La Eurocámara recomienda “el posible reconocimiento” de los atentados de ETA como “crímenes contra la humanidad”

La Parlamento Europeo recomienda a España investigar los atentados de ETA como “crímenes contra la humanidad”. Así lo establece una recomendación incluida en el informe aprobado este jueves por la comisión de Peticiones: “Sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía. Recordar que ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional”.

El informe, elaborado tras la misión de la comisión de la Eurocámara al País Vasco y Madrid en noviembre de 2021, de 40 páginas, ha sido aprobado por 27 votos a favor –populares, socialistas, liberales y extrema derecha–; tres abstenciones –dos de la Izquierda, y una No Inscrita, ex de la Lega–; y tres noes –Verdes–.

El PSOE había pedido eliminar ese párrafo en el proceso de enmiendas, en tanto que se propone una posibilidad ya descartada por la Audiencia Nacional. “Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad y seamos conscientes de la imposibilidad de aplicar de manera retrospectiva la aplicación de los delitos de lesa humanidad para evitar así que los delitos etarras puedan prescribir”, ha dicho la diputada socialista Cristina Maestre, informa Efe. Los socialistas alegaban que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año 2004 y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución.

“Nosotros siempre hemos apostado por la paz en Euskadi, la búsqueda de la justicia y la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición”, explican fuentes de IU en el Parlamento Europeo, que se ha abstenido en la votación de este jueves: “Lamentablemente, parece que hay algunos partidos que sólo saben hacer política en marcos de extrema confrontación y que nos quieren devolver a los años más oscuros de nuestra democracia reciente. Gracias a los esfuerzos de todas las instituciones, la sociedad civil, la colaboración de otros Estados, la democracia y el Estado de Derecho, ETA dejó de matar y cesó su actividad terrorista en 2011. Para la realización de este informe, durante la visita de la Comisión de Peticiones se excluyó de la agenda a agentes que han participado en este proceso de paz y de búsqueda de la justicia. Por ejemplo, algunas asociaciones de víctimas y a las instituciones vascas, entre ellas al Gobierno Vasco. Por lo tanto, creemos que el informe no está completo, ya que no incluye la perspectiva de todos los sectores que han participado en la búsqueda de la justicia y la reparación de las víctimas”.

La mayoría de los 379 asesinatos que siguen sin resolverse diez años después del fin de ETA se produjeron a finales de los 70 y principios de los 80, cuando España tenía menos recursos y peores medios policiales, y los tribunales entienden que no pueden juzgarse bajo la figura de lesa humanidad, incluida en el Código Penal en 2004.

Las recomendaciones del informe también incluyen: “Sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, también en el caso de la teoría del autor mediato por dominio existente en el artículo 28 del Código Penal español, para así poder enjuiciar, como autores intelectuales e instigadores de la orden, a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los distintos atentados no resueltos”.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha afirmado que, por primera vez, el Parlamento Europeo manifiesta “el apoyo, de manera tan firme y contundente, a las víctimas de ETA y dureza contra los verdugos”. Así, Montserrat ha calificado como “vergonzantes” las enmiendas del PSOE, partido que ha terminado votando a favor del informe que no incluye ninguna de sus enmiendas. “No se puede ser tibio ni ambiguo en la defensa de la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas de ETA. Ningún interés político ni de poder puede estar por encima de la defensa de aquellos que han sufrido el terror de ETA, ha dicho Montserrat.

“Por primera vez el Parlamento Europeo ha generado cuarenta páginas que ponen negro sobre blanco la historia de la persecución de una parte de la población vasca y el difícil y sacrificado trabajo de quienes mantuvieron el estado democrático de derecho, pese a la amenaza”, ha dicho la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, cuyo hermano Joseba fue asesinado por ETA en 2003: “El texto apuesta por juzgar a los jefes de ETA, como Josu Ternera, por crímenes de lesa humanidad. No fue terrorismo convencional, no. Este informe supone ya, una reparación simbólica, pero hace falta ir más allá. En todo caso, vaya el agradecimiento emocionado a las familias, asociaciones y fundaciones que llevan trabajando sin descanso desde hace décadas.”

En relación con los beneficios penitenciarios a presos de ETA, el informe insta “a las instituciones competentes a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo, con arreglo a la legislación española vigente, vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero arrepentimiento”.

Además, se pide evitar “el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo”.

En cuanto a los delitos sin resolver, el informe pide la continuación de “un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo, desde la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa, con el fin de responder a las familias que siguen esperando justicia”.