Gobernar el infierno: Sánchez afronta su momento más delicado con la economía hundida y la mayoría cada vez más frágil

La sanidad, la economía, la política, el Gobierno... Nada resiste al coronavirus. Si a Pedro Sánchez le preguntaran hoy qué es el infierno, podría decir que es exactamente esto. Un país arrasado por la pandemia que cada día suma enfermos, muertos, parados y un descalabro sin precedentes en las cifras macroeconómicas.

La actividad se ha frenado en seco para preservar vidas humanas, se han puesto en marcha medidas sociales y hay 2,6 millones de personas en ERTES, donde el Estado abona el 70% de las nóminas, mientras las comunidades autonómas tramitan cientos de miles más. Las consecuencias están en el plan enviado este viernes a Bruselas a modo de película de terror: caída del PIB, del 9,4% este año, un déficit disparado hasta el 10,34%, una deuda pública del 115% y la esperanza de una salida de la crisis en V, o cómo se empieza a decir ahora, en forma de raíz cuadrada.

“Tenemos cuatro años por delante de legislatura para reconstruir social y económicamente nuestro país”, explicó ayer el presidente del Gobierno, tras afirmar que se ha producido “la mayor movilización de recursos públicos de la historia de la democracia” y lamentar que “la senda de crecimiento sostenido y sólido que seguíamos antes de la epidemia se verá interrumpida y la riqueza nacional,reducida en más de un 9%”.

Gobernar todo ello es adentrarse en el averno. Y se nota ya en la moral de algunos ministros. Da igual las medidas que se adopten, las decisiones que se anuncien, las veces que comparezcan, los discursos que improvise el presidente o los millones que se destinen a la protección social… A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, donde la oposición ha arrimado el hombro y hecho piña con el Gobierno, aquí la crítica es constante. Por una cosa y por su contraria. Está en el Parlamento, en las redes sociales, en las pymes, en las organizaciones empresariales y en gran parte de los hogares españoles.

Esa reacción tan italiana del “Piove, porco Governo” se ha hecho nuestra. Cada ciudadano tiene hoy una larga lista de demandas insatisfechas en un escenario de incertidumbre en el que España y el mundo entero se adentran en territorio desconocido. No digamos ya la oposición, los presidentes regionales, los alcaldes o los empresarios. De golpe y porrazo. Todas a la vez. Es una reacción en cadena en la que unas peticiones siguen a otras, todos los días, sin tregua ni descanso. La opinión pública como la publicada transmite un clima de urgencia por volver a la “nueva normalidad” como si mañana fuera tarde o no existiera un mañana.

Podemos seguir por este camino de exigencias inmediatas, pero también preguntarnos si este país, en la situación en la que está, da para tanto y si es posible resolver todos los problemas en los próximos días o semanas. No parece. Muchos necesitarán años para resolverse y algunos no se acabarán de arreglar del todo por grande que sea la impaciencia o por flagrante que resulte la injusticia.

La democracia no tiene fórmulas mágicas, sea quien sea quien gobierne, aunque la oposición se empeñe en sostener lo contrario y en hacer de la pandemia un motivo más para que caiga el Gobierno de Sánchez que comparten los medios de la derecha, los esparcidores de odio de las redes sociales y algunos balcones de las comunidades de vecinos.

El caso es que la coalición de gobierno cumple sus primeros 100 días y la debilidad del Ejecutivo parece extrema. Por el marco, por la gestión, por la campaña de acoso de la derecha, porque la ciudadanía no alcanza a ver un horizonte de salida y por algunos errores de La Moncloa, que también los ha habido, sobre todo vinculados a la comunicación.

Las encuestas empiezan a registrar un desgaste notable del Gobierno. Los españoles desaprueban cada día con mayor intensidad la gestión de la crisis. Una encuesta de Metroscopia ya reveló a primeros de abril que la valoración del Ejecutivo de Pedro Sánchez había caído 25 puntos en poco más de un mes. Todos los líderes políticos suspendían, si bien el presidente lograba la mejor nota y Santiago Abascal, el líder de la extrema derecha, la peor. Un 51% desaprobaba la gestión de la pandemia y solo un 39% la consideraba acertada. Un mes antes, las cifras eran al contrario: un 64% a favor y un 24% en contra.

