Otra vez la justicia española al servicio de la derecha, esta vez en Colombia

Un juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia contra Gustavo Petro, el candidato presidencial de corte progresista en Colombia y ganador de la primera vuelta en las elecciones; en la que se le atribuye la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el tiempo que perteneció a la guerrilla del M-19, incluida la participación en el secuestro en 1981 de Fernando González Pacheco, un reconocido presentador y periodista colombo-español, que falleció en Colombia en 2014. Lo curioso del asunto es que el mismo juez descarta su competencia para investigar esos delitos, e incluso pese a la oposición de la fiscalía que es la titular de la acción de penal, abre la posibilidad de que sí tenga jurisdicción para investigar a Petro por dicho secuestro, si la familia del referido presentador interpone querella.

El mismo denunciante, François Roger Cavard Martinez, ha activado otras acciones judiciales contra Gustavo Petro en años anteriores, como la nulidad de su designación como senador, la cual fue rechazada por el Consejo de Estado en Colombia. En este caso en concreto, Petro era un joven militante de base, sin poder para ordenar un secuestro, pero es que además, el mismo no existió, fue una entrevista de dos días que Pacheco realizó a Jaime Batemán Cayón -líder del M-19- a petición de este último para que fuera mediador de un mensaje de paz que quería enviarle al Presidente de Colombia en ese momento, Julio César Turbay. Este episodio lo contó en su momento Alexandra Pineda, periodista del periódico El Espectador, quien también estuvo presente en ese encuentro y además, lo relató más adelante el analista político y escritor Darío Villamizar en su libro “Jaime Bateman, un profeta de la paz”.

Esta decisión es tomada por el juez Joaquín Elías Gadea, miembro de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), una organización de ideología conservadora y cuya membresía le permitió establecer contactos para tener una carrera de ascenso meteórico ocupando puestos que en principio le corresponderían a jueces y magistrados con muchos más méritos y experiencia; tal como se ha contado con anterioridad en este diario, en donde también se estableció que en sólo 11 años de carrera judicial ha pasado de juez a magistrado antiterrorista de la Audiencia Nacional. Y que además ha participado como experto judicial en proyectos de cooperación interinstitucional con Centroamérica para enseñar cómo aplicar justicia contra la corrupción consiguiendo su designación con métodos sospechosos de eso mismo. Me resulta aterrador que gente como esta pueda someter a un desgaste tan absurdo e innecesario a la administración de justicia. El actuar deliberado y con un evidente tinte político del juez Gadea, debería ser cuando menos investigado disciplinariamente.

Esta decisión no es más que otro caso de instrumentalización vergonzosa de las instituciones judiciales españolas para hacer favores políticos a la derecha, en este caso la colombiana. Es un “Lawfare” de manual contra la oposición política, como otros que hemos visto recientemente contra Pablo Iglesias, Ada Colau, los concejales de Ahora Madrid o, en el ámbito internacional, Lula da Silva. Esta denuncia no irá a nada y eso ya se confirmará en su momento, pues aquí lo que importaba era la mala publicidad contra Petro -que de llegar al poder representaría la ruptura de más de 200 años de gobierno de la derecha en Colombia-, algo a lo que las instituciones judiciales colombianas no han cedido. Tarea para la cual, por lo visto, ciertos jueces españoles han resultado muy útiles. 

Sin desconocer que como en toda institución, en su interior hay siempre personas comprometidas que de manera responsable hacen su trabajo; me resulta cuando menos reprochable y vergonzoso que la justicia española que es experta en cerrar las puertas a la garantía de los derechos humanos, ahora finja tal preocupación, por perseguir delitos presuntamente cometidos hace más de 40 años en otro país y no en el suyo. 

Si la justicia de verdad estuviese preocupada por juzgar delitos graves, hace rato habría prestado atención a las reclamaciones históricas de la gente que en este país sigue pidiendo verdad, justicia y reparación y habría procurado no poner palos en la rueda cuando se intenta hablar sobre  memoria histórica, para poner fin a un episodio doloroso de la historia española que necesita conciliarse socialmente. ¿De verdad quieren aplicar justicia? Empiecen por hacer su trabajo, se volvió rutina ver a tribunales internacionales corrigiendo sus sentencias y reconociendo los derechos que ustedes debían garantizar. Valga el ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien sólo en 2021 emitió diez condenas en contra de España.

La justicia española debería mirar hacia Colombia, pero no para aleccionar de lo que nunca ha podido hacer en su propio país; sino para aprender cómo se administra justicia garantizando derechos fundamentales como lo ha venido haciendo con nutrida jurisprudencia la Corte Constitucional, cuyas decisiones son referentes académicas y judiciales. O para ver cómo se implementa un sistema de justicia transicional conformado por jueces/as y magistrados/as que de manera comprometida investigan y sancionan crímenes graves; que escuchan y dan visibilidad a las víctimas, aún en medio de un conflicto armado. Para que tomen nota de cómo se trabaja la memoria histórica como mecanismo de reconciliación social, pese a todas las dificultades que en el camino se puedan presentar, sin pretender cumplir las expectativas partidistas de nadie.

La justicia está para ponerse al servicio de la sociedad y para cumplir los mandatos constitucionales. España merece una justicia que garantice y proteja derechos, no una que se instrumentalice a favor de la derecha. Es muy decepcionante que las instituciones judiciales queden para esto, para una guerra sucia, antidemocrática y que sólo sirve para minar cada día más la poca confianza que la gente tiene en ella.