Una nueva y virulenta ola de contagios Covid recorre este otoño la mayor parte de los países europeos. Especialmente en aquellos con tasas de vacunación más bajas. Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica, algunos gobiernos europeos han optado por volver a aplicar medidas drásticas que afectan a las libertades ciudadanas. En algunos casos, como en Austria, medidas que creíamos superadas, como los confinamientos, u otras que hasta hace poco parecían improbables, como la vacunación obligatoria.
Poco después del anuncio de las nuevas medidas, en numerosos países europeos miles de personas se echaban a la calle para protestar contra ellas y sus gobiernos. Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Croacia o Suiza han sido recientemente el escenario de concentraciones y manifestaciones en las que se coreaban lemas como “resistencia” o “abajo la corona-dictadura”. En algunos casos, además, los actos de protesta acabaron en disturbios violentos. El primer ministro holandés, Mark Rutte, llegó a usar el calificativo de “idiotas” para referirse a los manifestantes que habían recurrido a la violencia por estar descontentos.
Más allá de que muchos participantes en esas protestas formaran parte de movimientos negacionistas, antivacunas o de extrema derecha que las habían alentado, lo que parece claro es que cada vez es más visible el clima de tensión social provocado por las consecuencias de casi dos años de pandemia y de un horizonte que no termina de despejarse.
España, en una situación epidemiológica por el momento menos desfavorable que la que atraviesa la mayor parte de Europa, no es ajena al contexto de agitación social. Si bien, no por los mismos motivos. En este tiempo de pandemia, en la sociedad española apenas ha habido muestras colectivas, a nivel nacional o local, de rechazo a las restricciones anti-Covid que se hayan fundamentado en el argumento de que éstas cercenan las libertades individuales o en que la pandemia es una farsa. Ni tampoco se ha cuestionado con acciones colectivas la eficacia de las vacunas, lo que contribuye a explicar que un 89,2% de la población mayor de 12 años (a la que ha ido dirigida la campaña de vacunación) esté hoy inmunizada contra el coronavirus.
Cuando ha habido protestas contra restricciones aplicadas para frenar el Covid, éstas han tenido una dimensión socioeconómica. Han sido principalmente organizadas y protagonizadas por colectivos profesionales, como el de la restauración o los locales de ocio, que se han sentido perjudicados y han reclamado compensaciones económicas a las Administraciones. Ni siquiera cuando se han producido desescaladas de restricciones, el mantenimiento de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios cerrados y al aire libre cuando no se puede mantener una mínima distancia interpersonal ha generado rechazo social. Tampoco ha sido objeto de protestas la exigencia del certificado Covid como requisito impuesto por algunos gobiernos regionales para entrar en determinados espacios cerrados.
Por ello, en lo que respecta a las medidas anti-Covid, las calles en España parecen estar tranquilas. Otra cuestión será si la curva de contagios se dispara próximamente y las autoridades se ven forzadas a endurecer las restricciones o a reintroducir otras más contundentes como el toque de queda nocturno o los confinamientos perimetrales. En ese supuesto cabría esperar que, en el caso de que hubiera movilizaciones, éstas fueran para protestar por el impacto económico negativo en la actividad de algunos negocios y sectores.
Lo que encontramos, ahora, son múltiples focos de descontento en ámbitos que no tienen que ver estrictamente con la pandemia, aunque, en gran medida, están ligados a ésta. Desde hace algunas semanas la atención mediática se centra en el goteo incesante de acciones colectivas reivindicativas que se producen en toda España. Agricultores y ganaderos que han llevado a cabo actos de protesta por los altos costes de producción y los bajos precios que los intermediarios les pagan a ellos. Manifestaciones ciudadanas contra la subida del precio de la electricidad. Acciones organizadas por plataformas de peluquería para exigir la reducción del IVA (del 21% al 10%) que se aplica en este sector. Huelga laboral de los trabajadores de la industria del metal en Cádiz y caceroladas de apoyo a este colectivo. Concentraciones de trabajadores del sector del automóvil. Manifestación contra los megaproyectos de energías renovables. Protesta para exigir el blindaje de las pensiones. Manifestación de trabajadores de la banca para protestar contra expedientes de regulación de empleo.
Un amplio y variado repertorio de acciones colectivas, así como de motivos de protesta, al que se suma la convocatoria de nuevas movilizaciones, entre las que cabe destacar el paro convocado, en la antesala de Navidad, por la patronal del transporte.
