Por mucho que píe la derecha, el futuro puede ser mejor

Dos frases condensan mejor que largas descripciones el espanto político que se ha vivido esta semana. Una la dijo la senadora Carla Antonelli en la sesión del Senado en la que el PP pidió la reprobación, y el cese, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “sois como una banda de matones y acosadores”. La otra la reveló el propio reprobado en una entrevista en RTVE: “un miembro del Consejo fiscal me dijo que no hacía falta que hiciera nombramientos porque en veinte días nosotros (los del Gobierno) estaríamos fuera del poder”.

Habría que saber cuántos en el PP, y particularmente en su dirección, comparten la balandronada de ese consejero. Pero probablemente sean bastantes los que están convencidos de que la guerra abierta en distintos frentes que la derecha está librando contra Pedro Sánchez y su gobierno va a terminar en victoria y no a muy largo plazo. Las intervenciones de exponentes de la derecha durante la moción de reprobación del fiscal general mostraron efectivamente a unas gentes que se parecían mucho a las que mencionó la senadora Antonelli, y además convencidas de estar librando la batalla final, aunque su iniciativa no tuviera consecuencia política ni calado alguno.

¿Puro espectáculo, por tanto? En muy buena medida sí. Aunque muy bien organizado. La derecha lo viene preparando desde hace meses, siguiendo la instrucción impartida por José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”-. Que ha sido seguida con particular devoción en el mundo judicial, cuya capacidad de distorsionar el normal funcionamiento de las instituciones y de la democracia está apareciendo con crudeza de un tiempo a esta parte y puede ser aún mayor en el futuro.

El acoso e intento de derribo del fiscal general no es un capítulo más en esa estrategia que, como era de esperar, cuenta con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación de derechas, coordinados y beligerantes como nunca. Aplauden sin fisuras que los fiscales de derechas, mayoritarios en el Consejo correspondiente, le hayan tumbado a Álvarez Ortiz el nombramiento de la exministra de justicia Dolores Delgado como fiscal de la memoria histórica por motivos procedimentales casi ridículos. De igual manera que impidieron su nombramiento como fiscal jefa de sala.

A esos medios y a buena parte de la derecha política les parece muy bien que eso haya ocurrido. Y que, entre las limitaciones de la señora Delgado para ocupar cargos señeros en la fiscalía, se añada también que es la esposa de Baltasar Garzón, que en 2012 fue expulsado de la carrera judicial es uno de los actos más ignominiosos de la derecha judicial española, y que ahora tiene el defecto de ser presidente de una asociación que vela por los derechos humanos. Lo cual, según los puristas inquisitoriales de la fiscalía, sería incompatible con el desempeño de su mujer.

Con menudencias leguleyas como esa la caverna judicial pretende hacer gran política. Y alguno de ellos hasta se creerá un héroe… refugiado en su despacho.

Lo de la querella contra los dos fiscales del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso tampoco tiene un pase. Es un montaje sobre una falsedad inventada por el primer consejero de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, pero que otros fiscales, compañeros de los acusados, no tienen reparo en manipular al servicio de la causa de la derecha. En Madrid o en donde sea.

La manifiesta ultraderechización del PP en un intento de evitar un fracaso en las elecciones catalanas, la entrada, con argumentos insostenibles, de la inmigración en esa misma campaña y la retirada de las leyes de memoria histórica en las comunidades autónomas del País Valenciano, Aragón y Castilla y León, a iniciativa de Vox, secundada por el PP, completan el panorama de la última, pero muy consistente, radicalización de la derecha española. Metiendo de por medio hasta un indisimulado ensalzamiento de las bondades de Francisco Franco.

Se diría que la cosa debería dar miedo. Pero no hay para tanto. En donde las cosas están más difíciles es en el terreno judicial. Porque la mayoría de los jueces son de derechas. Y una parte no pequeña de ellos, muy de derechas. Y si siguen militando políticamente como en los últimos tiempos, y no digamos si empiezan a hacerlo aún más, pueden hacer mucho daño.

Pero el Gobierno es, por principio, más fuerte que cualquier instancia que pueda surgir de ese ámbito. Sin embargo, tiene que actuar para cambiar el sesgo actual de las cosas. Para empezar, apoyando al fiscal general, negándose por todos los medios a que abandone su cargo. Y luego, de la manera que sea más conveniente y oportuna, haciendo las modificaciones legales necesarias para acabar con el escándalo del Consejo General del Poder Judicial. Y preparándose para hacer frente al terremoto político que eso provocará.

Más allá de eso, el calendario político no es desfavorable para la izquierda. Salvador Illa va a ganar en Cataluña y lo más probable es que termine presidiendo el futuro gobierno de la Generalitat. Pero, además, si, como tímidamente auguran no pocas encuestas, Alberto Núñez Feijoo no logra imponerse claramente a Vox este domingo -y no digamos si el partido de Santiago Abascal le gana- su fracaso político resonará hasta en la última esquina y esa derrota no será el mejor precedente para que el PP obtenga un buen resultado en las elecciones europeas de junio.

Y si a la derecha le va mal en las elecciones, cualquier intento de dar un vuelco a la situación política general perderá fuerza cada día que pase.