El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica apunta a reformas ante la crisis

El magistrado Fernando Cruz fue elegido hoy como presidente de la Corte Suprema de Justicia con la misión de superar una crisis de credibilidad que agobia al Poder Judicial y para lo cual apunta a grandes reformas en busca de transparencia.

“Soy optimista pero tengo un realismo crítico porque son momentos de mucho trabajo y esfuerzo”, declaró Cruz tras jurar el cargo, al que llega tras vencer en una cuarta votación al presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre por 13 votos contra 9.

En una sesión pública de la Corte Plena, Cruz, presidente de la Sala Constitucional, resultó electo para el cargo que dejó vacante el pasado 16 de julio Carlos Chinchilla, quien se acogió de manera sorpresiva a la jubilación en medio de una polémica por la desestimación de una causa vinculada al caso de corrupción llamado “el cementazo”.

Durante su discurso previo a la votación, Cruz señaló la necesidad de impulsar reformas al Poder Judicial para garantizar la transparencia y la idoneidad de los magistrados nombrados sin que existan compromisos políticos.

“Tenemos que defender una herencia de independencia judicial. Hay muchas amenazas para la independencia del juez. En esta hora complicada del sistema judicial el tema central es la independencia de todos los jueces sin excepción”, afirmó.

Cruz señaló que el mecanismo de nombramiento de magistrados, que está a cargo del Congreso, tiene “serias debilidades”, por lo que prometió impulsar reformas para mejorar la transparencia y la independencia.

“La sociedad debe tener conciencia de que es necesario mejorar los mecanismos de designación. Hay una necesidad de abordar este tema con mucha seriedad, es una necesidad imperiosa y prioritaria. Se necesitan criterios objetivos y cuantificables”, expresó.

Cruz, quien en su carrera ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial, entre ellos el de fiscal general, aseguró que se debe garantizar que al Poder Judicial no ingresen jueces “para quedar bien con los grupos que los han nombrado” no para hacer “mandados”.

El Poder Judicial de Costa Rica atraviesa una etapa de crisis y polémicas debido a una serie de suspensiones a magistrados, jubilaciones sorpresivas e investigaciones de la Fiscalía, por hechos relacionados al complejo caso de supuesto tráfico de influencias conocido como “el cementazo”, que salpicó al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El anterior presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, se acogió a la jubilación cuatro días después de que junto a sus compañeros de la Sala Tercera: Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez, fueran amonestados por escrito.

La amonestación emitida por la Corte Suprema se debió a una falta grave al no tomar en cuenta un informe del Organismo de Investigación Judicial antes de acoger la solicitud de una fiscal para desestimar una causa contra dos exdiputados del periodo 2014-2018 relacionada al “cementazo”.

Con Chinchilla ya jubilado y en medio de duras críticas por lo leve de la sanción, la Corte Suprema determinó que había cometido un error en la votación y efectuó una nueva, en la que decidió suspender por dos meses a los cuatro magistrados.

Las magistradas Arias y Gómez presentaron una solicitud de medidas cautelares ante un Tribunal Contencioso Administrativo, que resolvió a su favor de manera expedita y suspendió el castigo, un hecho que investiga la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias y prevaricato (firma de resoluciones ilegales).

El pasado lunes la magistrada Arias también decidió acogerse a la jubilación y afirmó que durante su carrera actuó con transparencia, profesionalismo y apegada a la ley.

“El cementazo” es un complejo caso de aparente tráfico de influencias en el que el empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños habría recibido millonarios créditos de la banca estatal y habría sido beneficiado con modificaciones a reglamentos de importación y resoluciones judiciales.

En el caso se han visto salpicados funcionarios del Gobierno pasado (2014-2018), exdiputados, funcionarios bancarios y del Poder Judicial

Por “el cementazo” ya fue destituido en marzo pasado el exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa.

En octubre pasado el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido por tres meses para investigarle por irregularidades en este asunto, pero en diciembre se acogió a su jubilación.