Operación Portu: historia y destrozos de un “colosal” invento de la Policía

Las hazañas y las derrotas de tres siglos en el campo de batalla se hacen hueco con dificultad en las estanterías de un bajo de Getxo (Bizkaia). Entre condecoraciones de la División Azul emerge un banderín de ‘La Bruja’, como se conocía a la 127 brigada del Ejército republicano; los cascos de milicias internacionales se agrupan, casi amontonados, por bandos, por guerras mundiales… Cantábrico Militaria fue durante casi tres décadas el referente para mayoristas del coleccionismo militar y el principal abastecedor de armas antiguas del cine español. Hasta que la Policía convirtió en 2017 a sus dueños, Jesús Prieto y su hija Amaia, en supuestos cabecillas de una organización internacional de tráfico de armas. Cinco años después, la justicia determinó que el “colosal” despliegue de la Operación Portu se basó en acusaciones falsas: las armas no disparaban. Para entonces, el negocio había mudado en ruinoso y la familia era un manojo de nervios y rencor. El inspector jefe al frente de la investigación había sido condecorado con una medalla pensionada.

A Jesús le quedan tres días exactos para jubilarse como autónomo cuando elDiario.es visita la sede de Cantábrico Militaria, en las postrimerías de septiembre. Vestido con bata azul de operario limpia con un pincel una pequeña montaña de pistolones de época. Acepta a regañadientes ser fotografiado mientras trabaja en lo que la Policía describió como “un taller sofisticado y clandestino”, escondido dentro de “una supuesta tienda de juguetes y artículos de regalo”.

El taller en cuestión son unos ocho metros cuadrados separados del resto del almacén por un panel que no llega al techo y que permite divisar a Jesús casi desde la puerta de la calle. Piezas clasificadas por cajetines con una pegatina, al estilo de las ferreterías, una fresadora y un taladro comprado en unos grandes almacenes integrarían el epicentro de la inexistente red de tráfico de armas. 

A sus 74 años, un cáncer y dos infartos superados no le hacen mella en la indignación. “Son unos sinvergüenzas”, dice Jesús de los policías nacionales que lo investigaron. “Estuvieron vigilándonos semanas, con los teléfonos pinchados… Vino un cliente con un coche con matrícula de Francia... con un niño y su cuñado, que vive en Sestao, y ponen que tenían aspecto magrebí. Y que salieron de aquí llevándose armas. ¡No se van a llevar melocotones!”.

A poca distancia escucha Amaia, licenciada en Bellas Artes que un día decidió sumarse al proyecto familiar. Como su padre, ella pasó tres meses en la cárcel. Aquel 17 de enero de 2017 fue detenida después de dejar a sus dos hijos en el autobús del colegio. “Iba al supermercado a comprar turrón para mi hermano, que trabajaba de maestro en Estados Unidos, y se me cruzó un coche en la acera. Me dijeron que estaba detenida. Pensé que era una broma”, explica.

El 31 de enero de 2022, el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo dictó un auto acordando el sobreseimiento libre para Jesús y su hija. Habitualmente los archivos de las causas son provisionales por si en el futuro aparecieran nuevos indicios. En la Operación Portu el cierre es definitivo: los hechos investigados no encajan en ningún tipo penal. 

El magistrado Iñigo Carlos Martínez Azpiazu asegura en el auto que la Fiscalía se pronuncia “certeramente” cuando describe la actuación policial como “una operación colosal que se ha desbaratado punto por punto”. En el dispositivo de enero de 2017 participaron más de un centenar de agentes, de Euskadi y Madrid. “El 95% de los clientes desaparecieron después de las detenciones”, calcula Amaia.

Los ingredientes de la Operación Portu aspirarían a sainete de no ser por sus consecuencias. La incautación responde a más de 9.000 fusiles inutilizados, pistolas modificadas para que cualquier bala resbale del cañón, un lanzabengalas de los años treinta para náufragos –que los policías describieron como “un arma artesanal”– o una réplica en miniatura de una ametralladora que un periódico agigantó en primer plano, acompañado de un pie de foto que advertía de que podía “derribar aviones”. 

