La oposición acuerda que comparezcan los tesoreros del PP en la comisión de investigación de su financiación
PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos han conseguido llegar a un acuerdo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Los tres grupos parlamentarios han pactado que los primeros comparecientes sean los tesoreros de la formación conservadora, de manera que Luis Bárcenas tendrá que ir a declarar a la Cámara Baja la última semana de junio o la primera de julio. Este plan de trabajo tendrá que ser ratificado este miércoles en una reunión que celebrará la comisión.
La diputada del PSOE, Soraya Rodríguez, ha explicado que todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han aprobado “un plan para que la comisión comience a trabajar de forma inmediata. Además de la solicitud de documentación se van a pedir una serie de comparecencias, que en cualquier momento se puede ampliar. Las primeras comparecencias que tendrán lugar serán las de los tesoreros del PP Luis Bárcenas, Carmen Navarro, que está actualmente en el cargo, Ángel Sanchís, Cristóbal Páez y Rosendo Naseiro”.
Como ya avisó este lunes, el vicesecretario general de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha respondido con el anunció de que utilizarán “todas la acciones correspondientes en defensa de la legalidad” para delimitar el objeto y los ámbitos temporal y territorial de investigación de la comisión como han solicitado a los servicios jurídicos del Congreso.
Por este motivo, primero intentarán en la mesa del Congreso parar la comisión y si no prospera llevarán a los tribunales la comisión ya que se han puesto en marcha los trabajos y las peticiones de comparecencia sin esperar al informe de los letrados de la Cámara.
“La buena intención del PP se ha visto superada por un obstáculo insalvable, que es el acuerdo cerrado al que habían llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos, cuya única intención es hacer una causa general contra el PP por motivos electorales”, ha añadido el dirigente popular.
En caso de apelar a la vía judicial estaríamos ante un conflicto de atribuciones que se debería dirimir en el Tribunal Constitucional. Martínez Maillo se ha mostrado confiado en que en la mesa del Congreso podrían llegar a un acuerdo con otra formación política para que la comisión no arranque hasta que llegue el citado informe, aunque la postura del resto de los partidos era contrario. “Quedan 24 horas, todavía hay margen”, ha llegado a decir el diputado popular.
La formación conservadora quería limitar la investigación de los diputados a 2015. “Lo lógico es que se investigue la legislatura como marca el reglamento de la Cámara pero cuando se define la financiación ilegal como delito es 2015, que es cuando debería empezar a investigar esta comisión”, explicó Martínez Maillo. Esto supondría que quedaría fuera del ámbito de la investigación el grueso de las actuaciones y los contratos correspondientes a los principales casos de corrupción que tienen a los populares contra las cuerdas en los juzgados: Gürtel y Púnica. Mariano Rajoy es presidente del PP desde 2003.
“Medida dilatoria del PP”
La oposición ha coincidido en que la petición del informe era solo una “medida dilatoria del PP” para evitar que los trabajos de la comisión echasen a andar. La diputada del PSOE ha señalado que “el ámbito temporal de la comisión no viene delimitado en el documento de constitución, de manera que imponer una fecha podría ser una vulneración del acta de constitución”.
El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha recordado que la investigación de la financiación del PP es uno de los acuerdos de investidura que su formación cerró con los populares. “A pesar del intento de bloqueo del Partido Popular y de intentar embarrar el campo de juego hemos llegado a un acuerdo con las otras fuerzas políticas. No vamos a poner ninguna traba a las comparecencias que exijan el resto de partidos”.
Ante la posibilidad de que Bárcenas se niegue a declarar ya que está inmerso en un proceso judicial, la parlamentaria socialista ha insistido en que “la obligación de comparecer está establecida por ley orgánica y el reglamento de la Cámara, la persona que venga a comparecer no pierde ninguno de sus derechos procesales ni constitucionales, esta persona no puede mentir pero está en su derecho de no responder”.
El principal cambio de posición ha sido la del PSOE, que con anterioridad tenía una postura más acorde con las pretensiones del PP, con el que habían pactado que la presidencia de la comisión la asumiera el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Aunque en un primer momento parecía que ambos partidos iban a solicitar que el primero en comparecer fuera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el acuerdo entre las tres fuerzas políticas ha cambiado el orden de las comparecencias.
Cantó ha explicado que “no parecía sensato que el primero en comparecer fuera Mariano Rajoy cuando la comisión empieza a funcionar, entendíamos que era más útil que el presidente fuera el último compareciente”. Ante el alargamiento de los trabajos la comisión va a pedir a la Mesa del Congreso que la habilite para poder trabajar en julio, que es inhábil a efectos parlamentarios.
