¿Cuál es el alcance del descrédito institucional?

Imagínense un país en el que la mayoría de sus ciudadanos tuviera confianza en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Un país en el que el nivel de confianza ciudadana en instituciones como la Jefatura del Estado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional superara el aprobado. Y en el que una mayoría social se mostrase satisfecha con el funcionamiento de la democracia.

Quizás hayan pensado en Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, por ser éstos los países que, tradicionalmente, encabezan los rankings internacionales de calidad institucional y democrática. Y no imaginarían que ese país hubiese podido ser España… alguna vez. Pero hace trece años, según los datos del estudio 2620 del CIS realizado en octubre de 2005, un 57,5% de los españoles confiaba en el Congreso de los Diputados, un 50,5% mostraba tener confianza en el poder judicial y casi el 52% confiaba en el Gobierno central. Asimismo, en octubre de 2006, y de acuerdo con los resultados del estudio 2657 del CIS, la Monarquía, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional obtenían el aprobado en confianza ciudadana (con una puntuación media de 5, en una escala de 0 a 10, donde 0 es “no confía nada en absoluto” y 10 es “confía totalmente”). Entonces, la política y los políticos no formaban parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía y tan sólo un 2% consideraba la corrupción y el fraude como un problema que tenía España. En noviembre de 2006 (estudio 2663 del CIS), el 57% de los ciudadanos declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia española.

Esa panorámica demoscópica resulta ahora lejana. Los datos de opinión muestran una percepción muy diferente. La corrupción y el fraude -considerados por el 34,5% de los ciudadanos como un problema, según el barómetro de marzo de 2018 del CIS- ocupan el segundo puesto del ranking de preocupaciones sociales, seguido, en tercera posición, por los políticos, los partidos y la política (cuestiones que son percibidas como un problema por 1 de cada 4 ciudadanos). El nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia es bajo (con una puntuación media de 4,54 sobre 10, de acuerdo con el último dato del CIS disponible, correspondiente a julio de 2016).  

De un listado compuesto por 17 instituciones/grupos sociales, únicamente la Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas Armadas y las ONG logran el aprobado en confianza ciudadana. Suspenden el Parlamento, el Gobierno central, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Monarquía (bajo el reinado de Felipe VI), el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y los partidos políticos. Y también lo hacen los medios de comunicación, la Iglesia católica, las organizaciones empresariales, los sindicatos y los bancos. O, al menos, éste es el “mapa” de la (des)confianza institucional que se obtiene de los últimos datos recogidos por el CIS en abril de 2015 y julio de 2016 (ver cuadro).

Esta generalizada y elevada desconfianza apunta (una vez más) al descrédito de las instituciones como una de las dos dimensiones, junto al conflicto territorial, de la crisis política que vive España. Un descrédito que ha estado presente en el debate público, de forma intermitente, en los últimos ocho años y que, ahora, ha vuelto a emerger con fuerza como consecuencia del “caso Cifuentes” en un contexto, además, marcado por la crisis institucional producida por la gestión del desafío independista catalán.

Pero ¿en qué “fase del descrédito institucional” nos encontramos? Para responder a esta pregunta necesitamos conocer cuál ha sido la evolución del deterioro de la imagen de las instituciones y qué factores han sido determinantes en ese deterioro. Del análisis de los datos del CIS se pueden obtener cuatro conclusiones:

1) La pérdida de imagen de las instituciones no empezó con el aumento de la preocupación por los escándalos de corrupción y fraude que tanto protagonismo han tenido en los últimos cinco años, sino con la pérdida de confianza en la clase política y, por extensión, en la política para hacer frente a la crisis económica. De este modo, primero, la valoración de los políticos -con independencia de si estaban en el gobierno o en la oposición- comenzó a descender a partir de julio de 2008, coincidiendo con el comienzo de la recesión económica. En marzo de 2010, “los políticos en general, los partidos políticos y la política” pasaban a convertirse en el tercer problema, después del paro y la situación económica que, a juicio de los ciudadanos, tenía España. Y la confianza en las principales instituciones políticas empezó a disminuir.

A la percepción de la política como problema del país, se sumaría después la alarma social causada por la acumulación de casos de corrupción y comportamientos poco ejemplares que afectaron a un gran número de instituciones, incluidas la Monarquía, el Tribunal de Cuentas (por nepotismo) o el Consejo General del Poder Judicial (por viajes privados pagados con fondos públicos). A finales de 2012, coincidiendo con la detención, por un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, la preocupación por la corrupción aumentó significativamente, pero no fue hasta febrero de 2013, en pleno estallido del caso de los “papeles de Bárcenas” y la financiación irregular del Partido Popular, cuando ésta se dispara y se convierte en la segunda preocupación social, después del paro. Así, a la pérdida de confianza en los representantes políticos para gestionar la crisis económica se unía, después, la mala imagen de las élites políticas y económicas, inmersas en múltiples y variados casos de corrupción y de falta de ética pública en un contexto marcado por la crisis económica y los recortes sociales.