Ya antes del verano se vislumbraba en España un contexto de creciente conflictividad, con manifestaciones de diferente índole (por ejemplo ver aquí) que apuntaban a una latente burbuja de descontento social. En este blog (aquí) ya señalamos que no se podían minusvalorar esas “muestras” de malestar.
¿Pero por qué ahora se está produciendo un aluvión de movilizaciones? Primeramente, hay que tener en cuenta que, coincidiendo con la mejora de la situación epidemiológica que se produjo a finales del verano, se observa desde septiembre, según los datos de CIS, un notable aumento de la preocupación que sienten los ciudadanos por los efectos que tiene la pandemia en la economía y el empleo, frente a los efectos sobre la salud. Ahora casi el 43% de los ciudadanos se siente preocupado personalmente por los problemas económicos y laborales que ha generado la pandemia, frente a un 29% al que le preocupan más los efectos sobre la salud.
Ahora bien, encontramos, en segundo lugar, que lejos de empeorar la percepción que tiene la ciudadanía de la situación económica del país, ésta ha mejorado ligeramente en los últimos tres meses. De acuerdo con el barómetro de noviembre que el CIS publicaba hace unos días, el 67% de los ciudadanos considera ahora que la situación económica es mala o muy mala, lo que supone un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto a julio. Mientras, por el contrario, el porcentaje de los que la valoran de forma positiva ha pasado del 12 al 21%. Paradójicamente la opinión que tienen ahora los ciudadanos sobre el estado de la economía es la menos negativa desde junio de 2020.
En cambio, la percepción que ha empeorado en el último mes es la que tiene la ciudadanía de su propia situación económica. Desde el inicio de la pandemia, el porcentaje de ciudadanos que ha valorado de forma positiva su economía personal se ha situado por encima del 50%. Entre octubre y noviembre ese porcentaje ha pasado del 65 al 62%, mientras que el de los que la valoran de forma negativa ha crecido del 22 al 24%. En la misma línea, encontramos que actualmente los ciudadanos perciben de forma más negativa su situación económica personal que en los primeros meses de la pandemia, ya que en abril de 2020 el 70% la calificaba como buena o muy buena, frente a un 20% que opinaba que era mala o muy mala.
La subida del precio de la electricidad de los últimos meses, sin duda, ha impactado de forma negativa en las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Según el barómetro del CIS de noviembre, es un tema que preocupa mucho o bastante al 92% y un 48% dice haber notado esta subida de forma muy apreciable (“mucho o bastante”) en sus recibos.
Por otra parte, la economía doméstica también se está pudiendo ver resentida por el aumento de la inflación, que se materializa en el incremento del precio de muchos productos, como consecuencia de dos efectos colaterales de la pandemia, el incremento de los precios de la energía y la falta o retraso en la entrega de suministros.
Después de un largo período de dificultades económicas y sociales, la combinación de factores que repercuten negativamente en las condiciones de vida de muchas personas y la frustración de expectativas puede contribuir a explicar el alud de movilizaciones de carácter socioeconómico que se han producido en las últimas semanas. Y, sobre todo, en los segmentos sociales y sectores que se vieron económicamente más afectados por el confinamiento y por otras medidas que se tomaron en lo peor de la pandemia. Asimismo, la ventana de oportunidad y el efecto “contagio” o “imitación” puede animar a diferentes colectivos a aprovechar el momento para movilizarse por otros motivos.
La pregunta ahora es hasta cuándo se extenderá y qué dimensión cobrará la actual “oleada” de protestas sectoriales. Por el momento, en España nos encontramos en un otoño de insatisfacción social y económica, pero no de indignación política. Indignación que condujo, en forma de movilización transversal, a la eclosión del Movimiento 15-M en la primavera de 2011.
Hoy el destinario de las protestas no es el sistema político en genérico (partidos, Parlamento, modelo de democracia, etc.), sino los gobiernos. Y, particularmente, el gobierno central, percibido como el actor principal que puede mejorar las condiciones de vida y de trabajo de colectivos que temen vivir mucho peor que antes de la pandemia, y sin que a ellos les llegue la prometida recuperación. En este sentido, el clima social podría ser el próximo y quizás inesperado desafío al que tenga que hacer frente el ejecutivo de Sánchez.
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