Ley de Transparencia, partidos opacos
Hace sólo unas semanas Unió Democràtica de Catalunya reconocía oficialmente que se había financiado de forma ilícita utilizando fondos públicos europeos destinados, en teoría, a cursos de formación para desempleados. En los últimos días es el caso Bárcenas el que pone al Partido Popular bajo la sospecha de haberse financiado ilegalmente y de haber pagado dinero negro a sus dirigentes.
Entre las reacciones de los políticos españoles se encuentra repetir una y otra vez la palabra “transparencia”, y confiar la solución de los problemas a una futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sin explicar nunca que ésta nace con grandes deficiencias. Mientras el PP promete una auditoría voluntaria que sirva para limpiar su imagen y restablecer el orden, la sociedad exige una transparencia que sea principio rector de la actividad pública y esté establecida por ley.
En 2009, el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa) decía en su Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España que “los partidos políticos en España no están sometidos a las normas que regulan el acceso libre a la información y que, por lo tanto, la información económica detallada no es pública (a excepción de la incluida en el informe anual sobre la financiación del partido, que publica el Tribunal de Cuentas)”, y recomendaba mejorar la transparencia en su financiación.
Dos años después el GRECO destacaba que España no había adoptado ninguna de las recomendaciones anteriores, y señalaba además que no había muestras de que los partidos políticos estuvieran haciendo en la práctica una rendición de cuentas exhaustiva. El actual sistema de fiscalización de las cuentas de los partidos no es operativo: el Tribunal de Cuentas está revisando ahora los datos de 2008, y los posibles delitos en los que puedan haber incurrido los partidos políticos en ese año ya están prescritos. Además, no es un sistema independiente, ya que los doce miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por los propios partidos políticos.
Los partidos políticos españoles se financian en su mayor parte con fondos públicos y deben responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público. Para que esto ocurra, el Partido Popular debe modificar el proyecto de Ley de Transparencia que se debate en el Congreso, dónde vemos dos posturas: la de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, que buscan una ley de mínimos que excluye a muchas instituciones públicas, incluidos los partidos políticos; y la de otros como Izquierda Plural, UPyD o EQUO-Compromis, que defienden una ley que reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y que sea aplicable a todas las instituciones públicas, incluidos los partidos políticos.
El problema no es nuevo: son los propios partidos los que se autorregulan sin tener en cuenta las recomendaciones de instituciones internacionales ni de la sociedad civil española. Desde tuderechoasaber.es hemos creado una petición en Change.org abierta a firmas solicitando que la futura Ley de Transparencia incluya a los partidos políticos.
El mensaje al Gobierno es claro: la transparencia no se predica, se practica.