Un vídeo con policías y un arsenal de fondo

Amaia resume la Operación Portu: “Nos han destrozado la vida”. En la acusación incluye a los medios que recogieron y amplificaron la información difundida oficialmente por el Cuerpo Nacional de Policía. La nota de prensa, fotografías y vídeos incluían un gigantesco bodegón, con más de 10.000 armas, ante el cual los responsables del operativo hacían declaraciones. Todo enlatado y servido en un enlace disponible para que los periodistas lo descargasen antes de su difusión. “Yo compraba dos periódicos todos los días. No he vuelto a leer ni el Marca”, cuenta Jesús. 

La exhibición de las armas y la nota de prensa no tuvo lugar cuando se produjo la operación sino dos meses después, el 14 de marzo de 2017. “En el registro, uno de los jefes dijo que había que trasladar todo a comisaría y entonces supe lo que iba a pasar. Si se están llevando las armas, yo no salgo de aquí [la cárcel] en tres meses, pensé”. Y acertó. Los policías de la unidad especializada, desplazados desde Madrid, iban cada día al local para hacer inventario, comprobar que las pistolas y los fusiles estaban inutilizados y trasladarlos a sede policial. 

La exhibición de los miles de fusiles y pistolas se produjo con Jesús y Amaia en prisión y justo el día en que el Parlamento Europeo aprobó una legislación más restrictiva en el uso de armas, reacción de la Eurocámara a los atentados yihadistas de los años precedentes. En las imágenes difundidas por la Policía, el director operativo de Europol aparece felicitando a sus colegas españoles. Durante el despliegue también había sido detenido quien entonces era pareja de Amaia y al que la Policía, observando las visitas que hacía al local donde ella trabajaba, otorgó el papel de “transportista” de la organización. Las actuaciones contra él también fueron archivadas. 

La Comisaría General de Información había trasladado en su informe al juez el “palpable clima de tensión existente en Europa tras los ataques terroristas realizados con diferentes armas de fuego”. En su atestado sobre Cantábrico Militaria, los policías antiterroristas españoles citaban la utilización de armas “originarias de armerías” en casos como la masacre yihadista en la revista Charlie Hebdo, ocurrida en en París dos años antes. A continuación mencionaban otros atentados con armas de fuego aunque no hubiera “armerías” relacionadas. España estaba –y está– en nivel 4 de alerta antiterrorista. Riesgo alto, avisaban. 

La Policía acusó a Jesús Prieto y Amaia de vender primero las armas inutilizadas y luego, por separado, suministrar a los mismos compradores las piezas para que pudieran hacerlas disparar y ponerlas en circulación en el mercado negro. Después no se acreditó ni un solo caso en el que esto se hubiera producido. El despliegue mediático de la incautación de más de 10.000 armas en 2017 fue encogiendo hasta que el informe final, cinco años después, sostenía la acusación de tráfico y depósito de armas en tan solo en 15 pistolas y fusiles “aptos para disparar”. 

Trece de esas 15 armas son anteriores a 1890 y, aunque puedan funcionar, resulta imposible encontrar munición para ellas. En cualquier caso, Cantábrico Militaria tenía permiso para depositarlas y venderlas. Las otras dos son una “Superazul”, pequeña metralleta Mauser que estaba inutilizada para que no pueda disparar en modo repetición, y una Erma, un subfusil de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

El análisis del Erma es paradigmático del trabajo que realizó la Policía Científica para sus compañeros antiterroristas. El informe señala que está “operativo”, aunque “carece del tornillo que fija el selector del disparo”, por lo que en la práctica es imposible su uso. ¿Cómo acreditaba entonces la Policía Científica su utilidad? Pues porque en el Laboratorio “se sustituyó” esa pieza ausente por otra de “un arma de idénticas características”.

Los policías decidieron no incluir en su informe que el subfusil Erma tiene una dedicatoria inscrita, que demuestra que es un regalo de recuerdo. Jesús Prieto había llegado a cederlo para una exposición y en una foto aparece sosteniendo el Erma el entonces alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, junto al delegado del Gobierno, Carlos Urquijo. “De los rojos en Singra (Teruel). Al capitán jefe del Batallón 142. [Fecha] 29 de enero de 1938”, se puede leer en la chapa. 

Un dato incluido en las pesquisas policiales dotaba de relevancia internacional su investigación: el terrorista que mató a cuatro personas en el museo judío de Bruselas en 2014 había adquirido un AK-47, un rifle de asalto, en una armería de Bélgica donde apareció un certificado de inutilización de un arma que había salido de Cantábrico Militaria. 

