Once folios y treinta monedas
Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos.
No sé si habrán visto este fin de semana a jueces de carrera apuñalándose en las redes sociales en el más puro estilo de navaja en el muslo y meme en la pantalla. Todo fluye, nada permanece, ni siquiera las formas. Nunca hubiera apostado por ver un despelleje de esta naturaleza en público, a la vista de todo el mundo; entiéndanme, apuñalarse era algo corriente pero con un poco de clase, sin salpicarse las togas. Se trata de un feo ajuste de cuentas tras el acuerdo alcanzado por seis asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia para un aumento retributivo, tras la negativa a suscribirlo de la asociación ultraconservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura). Sus responsables, una vez con las tablillas del ropón remangadas, y con todo al aire, han querido cubrirse y no se les ha ocurrido otra que llamar traidores al resto de sus compañeros de negociación, copiando en un mensaje público la florida metáfora de Judas que ya empleó en su día su seguramente admirado Gabriel Rufián.
Once folios han necesitado los responsables de la APM para intentar armar un relato para su feligresía y los medios con el que explicar por qué consideran “insuficiente, indigna e inaceptable” una mejora salarial de casi 50 millones de euros que al resto de asociaciones, sin colmarles del todo, les ha parecido un fruto aceptable de una negociación respetuosa. De paso, como verán, insultan a sus compañeros que devienen no sólo en traidores sino en indignos. De ahí los puñales volando.
En esos folios, los pata negra judiciales —ya que al parecer son los únicos dignos y auténticos defensores de la profesión— reproducen su versión de las negociaciones. La única asociación que ha tomado las decisiones sin transparencia y sin consulta interna, con el diktat jerárquico que les caracteriza —el resto ha sometido el acuerdo a sus asociados— se auto constituye en la única limpia y digna y profesional. Han procurado, eso sí, no explicar lo que de verdad ha pasado, no sea que sus afiliados se enteren de que su mayor empeño ha sido dilatar el proceso, impedir el acuerdo y extender el problema al menos hasta el fin de la campaña electoral. No en vano muchos de sus compañeros de negociación —que les han oído decir una cosa antes y otra después, y una dentro y otra fuera, a los periodistas— tienen la impresión de que acudían a la Mesa de Retribuciones comisionados para retrasar cualquier acuerdo.
No seré yo quien les aburra con el timing —ya me llevo el dolor de cabeza yo por todos—, aunque la conclusión es bastante clara: ni la APM quería una negociación real —pedir 74 millones de partida frente a los 46 ofrecidos es una prueba—, ni sus líderes buscaban exclusivamente lograr mejoras retributivas. “Somos jueces y cuando decidimos la convocatoria de huelga ya sabíamos que las elecciones iban a ser el día que marca la ley, el 28 de mayo” dicen en su larga justificación. Excusatio non petita. “Yo no estoy aquí para dar un aval a la política del Ministerio de Justicia”, dijo su negociador Carbonero en la Mesa, para pasmo de sus colegas. No, no lo estaba. Por sus actos parece que se hubiera sentado para lo contrario, para conseguir retirárselo.
Se han quedado como los de Tudela, los jueces más conservadores. Ni siquiera sus homólogos ideológicos en la carrera fiscal les han seguido el juego. Bien por la bronca pública que la presidenta de la Asociación de Fiscales sufrió tras su cenita política con Feijóo, bien por la presión de sus propios asociados que estaban interesados en obtener la subida ofrecida, lo cierto es que Dexeus los dejó solos en su negativa a firmar el acuerdo. Pasmados se quedaron. De ahí la necesidad de intentar explicar a tirios y troyanos que es una humillación que te suba el sueldo un gobierno socialista porque lo hace en la misma proporción que a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) —¡qué desdoro, por Tutatis!— y te lo sirven sin hacer huelga ni perder emolumentos. Y es que, no lo duden, eso a los jueces no les gusta —“somos unos ratas”, reconocen ellos mismos— y menos a los de esa asociación. Así que no hacen huelga, cobran el dinerito de la subida, pero se niegan a firmar. Ellos lo llaman dignidad; sus colegas, jeta.