Metroscopia inició su trabajo de campo a finales de febrero, cuando la epidemia provocada por el virus apenas había impactado a España. Desde entonces, ha realizado varias oleadas de encuestas, que reflejan un descenso paulatino de la valoración de los españoles hasta el suspenso que determinan las encuestas realizadas entre el 30 de marzo y el 2 de abril. La última, cuyos datos se tabularon el 30 de abril, sitúa en un 49% el porcentaje que desaprueba la gestión frente a un 41% que la aprueba.

Otros sondeos, como el publicado por Sociométrica esta misma semana, sostienen que si se celebrasen elecciones hoy, el PSOE ganaría por estrecho margen, apenas 2,8 puntos, a un PP disparado que obtendría 18 escaños más de los que tiene hoy. Los socialistas, que perderían cuatro, no podrían compensar su débil mayoría con el resultado de Unidas Podemos, que aún sufriría un castigo mayor, de siete escaños. El bloque de centro-derecha sería el gran beneficiado de esos hipotéticos comicios, si bien seguiría sin alcanzar los 176 asientos en el Congreso que garantizan una investidura.

Objetivo: dinamitar la coalición

Es difícil creer que los españoles piensen hoy más allá de su salud o su puesto de trabajo y que estén en modo electoral, si bien en el Gobierno admiten el desgaste por una crisis sobrevenida que afecta a todos los países y ha derrumbado todas las economías del planeta. Un ministro se queja del ambiente político y social “irrespirable que ha creado la derecha” en su único afán de “dinamitar al Gobierno” sin entender que ante una emergencia como ésta “uno tiene que tener capacidad para alinearse” con quienes han de tomar las decisiones. “Para ellos, el fin es el medio y el medio, la propaganda”, se queja: “Han contaminado todo, sacrificando incluso el reconocimiento a los sanitarios para arengar a las caceroladas contra Pedro Sánchez”. Este miembro del Gobierno está convencido de que las “opiniones se construyen”, de que la derecha no entiende de tibiezas y que ha entrado de lleno ya en la “descalificación personal”.

Sea como fuere, lo cierto es que a las adversas encuestas, la ofensiva política de la oposición y las críticas de algunas autonomías de distinto signo, Sánchez suma ahora además la amenaza de sus socios parlamentarios. PNV y ERC amagan con retirarle el apoyo y dejarle en manos del PP para las próximas prórrogas del estado de alarma, que Casado no ha decidido aún si votará o no.

Si se diera el caso de que el Congreso no convalidara los decretos, al día siguiente amenazaría el caos: España entera podría volver al trabajo, echarse a la calle y apiñarse en el transporte público, a pesar del riesgo de contagio que no ha desaparecido. El Gobierno no podría ya limitar el derecho de movilidad pero tampoco mantener los ERTE que protegen a millones de trabajadores aprobados en base a criterios de una situación excepcional. “En ese caso, si se produjera un repunte de contagios y muertes, serían otros quienes deberían dar explicaciones de su irresponsabilidad”, aseguran fuentes gubernamentales para situar al PP frente al espejo de una realidad que nadie desearía después de haber conseguido aplanar la curva de infectados y descongestionar al menos el sistema sanitario.

Sin alarma, no hay desescalada ni ERTE

La narrativa del Gobierno pasa ahora por explicar, ante la demanda de la oposición y algunas autonomías, que “sin estado de alarma es imposible organizar la desescalada”, que no es aún la vuelta a la “nueva normalidad”, sino “una ampliación del radio de confinamiento”. El propio Sánchez explicó ayer que el Gobierno no tiene plan B al estado de alarma y que todos los países están utilizando un instrumento semejante al nuestro. “Los datos justificaron el estado de alarma y sabíamos que la única manera de frenar el virus era el confinamiento”, afirmó tras defender que sigue estando justificado ante una “desescalada que va a precisar mucha prudencia y diálogo”.

