El Gobierno no ve cambio en el PP y le apremia a negociar la renovación del Poder Judicial

Pedro Sánchez vio una ventana de oportunidad para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años en funciones por el bloqueo del PP, en la moción de censura impulsada por Vox que se debatió la semana pasada. El duro discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal tuvo una respuesta inmediata del presidente, que le tendió la mano para llegar a acuerdos: anunció el freno en la tramitación de la reforma que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces sorteando el veto de los conservadores. Los contactos comenzaron de inmediato, pero no ha habido avances. Ante esa situación y la negativa del PP a apoyar el estado de alarma si no se acepta su condición de que dure solo ocho semanas, en el Gobierno retoman la presión sobre Casado.

“Hemos llamado al PP desde el minuto siguiente y no hay forma. No hay mucho tiempo porque esto ya no hay quien lo entienda”, señalan fuentes gubernamentales sobre la falta de avances por parte de Casado, al que reprochan que quiera centrar ahora el debate sobre el estado de alarma en la presencia del presidente y del Gobierno en el Congreso y no en los datos epidemiológicos, según esas fuentes. “Vamos a esperar, pero poco”, responden desde el Gobierno sobre el tiempo que durará la oferta de Sánchez de paralizar la tramitación de la reforma de la ley del Poder Judicial con la que sortearía el bloqueo del PP al rebajar la mayoría de tres quintos (210) requerida para elegir a parte del CGPJ a mayoría absoluta (176).

Tras la moción de censura de Vox, el Gobierno confió en poder llegar a acuerdos con el PP. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es el encargado de pilotar esa negociación del CGPJ aseguró en una entrevista en elDiario.es que nunca han cesado los contactos con el responsable del área en Génova, Enrique López, y se mostró convencido de que el acuerdo podría llegar pronto si la negociación se retomaba sobre las bases de lo hablado hasta el verano.

En el Gobierno apremian al PP a llegar a un entendimiento para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con su mandato caducado y para que se compongan de acuerdo a los resultados electorales de hace un año, dado que el actual se conformó con la mayoría absoluta del PP. Respecto al margen que darán a Casado, fuentes socialistas sostienen que el plazo lo decidirá Sánchez. En las filas del PSOE la propuesta para reformar la ley del Poder Judicial genera dudas, especialmente ante las críticas que han llegado de Europa.

Sin embargo, en el Gobierno no aprecian el cambio esperado en Casado. “El lenguaje del PP esa misma tarde era guerrero”, apuntan sobre la resaca de la moción de censura esas fuentes, que lamentan también la posición que está manteniendo respecto a la prórroga del estado de alarma. El líder del PP quiere que se mantenga solo ocho semanas y descarta el ofrecimiento que ha hecho el presidente en la sesión de control al Gobierno de que se revise por el Consejo Interterritorial de Salud, donde están representadas las comunidades, en marzo.

“Es un error del PP querer convertir en gran debate el control cuando ellos estuvieron siete meses sin ningún tipo de control”, recuerdan desde el Gobierno sobre la negativa de Mariano Rajoy a comparecer en el Congreso el tiempo que estuvo en funciones. “Lo que no queremos es un debate continuo de pim pam pum, que hace un flaco servicio a la democracia”, señalan esas fuentes, que reprochan igualmente a Casado que diga que el decreto de alarma le sirve a Sánchez para sortear el control judicial. “Casado coloca datos falsos. Dice que alarma es sin control judicial y todo tiene control judicial”, reprenden esas fuentes, que recuerdan que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto.

Respecto al control parlamentario, en el Gobierno sostienen que es suficiente la rendición de cuentas que hace Sánchez semanalmente y apuestan por que sean los responsables de los ejecutivos autonómicos los que comparezcan en sus respectivos parlamentos dado que son los que van a aplicar las medidas que establece en el estado de alarma.