El discurso anticorrupción de Pedro Sánchez se pierde en un laberinto de semántica jurídica
El rotundo giro que Pedro Sánchez ha querido dar al discurso socialista en materia de corrupción se ha disuelto al instante con la citación para declarar como imputados en el Supremo que han recibido Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tras conocerse la decisión, todo el mundo esperaba que los dos políticos andaluces fueran inmediatamente expulsados de sus escaños, pero no es lo que ha sucedido.
La expectación generada tiene que ver con la vehemencia con la que Susana Díaz y también Pedro Sánchez afirmaron en reiteradas ocasiones que cualquier imputado del PSOE debería abandonar sus actas de parlamentario. Frases como “No me temblará la mano”, pronunciada por Sánchez o “Cualquier persona imputada va a tener que dejar su escaño”, esgrimida por Susana Díaz, han subido tanto el listón del PSOE que, tras la decisión del Supremo, a los socialistas les ha costado mantener el pulso.
El PSOE se ha embarullado en una suerte de debate entre las diferencias entre una “imputación a secas” y una “imputación formal” para evitar pedir a Chaves y Griñán que abandonen la política.
Pedro Sánchez está convencido de no haber vulnerado su promesa, pero en Ferraz han olvidado medir que la rotundidad del líder socialista para expulsar a los usuarios de las tarjetas 'black' hacía pensar que en cuanto a Chaves y Griñán también se actuaría sin matices. Sumado a todo ello, la contundencia con la que el secretario general se ha librado de Tomás Gómez por su relación con el escándalo del tranvía de Parla también daba a entender que el carácter inflexible había llegado al PSOE para quedarse. Sin embargo, las elecciones andaluzas están mucho más cerca que las madrileñas y la mano del líder socialista acabó temblando.
La dirección del PSOE ha distribuido entre sus cargos un argumentario interno en el que asegura que Chaves y Griñán no han sido imputados por ningún delito. La afirmación socialista tiene parte de verdad, pero solo parte.
Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía verán al juez en abril porque manifestaron previamente su voluntad de declarar a iniciativa propia, en un intento de aclarar su nivel de participación en la trama de los ERE. El juez ha atendido su petición y los ha citado de la única manera que resulta posible: en calidad de imputados. Al declarar como imputados, Chaves y Griñán tendrán derecho a estar asistidos por abogado y a no declarar contra sí mismos. Dicho lo cual, si un juez del Supremo no tuviese sospechas contra los dos expresidentes andaluces, nunca los citaría para un interrogatorio.
Tras su declaración, si el Tribunal decide imputarles formalmente, deberá solicitar un suplicatorio a las Cámaras (Congreso y Senado). Ese será el momento de la imputación efectiva y el punto en el que el PSOE no tendrá excusa alguna para demorar la entrega de sus actas de parlamentarios, con lo que pondría fin a la carrera política de los dos históricos dirigentes socialistas.
Antes de que todo eso ocurra, los socialistas se han enfangado en un terreno de confusión en el que todos han leído que Sánchez y Díaz estaban dando un paso atrás sobre lo anunciado previamente. El portavoz parlamentario Antonio Hernando ha contribuido al desconcierto afirmando este miércoles que no habría cese alguno hasta la apertura de juicio oral.
Sus palabras han tenido que ser desmentidas por él mismo en una segunda rueda de prensa, forzada desde Ferraz, en la que el principal representante socialista en el Congreso ha afinado su argumentario para señalar que las dimisiones llegarán cuando la imputación vaya asociada a algún delito concreto.
El Tribunal Supremo está atado de manos para actuar contra Chaves y Griñán hasta que decida pedir plácet al Congreso. Sin la solicitud de suplicatorio, el juez instructor no puede imponer medidas cautelares contra los políticos andaluces ni mucho menos solicitar la privación de libertad. Es posible que, tras la declaración prevista para abril, los dos históricos del socialismo andaluz se queden en el mismo limbo jurídico en el que se encuentran en la actualidad; señalados por la posible comisión de algún ilícito pero sin que se haya realizado una acusación formal contra ellos.
Una campaña sin sorpresas
Más allá de la gresca alimentada por el PSOE, la noticia emitida el martes desde el Supremo es buena para los intereses electorales de Susana Díaz en Andalucía. La presidenta andaluza ya tiene un calendario judicial claro y se garantiza una campaña electoral sin sorpresas. Al saber que la Ejecutiva federal no anunciaba piruetas, Díaz ha respirado con la tranquilidad de que el polémico asunto le queda despejado para la contienda electoral.
El PSOE ya ha pasado recientemente por situaciones similares. Cuando el Supremo imputó a José Blanco en el marco de la operación Campeón, el Tribunal llegó a solicitar el suplicatorio para juzgar al exministro. Blanco recurrió y finalmente la causa fue archivada. Con las normas impuestas hoy por hoy por Pedro Sánchez, Blanco habría sido obligado a dimitir en el momento en el que se produjo esa imputación formal, que finalmente quedó en nada.
