Llega el cambio, ¿se olvidarán otra vez de nosotros?
Llega el cambio, ¿se olvidarán otra vez de nosotros?
El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo ha venido a confirmar el cambio político en este país. Se acabaron, de momento, las mayorías absolutas, y con ello le decimos adiós al despotismo que se había implantado en la política española y que venían practicando especialmente los dos grandes partidos. Esta es la primera consecuencia del cambio que exigen los ciudadanos. Ahora deberán hacer más uso del dialogo entre partidos, obligados al entendimiento si es que quieren llegar a alguna parte.
Pero, además, el renovado escenario que han dejado las urnas debe rescatar muchas cuestiones que, por nuevas que nos parezcan, están recogidas en la Constitución del 78: el derecho a una vivienda, un trabajo digno, etcétera. Porque las cosas más básicas que los ciudadanos necesitan ya están plasmada en la Carta Magna. Otra cosa es que se quieran poner en práctica.
En realidad, este no es el primer cambio político importante que ha experimentado España. En 1982, con la llegada al poder del PSOE de Felipe González, se produjo el mayor vuelco electoral que posiblemente hayamos visto en este país hasta el momento. Es verdad que a los pocos años de gestión socialista comenzaron a conocerse casos de corrupción en los más altos niveles, alcanzando incluso el terrorismo de Estado. Nombres y casos como Filesa, Roldán, Banco de España, los GAL, etcétera, acabarían salpicando a buena parte de aquella generación que había luchado políticamente contra el franquismo.
De aquella etapa de cambio quedó una cuenta sin saldar, la de los trabajadores de la Guardia Civil. En su programa electoral, el PSOE que ganó su primera mayoría absoluta se comprometía a la desmilitarización de la Guardia Civil, a modernizar la Institución y a dotar a sus trabajadores de los mismos derechos de los que disfrutaban ya el resto de ciudadanos de este país.
Al poco tiempo, el Gobierno de Felipe González “descubrió” la Guardia Civil, una policía donde se aplicaba una férrea disciplina militar, lo que la hacía especialmente obediente (no te quedaba otra) y muy barata (reivindicar suponía el ingreso en penales militares y/o la expulsión del Cuerpo). Es decir, unos trabajadores sin derechos y algunos altos mandos dispuestos a casi todo por unas cuantas medallas, incluso a montar de forma ilegal los GAL, un grupo de terrorismo de Estado, tal y como recogen las sentencias (el General Galindo es el militar más condecorado de todos los tiempos en la Guardia Civil por poner en marcha los GAL).
Felipe González pasó de ser la ilusión y la esperanza de la inmensa mayoría de los trabajadores de la Guardia Civil a convertirse en el primer político que traicionó a los agentes. En aquella etapa nació el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil, el mismo que con el visto bueno de aquel PSOE fue reprimido duramente. Sus miembros fueron expedientados, encarcelados y expulsados, no antes sin pasar por un verdadero calvario personal y profesional. Y todo por demandar mejoras laborales para sus compañeros.
En la siguiente legislatura, el PSOE ya había suprimido de su programa la propuesta de desmilitarizar la Guardia Civil. Cuando los socialistas pasaron a la oposición, continuaron dando esperanza a los trabajadores del Cuerpo recurriendo a la ambigüedad, pero ya nunca más hablaron abiertamente de desmilitarización. Y si se comprometían a otras reformas cuando estaban en la oposición, al volver al poder sus palabras siempre se convertían en papel mojado.
De la etapa de Aznar mejor ni hablamos, ya que sólo supuso la remilitarización y el aumento de la brecha discriminatoria entre los guardias civiles y el resto de agentes de los distintos cuerpos de policías que operan en España.
La era Zapatero supuso tímidos avances, aunque siempre contra las negativas opiniones del millonario Bono y de Rubalcaba, quien fuera ministro del interior con Zapatero y que años antes ocupara el cargo de Portavoz del Gobierno de Felipe González en la etapa de los GAL. En aquellos años se produjo la mayor movilización de guardias civiles. Fue el 20 de enero de 2007, cuando miles de agentes salieron a la calle de uniforme para reclamar derechos. Fruto de aquella movilización llegaron esos tímidos avances.
Sin embargo, con la nueva llegada del PP al poder los guardias civiles no hemos hecho sino comprobar cómo retrocedían nuestros derechos y libertades bajo la gestión del actual ministro del Interior, cuyos principales méritos al frente de su cartera son los de construir en el pueblo de su madre un innecesario cuartel de la Guardia Civil, a pocos kilómetros de otro; instalar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla; mandar una comisión de guardias civiles a peregrinar a Lourdes con todos los gastos pagados; participar en la entrega de una bandera bordada en oro a la Guardia Civil de Álava que ha costado 37.000 euros; permitir que los agentes de la Guardia Civil se tengan que comprar ellos mismos sus chalecos antibalas y permitir que para llevar a cabo su trabajo tengan que conducir vehículos con más de 500.000 kilómetros, entre otros.
Han pasado 33 años desde aquel 1982, y todavía los trabajadores de la Guardia Civil seguimos esperando un gobierno que afronte con valentía la situación actual de la Institución, una verdadera revolución que lleve al cuerpo al siglo XXI, que lo democratice y lo modernice en todos los aspectos. Por dar a conocer algunos datos que revelan la presión que sufren los guardias civiles por esta situación, cabe decir que en la Guardia Civil se produce un suicidio cada 26 días, lo que hace que desde 1982 se hayan quitado la vida 447 agentes, más víctimas de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA. Estas cifras, que multiplican por cinco los datos respecto al resto de la sociedad, y que también se sitúan por encima del resto de cuerpos policiales, deben obligar a los responsables políticos a una muy seria reflexión.
Los guardias civiles tienen vedados algunos derechos importantes que sí disfrutan el resto de ciudadanos de este país: la posibilidad de contar con sindicatos, el derecho a huelga, a reivindicar, a la negociación colectiva y, con una última modificación legislativa, incluso a manifestarse.
Además, los guardias civiles estamos sujetos al Código Penal Militar, cuya aplicación, al no depender del Poder Judicial, sino de la “Justicia” Militar (y, por tanto, del Poder Ejecutivo), rompe el principio de independencia e imparcialidad que debe presidir cualquier proceso judicial.
Espero que en esta nueva etapa, los partidos “viejos” cambien definitivamente su actitud con los trabajadores de la Guardia Civil, y que los nuevos y emergentes partidos y plataformas ciudadanas se mojen y se impliquen en el cambio necesario para la modernización y democratización de la Guardia Civil, que sería también la del propio país.
Porque los españoles, para los que la Guardia Civil es la institución más valorada, según el último barómetro del CIS, deben saber que todavía hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, los trabajadores de la Benemérita siguen siendo ciudadanos de segunda, privados de importantes derechos. Y es importante que lo sepan también los nuevos representantes de los ciudadanos recién salidos de las urnas, porque hasta que la democracia no entre en los cuarteles, España no habrá entrado de lleno en la democracia.