En la Moncloa, donde fian parte de la estrategia a la falta de una alternativa política solvente y a la responsabilidad que exige este momento, dicen no estar preocupados por que peligre la mayoría parlamentaria. Al contrario, enmarcan los avisos de PNV y ERC en sus respectivos contextos preelectorales y confían en que, pasada la crisis sanitaria, se retomarán las relaciones por que nacionalistas vascos e independentistas catalanes “saben que la alternativa al actual Gobierno es la derecha que tan poco les conviene”.

Por lo demás, al PP y a VOX no les resultará fácil hacer caer al Gobierno, “como no sea con un golpe de estado” o porque “acaben minando su moral”, apostilla otro miembro del Ejecutivo, que recuerda que ya pasó así en los últimos años de Felipe González cuando el expresidente estaba deseando convocar elecciones para perderlas y también en los de Zapatero que, tras una ofensiva brutal de la derecha, decidió no volver a presentarse como candidato. “Que piensen, eso sí, que Sánchez no es igual y que su capacidad de resiliencia está más que acreditada”, advierten.

España no puede convocar elecciones hasta un año después de la última formación de Gobierno, esto es, enero de 2021, lo que para el PSOE, se antoja “un tiempo eterno, en el que a la derecha le resultará suicida mantener el actual clima de tensión y enfrentamiento”.

“A un Gobierno como éste -reflexiona otro ministro- sólo es posible tumbarlo desde dentro, y no parece que esto esté en mente ni de Sánchez ni de Iglesias”. Todo lo contrario, quienes están cerca del presidente aseguran que está empeñado en defender la coalición y en que los de Podemos “no estén a disgusto”.

Prueba de ello es tanto la incorporación de Iglesias al comité que gestiona la desescalada como algunas decisiones que se han rectificado sobre la marcha porque no eran del agrado de Unidas Podemos. Las diferencias que los socios de coalición han tenido en el seno del Consejo de Ministros con propuestas de áreas que no eran de su competencia se han saldado siempre en conversaciones privadas entre Sánchez e Iglesias porque ambos saben que “en esta crisis se la juega el PSOE, pero también Unidas Podemos” y porque en Ferraz son conscientes de que en la actual coyuntura “hubiera sido mucho peor con un Gobierno monocolor en minoría”.

En ese caso, el Ejecutivo tendría que haber sucmbido ya a la presión para echarse en brazos del PP y comulgar con una parte del ideario neoliberal que no hubiera transigido con muchas de las medidas de protección social hoy implementadas.

Por eso la consigna, pese a que Sánchez no le han gustado algunos gestos de Iglesias, es cerrar filas con el vicepresidente segundo, que es a quien la derecha y la ultraderecha pretende poner en la diana de su ofensiva, como se ve cada miércoles en las sesiones de control al Gobierno y en las que le han pretendido endosar hasta la responsabilidad de la gestión en las residencias de mayores, una competencia transferida a las autonomías hace ya 30 años.

El apoyo de Sánchez a su vicepresidente no es excusa para que en el PSOE entiendan que algunas de sus respuestas en el Congreso a los dirigentes del PP y de VOX hayan sobrepasado algunos límites y confundido el papel de líder político con el de un miembro del Gobierno. “Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, es más elegante cuando se defiende de los ataques de la derecha”, reconoce otro ministro.

Aún así nada hoy hace que peligre la coalición ni que en el PSOE vean motivo de preocupación la estabilidad del Gobierno. Ni las encuestas, ni el hundimiento de la economía, ni la estrategia de la derecha, ni la aparente falta de apoyos…. El único desvelo es por gobernar el infierno. Y cuando toque votar, “ya veremos”, sentencia uno de los integrantes del comité para la desescalada. Hasta entonces, Sánchez se agarra a la mejora de los datos de contagio y anuncia 16.000 millones de euros para las comunidades: 10.000 para gasto sanitario, 1.000 para gasto social y 5.000 para paliar la caída de la actividad económica.