El certificado de inutilización acompaña a cada arma desde que se convierten en un objeto de colección. El documento hallado en Bélgica no era del rifle utilizado en el atentado y el arma que debía acompañar al documento elaborado por Jesús Prieto nunca fue encontrada. Ese certificado, además, podía haber pasado por un número de manos indeterminada hasta aparecer en el armería belga, según expuso la defensa. 

Las pistolas de Jesús en las películas españolas

Nacido en Salamanca, casado y asentado en Bizkaia desde hace más de cincuenta años, Jesús Prieto expresa vehemencia y amargura cuando habla de la Operación Portu. Se refiere genéricamente al entorno y los clientes que le decepcionaron tras sus detenciones y se detiene en quienes le prestaron su ayuda. Sobre todo en Reyes Abades, especialista en efectos especiales ganador de ocho premios Goya y que, según cuenta, se desvivió por defender su inocencia los meses que sobrevivió al operativo. Abades falleció en febrero de 2018. 

La relación de Cantábrico Militaria con el cine ha dejado un rastro imperceptible en la memoria de los espectadores. Del almacén de Jesús Prieto han salido las pistolas y los rifles que muestran los personajes de '23-F', 'Gernika', 'El Laberinto del Fauno', 'Lasa y Zabala' o 'Los últimos de Filipinas'. Esas mismas armas de atrezzo permanecieron años incautadas por la Policía, sufriendo la corrosión de mantenerlas en contenedores al aire libre. 

La llamada de un cliente investigado

Cantábrico Militaria estaba fiscalizada por la Inspección de Armas de la Guardia Civil en Getxo. Uno de sus miembros declaró durante la instrucción que conocía la empresa desde hace años, que cuando acudía sin avisar podía recorrer el local libremente y que las armas de que disponían Jesús y Amaia, o bien estaban inutilizadas o en proceso para ello, con todos los permisos en regla. También confirmó que Cantábrico Militaria compraba al Ministerio de Defensa la gran mayoría de las armas que inutilizaba y luego vendía a mayoristas del coleccionismo. 

¿Cómo pudo fijarse entonces la Policía antiterrorista en la empresa de Jesús Prieto y presentar al juez un atestado por tráfico y tenencia ilícita de armas? En la exposición policial aparecen conjeturas para convencer –“engañar”, según la defensa– a la juez que autorizó los pinchazos, los seguimientos y las posteriores detenciones, registros y encarcelamientos. 

Todo comenzó con una llamada de teléfono intervenida en el transcurso de una causa que seguía un juzgado de Carlet, en Valencia. Un individuo que estaba siendo investigado por tenencia y tráfico de armas telefonea a Cantábrico Militaria. Amaia le recuerda como “un cliente más”, un supuesto coleccionista octogenario de los pocos que no son mayoristas, “algo obsesivo tal vez”. Nunca le conocieron en persona, como a la mayoría de los compradores. 

En la conversación, el cliente pide a Jesús Prieto piezas para una pistola Astra 300, conocida como “El Purito”, por su pequeño tamaño, ideal para los aviadores en la Guerra Civil. Jesús le explicó que no tenían “piezas fundamentales”, consideradas así por ser necesarias para que la pistola funcione. El resto de piezas que podía ofrecerle estaban en el catálogo de Cantabria Militaria, a disposición de cualquier cliente. 

Los investigadores de la Comisaría General de Información lograron, a partir de esa conversación, que la jueza de Carlet abriera una pieza separada para investigar otras posibles relaciones de Jesús Prieto y Amaia con presuntos traficantes de armas. De esa forma arrancaba la Operación Portu. Con el tiempo, la jueza se inhibió en favor de un juzgado de Getxo. 

“Obscenidad” de los policías

El gran arsenal, depositado en Basauri, comenzó a ser devuelto a sus dueños más de cuatro años después de su incautación. La Policía se resistía porque una nueva directiva europea, más exigente sobre la inutilización de las armas, obligaba a volver a operar sobre ellas. Finalmente, la Audiencia Provincial de Bizkaia autorizó en 2021 su reintegro a Cantábrico Militar. El goteo fue lentísimo y a día de hoy restan 40 armas por devolver a los Prieto, entre ellas la ‘Súper Azul’,  valorada en 3.000 euros. 

Jesús se enciende al recordar otros detalles, como que la Policía aún no le ha devuelto las botellas de vino y otros obsequios que había recibido como regalos de empresa la Navidad anterior a las detenciones, hace más de seis años. Tampoco el costoso circuito de videovigilancia que los supervisores de la Guardia Civil obligan a las militarias a tener activo. 

