El Poder Judicial en funciones critica al Consejo de Europa por “obviar” la “separación de poderes” en su informe sobre el procés

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones —el núcleo duro de la institución formado por el presidente Carlos Lesmes y otros siete vocales— ha emitido un comunicado en el que critica la resolución sobre el procés que aprobó este lunes la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa que pedía la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes. Por unanimidad, la Comisión Permanente “deplora” la aprobación de un informe que, a su juicio, incluye “recomendaciones dirigidas a los jueces españoles para que tomen decisiones en un determinado sentido en relación con la persecución de delitos, obviando los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley”.

El CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018, una situación que le hace mantener una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta. Además de Lesmes, la Comisión Permanente la forman cuatro vocales elegidos a propuesta del PP —Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y Nuria Díaz— y tres designados a propuesta del PSOE —Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda—. 

El CGPJ cuestiona que el informe —aprobado 70 votos a favor, 28 en contra y 10 abstenciones— afirme que los líderes independentistas fueron condenados “por sedición y otros delitos, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos”. Así, el órgano de gobierno de los jueces recuerda que las condenas se produjeron después de “un juicio público y con todas las garantías” y “en aplicación del Código Penal” y que la propia sentencia del Tribunal Supremo también estableció que no se les castigaba por sus ideas o declaraciones sino por sus acciones. 

“Los políticos secesionistas catalanes condenados en modo alguno lo han sido por sus ideas políticas ni por la libre expresión de las mismas. Tampoco por el legítimo ejercicio del derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias y convicciones”, dice el comunicado de la Comisión Pemanente, que también cuestiona el de que la resolución “invite” a las autoridades españolas a que, entre otras cosas, “dejen sin efecto los procedimientos penales de extradición que se siguen contra los políticos catalanes que viven en el extranjero, así como que se abandonen también el resto de los procedimientos penales que se siguen a funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal”.