Demandan una empresa por engañar parejas que contrataron vientres de alquiler

Al menos cuatro parejas españolas han iniciado acciones legales contra Subrogalia, empresa que contrataron para tener hijos mediante un “vientre de alquiler” en el extranjero y que ahora creen les ha engañado, ya que les exige más dinero del pactado para seguir adelante con los trámites de la gestación.

Los juzgados de Barcelona tienen en sus manos dos demandas presentadas por tres parejas que contrataron una maternidad subrogada con la empresa y, además, una querella por estafa contra Subrogalia interpuesta por otros afectados de Alicante que ha sido archivada inicialmente, pero está pendiente de recurso.

Paralelamente, el Departamento de Salud ha abierto un expediente sancionador a la clínica Iegra, propiedad del empresario Dídac Sánchez y en la que se debían fecundar los embriones implantables en los “vientres de alquiler”, por desarrollar actividades sanitarias en el ámbito de la reproducción humana asistida sin disponer de la preceptiva autorización administrativa.

Los abogados que representan a las parejas afectadas creen que, a juzgar por el número de personas que se han puesto en contacto con ellos, podría ascender a una docena el número de perjudicados por Subrogalia, la única agencia del Estado que ofrece “vientres de alquiler” en el extranjero con donantes españoles, pese a que la maternidad subrogada está prohibida por ley en España.

El juzgado de primera instancia número 55 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda que incluye la reclamación de dos de las parejas que se sienten engañadas, representadas por la abogada Joana Marín, y el próximo mes de julio se celebrará la audiencia previa con la que el caso quedará pendiente de juicio, si no hay acuerdo entre las partes.

La demanda, que se dirige contra Subrogalia por incumplimiento de contrato y por cláusulas abusivas e irregulares, reclama a la agencia que devuelva a las dos parejas afectadas los cerca de 100.000 euros que, en total, pagaron por el proceso de gestación de un hijo mediante la maternidad subrogada de una mujer en el extranjero.

Según ha explicado a Efe la abogada de los demandantes, entre los años 2014 y 2015 las dos parejas firmaron con Subrogalia una tarifa cerrada cercana a los 60.000 euros por el proceso completo hasta conseguir al menos un hijo, pero una vez hicieron la donación necesaria para fecundar los embriones, la empresa les exigió nuevas sumas de dinero.

Concretamente, añade la abogada, las parejas tuvieron que costearse viajes a México para completar los trámites del proceso, donde desembolsaron nuevas cuotas para la madre gestante, sin que tuvieran constancia de que los embriones -que, según lo previsto, debían viajar desde Barcelona- hubieran llegado al país americano.

Ante esa situación, los afectados quisieron desistir del proceso de gestación y reclamaron a Subrogalia la devolución de las cantidades entregadas, a lo que esta se negó, lo que motivó que buscaran asesoría jurídica e interpusieran sendas demandas por incumplimiento de contrato.

A instancias de los demandantes, la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria de la Generalitat ha inspeccionado la clínica Iegra, con sede en el Instituto Tres Torres y donde se debían fecundar los embriones, y le ha abierto un expediente que podría saldarse con sanciones de hasta un millón de euros.

En dicho expediente, al que ha tenido acceso Efe, la Generalitat sostiene que Iegra ha incumplido el requerimiento de cese de actividad que le remitió en enero de 2016, mientras no dispusiera de autorización administrativa de apertura y funcionamiento.

Otra de las irregularidades detectadas por la Generalitat es que Subrogalia -que se presenta como agencia de servicios jurídicos encargada de los trámites del proceso de maternidad subrogada- ha estado haciendo publicidad sanitaria no autorizada y que su personal administrativo “ha accedido presuntamente a las historias clínicas de las personas que consultan”.

Junto a estos dos frentes civil y administrativo, las empresas de Sánchez podrían afrontar además un proceso penal, si prospera el recurso contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona de archivar la querella por estafa presentada por otra pareja de Alicante afectada.