Hacienda detectó que los empresarios de las mascarillas vaciaron sus cuentas tras cobrar las comisiones

Luis Medina y Alberto Luceño, los dos empresarios que se embolsaron seis millones de euros en comisiones por vender material defectuoso al Ayuntamiento de Madrid gracias a sus contactos en el consistorio, fueron moviendo el dinero cobrado desde Malasia hasta vaciar sus cuentas en los meses posteriores. Cuando comenzó la investigación de la Fiscalía, apenas quedaban unos pocos euros en sus cuentas. El juez ya ha informado de que, por ahora, no ha podido embargar nada a Medina.

Medina y Luceño empezaron a cobrar esas comisiones a finales de marzo, después de acceder al Ayuntamiento a través del primo de José Luis Martínez-Almeida y entablar un contacto estrecho con Elena Collado, alto cargo del consistorio responsable de centralizar la compra del material. En mitad de esas conversaciones, Almeida llegó a ponerse en contacto con Medina. Él y su socio recibieron dos transferencias el 31 de marzo, de las que Luceño informó a Medina con un elocuente “A la saca”.

Ese día, Luis Medina, hijo de Naty Abascal y el Duque de Feria, recibió dos transferencias desde Malasia en una de sus cuentas con el concepto “Mask”. Después de un historial de fracasos a costa del dinero familiar, el menor de los Medina había hecho el negocio de su vida: por poner en contacto a Luceño con el Ayuntamiento de Madrid se llevó 999.882,18 dólares.

Medina enseguida empieza a traspasar ese dinero a otra de sus cuentas, ya en euros, hasta dejar esa primera casi a cero, como recoge un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso elDiario.es. Desde la otra, solo dos días después de haber recibido la comisión, hace el primer pago del yate Leonardo Eagle 44. Se trata de una transferencia de 93.700 euros a la empresa Leonardo Yachts, con sede en Países Bajos. En los meses siguientes habrá dos transferencias más por ese mismo importe y otra de 44.000 hasta completar los 325.514 euros que se gastó en el barco y que puso a nombre de una sociedad gibraltareña.

Un alquiler de lujo y 56.000 euros con la tarjeta

El mismo día, el 2 de abril, Medina da una señal de 11.000 euros a Ivory Escapes, una empresa de alquileres de lujo en Madrid. En los meses siguientes fue transfiriendo a esa misma cuenta el alquiler de un inmueble por el que pagaba 2.650 euros mensuales. Hace varias transferencias –dos de 10.000 euros a su abogado–, entre las que destacan dos de 5.000 euros y otra de 10.000 bajo el concepto “Préstamos Ayuda” o solo “Ayuda” a Ángel Sánchez Lacal.

Sánchez Lacal es un empresario con varias compañías. Una de ellas es SFS Overseas Trade Corporation, con la que los hermanos Medina gestionaron la importación del yate desde Países Bajos. Otra de sus empresas es Horticalia, que vende fertilizantes. Luis Medina hizo a esa empresa otras dos transferencias por un total de 25.000 euros y ante el fiscal dijo que era un pago por adelantado “para tener acceso a suministros”.

Entre el 20 y el 29 de mayo se produce la compra de los dos bonos empresariales en los que gastó 400.000 euros de la comisión. Medina le ha dicho ahora al juez, que pretendía embargar esos activos, que ya no los tiene. No ha dicho qué ha hecho con esos 400.000 euros.

Según un informe con los movimientos aportado por Deutsche Bank, Medina fue deshaciéndose poco a poco de esos bonos. Parte de ellos los vende desde abril de 2021, cuando Anticorrupción ya le había citado a declarar.

El resto de los fondos se fueron gastando con rapidez. Medina traspasó 60.000 euros a una de sus sociedades y 32.128 a una empresa de gestión de impagos por una deuda con el Banco Santander. Compró con su tarjeta de crédito por valor de 56.524 euros, sacó 15.000 euros en los cajeros e hizo traspasos por Bizum por 17.000 euros. También le embargaron 11.400 euros por impagos.

Medina gastaba a tal ritmo que tuvo que vender activos financieros para seguir teniendo liquidez. Volvió a “consumir todos los fondos”, dice la Agencia Tributaria, hasta que el 21 de septiembre de 2020, poco antes de que se iniciara la investigación de Anticorrupción, tenía un saldo negativo de 8.700 euros.

“Hemos ganado dinero con los coches”

La misma operativa se da en el caso de su socio, Alberto Luceño, aunque en su caso cobró mucho más dinero por inflar los precios de mascarillas, guantes y test. El informe de la Agencia Tributaria recoge que ingresó un total de 4.623.350 euros desde Malasia y transfirió 4.621.924 euros. En su cuenta personal, la Agencia Tributaria solo encontró 6.200 euros.

Buena parte de ese dinero salió con dirección a un concesionario, donde Luceño adquirió todo tipo de coches de lujo. En total les transfirió 1.037.300 euros para la compra de vehículos que incluían un Ferrari o un par de Aston Martin. “Eran coches que valían 700.000 euros, y los conseguimos por 399.000, de tal manera que cuando pase un poco de tiempo los podremos volver a vender. De esos coches comprados ya hay tres que hemos vendido, y hemos ganado dinero con la venta”, le dijo al fiscal en su declaración.

Luceño se gastó también 42.450 euros en varios Rolex y pagó 60.000 euros en un hotel de Marbella al que se fue con su familia. Unos 66.000 euros se traspasaron a la cuenta con su mujer; 10.000 fueron para uno de sus hijos y 12.100 para el otro.

Pero el montante principal, 3,3 millones de euros, fue transferido por Luceño a la cuenta de una empresa que creó poco después del negocio de las mascarillas, y a la que llamó Takamaka. Desde esa cuenta, Luceño gastó casi 200.000 euros en multitud de compras, como viajes y artículos de lujo. Siguió comprando coches de lujo por valor ahora de 600.000 euros, pagó 125.000 euros a una empresa de Países Bajos –un proveedor de pollo, el negocio al que se dedica, dijo al fiscal– e hizo diversas transferencias.

Además, Luceño compró desde la cuenta de su empresa una casa que pagó con dos cheques que suman casi un millón de euros. Se trata de un piso en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

En un momento del interrogatorio, cuando está detallando estos movimientos ante el fiscal, este le advierte de que si detecta que se ha deshecho del dinero para evitar un embargo, le acusará de alzamiento de bienes. “Pero yo el dinero lo pasé a Takamaka”, responde Luceño; el fiscal le advierte que también sería un delito deshacerse de bienes a través de sus sociedades.