Me echo a la espalda las invectivas que esta columna desatará en miembros conspicuos de esa asociación, les brindo ese desahogo, pero me temo que no soy yo: “La APM es el cáncer de la judicatura” o “la APM ha sido y será un obstáculo para la unidad asociativa que para ellos consiste en que nos asociemos todos a la APM” o “más caradura imposible” o “para la APM las 30 monedas de plata son hace mucho los sillones”, no son frases mías sino de jueces de las más diversas filiaciones.
La APM hace mucho que es el brazo judicial del PP, yendo mucho más allá de ser una asociación próxima en ideología, ya que se han significado por escenificar y llevar adelante estrategias diseñadas políticamente. Eso es así y tiene su recompensa. Lo han hecho hasta un punto que da alipori y que me hace dudar de que sus socios de base, los que curran, los jóvenes que los jalean, sepan hasta dónde llega la mugre. ¿Saben todos ellos que sus representantes intentaron sacar del acuerdo el compromiso del Gobierno de crear nuevas plazas de jueces que sí aparecerá en el documento que será firmado? En la comisión de redacción, para seguir retrasando el proceso. ¿Eso es profesional y digno y persigue el interés de la carrera y de la sociedad?
La connivencia durante esta negociación con los vocales conservadores del CGPJ presentes, para extender el conflicto hasta el día de las votaciones, son palmarias. Esos vocales que aún intentaron in extremis impedir que el martes se acabe el conflicto, alegando que ellos tendrían que llevarlo a un pleno que no pueden convocar antes del fin de la semana de campaña. Ellos, que se pasaron toda la negociación jactándose de tener plenos poderes y poder convocar un pleno para la huelga o para lo que fuera cuando hiciera falta.
También cabe felicitar al equipo de Justicia, que esta misma semana convocará a los funcionarios a negociar. La negociación, a decir de los que la han vivido, ha estado bien llevada y la mayoría considera que ha sido respetuosa y fructífera. A la que más quiero felicitar es a la ministra Llop —por mí apodada “la egipcia”— a la que le ha explotado el Ministerio sin romperla ni mancharla y que sólo pasó por la negociación a saludar. De mayor todo político quiere ser así, inmaculado e inmarcesible, preservado de la dura acción de gestionar por una eficaz guardia pretoriana, sin quemarse o siquiera escaldarse.
No merece este espectáculo la dura y grave función de juzgar. La sociedad se les aleja en estas exhibiciones impúdicas. Es hora de enmendar esta deriva por parte de los jueces sensatos, que quedan y muchos, y por la del Estado, que no puede tolerar el deterioro creciente e inaceptable de las condiciones en las que este poder desempeña su imprescindible labor. No podemos seguir asistiendo al festival de insultos entre funcionarios y LAJ y LAJ y jueces y jueces y LAJ. Los miembros de la carrera judicial tienen una función constitucional de una cualidad claramente diferente a la del resto de los funcionarios que les apoyan, pero el sistema no funciona si no existe un respeto y una colaboración real entre todos los estamentos. Los ciudadanos merecemos que se termine con estos agravios y con esta división. Los gobiernos, del signo que sean, están obligados a restaurar la dignidad del servicio de la Justicia, del que depende en último término el Estado de Derecho. No hace falta que los jueces y los fiscales vayan a la huelga —insisto en que debe legislarse con claridad que no pueden ejercer ese derecho— porque deben ser los poderes públicos los que velen por la dignidad de sus retribuciones y por la mesura de su carga de trabajo para que puedan mantener un nivel de calidad que es indispensable para los ciudadanos y para la sociedad.
La llamada unidad de acción de las asociaciones judiciales y fiscales se ha roto y será difícil que la remienden a corto plazo. Yo me alegro. Creo que es mejor para la sociedad y para los ciudadanos que no actúen como un lobby de presión sino que representen la lógica pluralidad en las formas de interpretar la esencia de sus carreras profesionales. Cuanto más lejos quede del imaginario social la imagen del Partido Judicial, mejor. Gana la democracia.
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