Aunque lo que más duele al dueño de la Cantábrico es el estado de destrozo en el que la Policía dejó su negocio: maquetas de barcos tiradas por los suelos, paredes levantadas, piezas de coleccionista desparramadas por los rincones, caricaturas obscenas a rotulador en las cajas y un guante de una armadura con el dedo corazón levantado que los policías dejaron bien visible tras el registro. “Parecía que había pasado Atila con su puto ejército”, se indigna.

Los policías también pusieron énfasis en los obuses encontrados en Cantábrico Militaria. La Fiscalía y el juez terminaron por concluir que “se encuentran vacíos, sin propulsor ni explosivo”. “Ninguna munición o explosivo se halló en los registros, ninguna espoleta ni mecanismo que provoque explosión alguna. Ninguna lesividad se desprende del depósito de las mismas, pues carecen de todos y cada uno de los elementos que permitirían detonar tales armas, no hallándose ninguna en estado de funcionamiento”, recoge el auto que exculpa a los Prieto.

Dos medallas para los investigadores

Los atestados de la Operación Portu están firmados por los policías nacionales con carnet profesional 89.512 y 127.200. El primero, el más veterano, es hoy comisario y sigue destinado en la Comisaría General de Información, los servicios centrales antiterroristas de la Policía. Con ocasión del patrón de la Policía de 2017, la primera ocasión que hubo tras la operación, fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que conlleva un incremento vitalicio de un 10% en su nómina. 

Las condecoraciones son propuestas por los superiores, en este caso de la Comisaría General de Información, y firmadas por el ministro del Interior de turno tras su aprobación en la Junta de Gobierno del Cuerpo. En ese momento, el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular, y su número dos, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y responsable político de la Policía y la Guardia Civil. elDiario.es ha solicitado a Nieto su versión, que no ha contestado a las llamadas y mensajes enviados.

El segundo responsable directo de la Operación Portu fue el inspector con carnet profesional 127.200. Su recompensa consistió en una Medalla Blanca al Mérito Policial, sin asignación económica. El inspector colabora con academias de formación de policías y en marzo pasado dejó la Comisaría General de Información para convertirse en asesor del actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el número dos de Fernando Grande-Marlaska.

El responsable máximo de la Comisaría General de Información de la época, el comisario Enrique Barón, se ha limitado a declarar a este periódico que las investigaciones policiales “están tuteladas por los jueces y los fiscales”.

El viaje abortado a Las Vegas

El juez de Getxo que cerró definitivamente el caso aprovechó el auto archivado para destacar la “rectificación” que en sede judicial realizó el perito de la Policía Nacional. Nueve armas de las 15 que llegaron hasta el final de la instrucción como sospechosas son consideradas “antiguas”, anteriores a 1890, con lo que basta con reflejarlo en el Libro del Coleccionista, tal y como certificó la Guardia Civil en sede judicial. 

La operación policial contra Cantábrico Militaria se precipitó en enero de 2017 porque los policías escucharon a Jesús y a Amaia sus planes de acudir a una feria en Las Vegas, la de mayor prestigio internacional en el coleccionismo militar. Querían vender 10.000 fusiles Cetme, muy apreciados en Estados Unidos. La legislación que acababa de aprobar el Parlamento Europeo, y que no entró en vigor hasta 2020, obligaba a introducir nuevas modificaciones para su inutilización, adicionales a la que ya tenía, con un gasto que a Jesús y Amaia no les compensaba. Así que decidieron buscar comprador. Ahí es donde vieron los investigadores otro indicio de tráfico de armas internacional. 

Ni a Jesús ni a Amaia les gusta empuñar armas más que para repararlas. “A veces me invitan a tirar y nunca voy”, dice él. Defienden que la historia se cuenta a través de los cascos, uniformes, pistolas y subfusiles utilizados en las batallas. Mientras, exhiben una de las “joyas” de su colección, una pistola Astra único modelo, de orfebrería en su cañón y empuñadura de nácar, que luce el escudo de la II República. Jesús cuenta que es única y que se fabricó para Manuel Azaña. El precio, dice, es incalculable: “El que se quiera pagar”. Cuando se publique este artículo, Jesús habrá dejado lo que queda del negocio a su hija Amaia. “Es la mayor experta de España”, presume. 

Sigue el nuevo canal de WhatsApp de elDiario.es con las claves del día y las últimas horas más importantes.