Amnistía, tres elecciones y sin presupuestos: la política española es una montaña rusa, y a quien no le guste, que no se suba

Cuando la historia parece ser un continuo, llega el presente e irrumpe con experiencias únicas. Cuando la legislatura parecía depender de la ley de amnistía para poner en marcha un programa de Gobierno y unos Presupuestos, llega un adelanto electoral en Catalunya que mete los Presupuestos en el congelador y deja en suspenso buena parte de las ambiciones legislativas de un Gobierno que tendrá que hacer frente a tres elecciones en tres meses –vascas en abril; catalanas en mayo; y europeas en junio–. Y, así, el presente hace saltar por los aires el supuesto continuo de la historia, que diría Walter Benjamin.

Este jueves el Congreso ha aprobado la ley de amnistía –178 votos a favor y 172 en contra–, que era la condición de Junts para la investidura de Pedro Sánchez que se produjo el 16 de noviembre: las duras negociaciones para su redacción, más allá del acuerdo político de principios de noviembre que propició la investidura, han venido de la mano de las interferencias de algunos jueces, una votación perdida en el Congreso a finales de enero y una vuelta a las negociaciones y a la comisión parlamentaria. Y, por medio, un informe de la Comisión de Venecia que dio un último empujón a la redacción de la ley, sobre todo lo relacionado con la suspensión de las medidas cautelares y el contorno de los delitos de terrorismo.

Aún queda el paso por el Senado y el regreso al Congreso. Son dos meses y en esos dos meses se verá si EH Bildu supera o no al PNV en Euskadi y qué consecuencias pueda tener eso en Madrid. Y qué incentivos pueden tener ERC o Junts en seguir cooperando con el Gobierno central si se quedan fuera del Govern o tienen un papel subalterno.

“Un paso valiente y necesario hacia el reencuentro”. Con esas palabras ha celebrado el presidente del Gobierno la aprobación de la ley en primera instancia en el Congreso. “Ya llevo dos amnistías”, decía un destacado diputado de Sumar. Y, además, las diputadas de ERC y Junts fundían en abrazos en el patio del Congreso tras la votación.

Mientras tanto, Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, anunciaba que la semana próxima abre un bar en Lavapiés, la taberna Garibaldi, a 10 minutos andando del Congreso, por si a algún diputado le tienta un Durruti Dry Martini, un salmorejo partisano o un plato vegano “no me llame Ternera”.

Con urnas y sin presupuestos

Pero sobre la votación de este jueves sobrevolaba lo ocurrido el miércoles en Barcelona, cuya primera consecuencia ha sido la paralización de las negociaciones para los presupuestos de 2024: todo queda para después de las europeas y la conformación del Gobierno catalán y, por tanto, para 2025. Unas cuentas de 2025 “definitorias” para la legislatura, decía Aitor Esteban, portavoz del PNV, en los pasillos del Congreso.

Pero, ¿y mientras? “El PSOE no ha calculado a medio plazo”, decía una fuente independentista: “Ha buscado una victoria posible en Catalunya antes del batacazo de las europeas”. En efecto, las encuestas dan que el PP aumenta su distancia con el PSOE, también a costa de Vox, lo que podría traducirse en una holgada victoria el 9 de junio en las europeas, sobre todo si se compara con el resultado tan flojo que obtuvo hace cuatro años –20%, frente al 33% del 23J pasado–.

Junqueras ha asegurado, no obstante, que seguirán en la línea de colaboración con el PSOE: “Seguro que podemos seguir entendiéndonos con Sánchez si es para la vida de la gente. Lo que es relevante es que tomemos decisiones útiles para la sociedad y la economía”. “Los Presupuestos eran la primera y quizá la ultima oportunidad de hablar de los problemas reales, después de que nos hayamos pasado meses hablando únicamente de amnistía y corrupción”, decía Ione Belarra, líder de Podemos, en el Congreso.

Fruto de uno de esos casos de corrupción, el que afecta a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes, es lo que ha llevado a José Luis Ábalos a pasar al mixto al desatender la petición del PSOE de dejar su escaño. Eso sí, ha votado como sus ex compañeros de bancada.

La justificación para el adelanto electoral por parte del president, Pere Aragonés, fue la derrota en la votación de presupuestos por la negativa de los comuns a la tramitación del casino Hard Rock, considerado línea roja por el PSC.

Este jueves había quien recordaba en el patio del Congreso el rechazo del PSC, hace una década, al proyecto de Eurovegas en el Baix Llobregat, mientras ahora el complejo del Hard Rock resultaba fundamental para los de Salvador Illa. Mientras, fuentes de Junts terciaban: “ERC necesitaba una excusa para justificar el adelanto electoral, con un debate del Hard Rock que tuvieron idéntico el pasado año y lo resolvieron. A todo el mundo le ha ido muy bien adelantar las elecciones para boicotear que el candidato sea Puigdemont”.

Por su parte, la incógnita en torno a la candidatura de Carles Puigdemont se resolverá la próxima semana, si bien él ha afirmado que podría llegar a la investidura –aproximadamente para el 12 de julio– si los plazos de la ley de amnistía se cumplen y entra en vigor a mediados de mayo.

Piedras en el camino

En efecto, la ley de amnistía ha dado un paso adelante fundamental. Pero aún le queda recorrido y el continuo de su historia no dejará de sufrir sobresaltos. El primero es legislativo en tanto que ha de pasar al Senado, donde previsiblemente el PP intentará dilatarlo todo lo posible, para volver al Congreso dentro de dos meses para la votación legislativa.

Pero no es una ley cualquiera. Es una ley que, como se está viendo en estos últimos meses, cuenta no sólo con la oposición de la derecha parlamentaria y mediática, sino también de la derecha judicial. Y se da por descontado que habrá recursos al Tribunal Constitucional por parte del PP, además de cuestiones de constitucionalidad por parte de los jueces, así como cuestiones prejudiciales al Tribunal de la UE.

“No es reconciliación, es sumisión”, ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont, y de lo que haga el señor Ábalos. Nada más”, ha sostenido. “Lo que hay por delante no es una legislatura, es una agonía”, ha planteado. 

La diputada de Sumar y portavoz de Catalunya en Comú, Aina Vidal, por su parte, ha dicho en la tribuna del Congreso: “El camino de la venganza acaba aquí, hoy empieza el de los que amamos Catalunya”.

¿Qué pasará el primer día que el ex president Puigdemont pise España –único país de la UE donde no se aplica su inmunidad como europarlamentario–? “La ley dice que, con su entrada en vigor, los jueces deben levantar las medidas cautelares, aunque planteen cuestiones al TJUE o al TC”, aseguran fuentes de la defensa de Puigdemont: “La ley no habla de que las medidas tengan que caer de automáticamente, el levantamiento debe pedirlo de oficio el juez, la fiscalía o la defensa, y levantar cautelares es la primera decisión que tendrán que tomar los jueces en los primeros dos meses desde la entrada en vigor de la ley”.

“Si los jueces no levantan las medidas, presentaremos un recurso”, anuncia la defensa: “Ni la ley de amnistía ni la ley procesal da plazos para resolver el posible recurso”. En este sentido, existe el riesgo en el regreso de Puigdemont de que los jueces no levanten las cautelares o haya nuevas cautelares vinculadas al caso de terrorismo, que ahora no están ¿Entonces? “No revelaremos todo lo que tenemos previsto. Siempre tenemos un as en la manga”, dice la defensa de Puigdemont.