La Fiscalía pedirá que se reactive la orden europea de detención contra Puigdemont si la sentencia del procés es condenatoria
La Fiscalía quiere apoyarse en la sentencia del procés para impulsar de nuevo los mecanismos internacionales que permitan la detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El movimiento solo será posible si esa sentencia resulta condenatoria. Se trata de pedir de nuevo una orden europea de detención (OED), apoyándose en la calificación de los delitos que quedará aclarada tras el fallo del tribunal.
Carles Puigdemont se encuentra en situación de procesado “en rebeldía” pero no ha sido juzgado porque la ley española no permite hacerlo “en ausencia” del acusado cuando las penas que se piden son superiores a dos años.
Los intentos del juez Pablo Llarena para impulsar la detención de Puigdemont se saldaron con un enfrentamiento jurídico a nivel internacional. Un tribunal alemán acabó negando en 2018 la entrega del líder independentista por el delito de rebelión al entender que España no había acreditado la existencia de violencia durante el intento de declarar la independencia. Llarena retiró su petición para evitar la disputa jurídica y renunció a la posibilidad de solicitar la entrega solo por los delitos de malversación.
Antes de chocar con la Justicia alemana, el magistrado se había encontrado con las reticencias de los tribunales belgas para propiciar un apresamiento inmediato del político catalán. En aquella pelea, Bélgica discutía el encaje que las acusaciones de rebelión tenían en su propio sistema jurídico. Las entregas internacionales exigen que se cumpla un criterio de doble incriminación: los delitos por los que se reclama a un acusado deben existir también en el país que realiza la detención. En aquel momento se abrió la posibilidad de solicitar el apresamiento bajo la acusación única de malversación pero se descartó esa opción para no limitar las acciones judiciales posteriores contra el expresident de la Generalitat.
En un reciente auto del Supremo (1 de julio), el juez Manuel Marchena manifestaba su convencimiento de que la denegación de la detención había supuesto “un lamentable olvido de la naturaleza de la euroorden como instrumento de cooperación judicial en el ámbito de la Unión”. La tensión entre la justicia española y los tribunales belgas y alemanes todavía pervive tras aquel encontronazo.
La Fiscalía del Supremo quiere volver a intentarlo tras la sentencia que se espera para después del verano. “Será más difícil decir que no a la entrega de Puigdemont si se dicta una sentencia condenatoria contra el resto de procesados”, aseguran a eldiario.es fuentes de la Fiscalía del Supremo. Las mismas fuentes aseguran que “se acabará con las dudas en el plano internacional” cuando la calificación de los hechos quede aclarada con una sentencia.
El procedimiento se impulsa desde la Fiscalía: será este organismo quien solicite a Llarena que vuelva a pedir la OED y el magistrado que llevó a cabo la instrucción tendría que decidir si la reactiva o no, dando aviso a las oficinas de policía internacionales.
Todo lo expuesto solo podrá suceder si la sentencia para el resto de líderes del procés es condenatoria. En caso de absolución, Puigdemont podría seguir circulando por Europa sin temor a ser detenido a petición de las autoridades españolas. Eso sí, no podrá regresar a España, donde hay activa una orden de detención nacional contra él.
A principios de julio, el expresidente catalán eludió aparecer en Estrasburgo para participar en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Tampoco se dejó ver en la manifestación convocada por el independentismo frente al Parlamento Europeo por temor a ser detenido en Francia.
Tras una jornada de despistes y en la que Puigdemont se estuvo moviendo en coche por la región de Alsacia, en la frontera entre Alemania y Francia, su equipo decidió evitar los riesgos y no hacer acto de presencia. Sus abogados temían que su entrada en territorio francés pudiera acabar llevándole a un calabozo, en caso de que España intentara hacer valer un convenio de colaboración firmado con ese país y que, en su momento, se puso en marcha para acelerar las detenciones de miembros de ETA que residían al otro lado de la frontera.