2) Se ha producido una erosión generalizada en la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, pudiéndose distinguir tres tipos de deterioro. En primer lugar, respecto a las instituciones y grupos sociales en los que los ciudadanos ya desconfiaban como ocurría con los partidos políticos, los bancos o los sindicatos, la desconfianza ha aumentado. Así, por ejemplo, encontramos que en octubre de 2006 la media de confianza en los partidos era 3,41 (sobre 10), mientras en julio de 2016 esa cifra se situaba en 2,88. Más acusado ha sido el deterioro de la confianza en los sindicatos que han pasado de tener una puntuación media (de confianza) de 4,51 en enero de 2005 a 2,61 en abril de 2015. Y también de los bancos, puesto que si un 61% de los españoles desconfiaba de ellos en octubre de 2005, ese porcentaje se elevaba casi al 77% en abril de 2015.

En segundo lugar, algunas instituciones que lograban el aprobado ciudadano, han pasado a no hacerlo, como es el caso del Defensor del Pueblo (desde noviembre de 2010) y de la Monarquía (desde octubre de 2011).

Y, por último, hay instituciones/grupos sociales que, aun consiguiendo el aprobado, han visto reducido el nivel de confianza que suscitan, como las ONG que han pasado de lograr una puntuación media de 6,37 en enero de 2006 a 5,65 en julio de 2016.

La única excepción la encontramos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, prácticamente, han conseguido mantener intacta la confianza que suscitan en la ciudadanía o, al menos, habría sido así hasta julio de 2016 (siguiendo los últimos datos recogidos por el CIS).

3) La pérdida de confianza social que han sufrido las instituciones y grupos sociales no ha sido lineal, sino que ha experimentado altibajos. Los peores años fueron 2013 y 2014. En todo caso, y aunque algunas instituciones se hayan recuperado, los niveles de confianza que suscitan se encuentran en niveles bajos. Por ejemplo, tras la abdicación del rey Juan Carlos en su hijo Felipe, la Monarquía pasaba de lograr en abril de 2013 una puntuación media de 3,68 a 4,34 en abril de 2015. Una mejora que, sin embargo, sigue situando a esta institución muy lejos de los registros, por encima del aprobado, que cosechó entre diciembre de 1996 y noviembre de 2010.

4) La desconfianza institucional se ha “cronificado”. Desde hace ocho años, se vienen registrando niveles bajos de confianza social en las instituciones. Desde hace ocho años, “los políticos, los partidos y la política” son percibidos como uno de los principales problemas que tiene España; y desde hace cinco años, “la corrupción y el fraude” viene ocupando, prácticamente mes tras mes, el segundo puesto de ese ranking.

Todos estos ingredientes forman una peligrosa combinación en la que, aparte de los efectos del enfrentamiento institucional entre las fuerzas independentistas catalanas y el Gobierno central, hay que añadir el impacto del escándalo sobre el máster universitario de Cristina Cifuentes y, por extensión, de los títulos académicos falsos de algunos políticos.

Nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión en el que vuelven a cobrar fuerza dos elementos esenciales del descrédito institucional: a) la percepción social de incapacidad o ineficacia de la clase política/la política para resolver problemas y b) percepción de falta de ética pública/corrupción/fraude.

Más allá de que pueda producirse un repunte en el aumento del malestar político y de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, el mayor riesgo es que se produzca un salto cualitativo en el descrédito institucional. En lo que se refiere al fraude y la corrupción, hasta ahora, los ciudadanos percibían que éstos estaban relacionados con el poder político y, principalmente, vinculados a la concesión de contratos, licencias y obras públicas, pero no afectaba a la Administración Pública/Sector Público. Sin embargo, el escándalo del máster de Cifuentes ha puesto el foco de atención en una Universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos, y en los posibles delitos que podrían haber cometido empleados públicos (profesores, personal administrativo).

Por otra parte,  el “caso Cifuentes” puede acabar minando la confianza en uno de los colectivos que gozaban de mayor prestigio social: los profesores de la enseñanza pública y la Universidad. De acuerdo con una encuesta realizada por Metroscopia a finales de 2012, este colectivo, junto a los científicos y los médicos, encabezaba los primeros puestos en reputación, mientras los bancos, los partidos y los políticos ocupaban los últimos lugares. Paradójicamente, los políticos y la Universidad eran entonces, y utilizando los términos del sociólogo José Juan Toharia, “los polos extremos de la confianza ciudadana”.