribunal de tesis de campanillas en la simoniaca Alfonso X el Sabio: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carlos Bautista y Enrique Arnaldo, el favorito para entrar por el PP en esta nueva renovación del TC y abogado que ha sido de Enrique López, en su delito alcohólico, y de referencia para el PP en otros muchos casos administrativos. 

Mañana lunes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional lleva en su orden del día volver a pedir la renovación de Gadea y de Uriel. Hay que tener estos nombres en cuenta y hay que saber que los puestos que se deben cubrir por antigüedad o, en su caso, por concurso de méritos, también pueden ser manipulados y alterados para colocar a los jueces que se desea sin que sea fácil saberlo. Y esto no siempre es cuestión de políticos sino que en muchos casos es, simplemente, mamoneo entre jueces. Algo demasiado incontrolable, vestido con apariencia de legalidad, y que ni la propia carrera llega a conocer. Por eso, insisto, es tan peligroso un Consejo gremial y me atrevo a decir que los mayores perjudicados serían mayoritariamente los propios jueces. A las pruebas me remito. 

Hacerlo con la luz dada es más incómodo. Incomodémosles.