Pablo Iglesias y Albert Rivera reaccionan ante la reedición del bipartidismo
![Albert Rivera y Pablo Iglesias.](https://static.eldiario.es/clip/7d4a27f6-604e-4b54-87e7-37def6559a6f_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Del “no es no” al 155. De la mesa de coordinación con Unidos Podemos, a apoyar el recurso del Gobierno para impedir la investidura de Carles Puigdemont. Del pacto de investidura con Ciudadanos, a los pactos de Estado con el PSOE. Del veto mutuo, al acuerdo para impulsar una reforma electoral en España.
El mapa político surgido tras el 20D y el 26J repartió mínimos entre PP y PSOE y aupó a Unidos Podemos y Ciudadanos a un papel clave en la construcción de mayorías, reservado en las décadas previas a los partidos nacionalistas.
Pedro Sánchez intentó espantar el fantasma de la gran coalición con el “no es no” a la investidura de Rajoy, facilitada finalmente por la gestora del PSOE tras destronarlo en octubre de 2016. Pero ese mismo Pedro Sánchez, que perdió la secretaría general del PSOE para reconquistarla en mayo de 2017, acordó con Pablo Iglesias en julio la puesta en marcha de una mesa de coordinación parlamentaria que nunca se ha reunido.
Y, dos meses después, se encontraba negociando con Mariano Rajoy en Moncloa la respuesta al independentismo catalán que desembocó en la intervención de la autonomía catalana por medio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Mientras tanto, Ciudadanos, el partidario más vehemente de la mano dura con Catalunya, contemplaba las negociaciones entre Rajoy y Sánchez por las redes sociales.
El 21D no ha terminado de despejar el panorama catalán, pero sí ha sostenido en el tiempo la entente entre PP y PSOE. La misma entente que pactó la sucesión a la corona en 2014 en plena crisis política vuelve a acordar la respuesta ante la crisis territorial –y poltítica–, incluido el penúltimo capítulo: el polémico recurso del Gobierno ante el TC para impedir la investidura de Carles Puigdemont en contra del criterio del Consejo de Estado y sobre el cual el propio Tribunal ha tenido que buscar una solución de compromiso para no romper su unanimidad interna.
Si el eje nacional –nación española Vs nación catalana– estrecha el carril político a Unidos Podemos mientras se lo amplía a PP, PSOE y Ciudadanos; y el eje de la legalidad-legitimidad se inclina demoscópicamente del lado del 155, la estrategia pasa por cambiar la agenda y poner sobre la mesa problemas subyacentes y preexistentes –corrupción, desigualdad, regeneración democrática– para intentar jugar en un terreno más propicio.
Iglesias lo explicaba así en una entrevista reciente en eldiario.es: “Cuando las preguntas son sobre la cuestión social nosotros podemos hacer compatibles las emociones con las soluciones más sensatas. Cuando hablamos de sufrimientos, dolores y pérdidas de expectativas se genera una emoción política muy fuerte. Entroncamos con un sentimiento de injusticia, de dolor ante lo que implicaban los desahucios, la emigración de los jóvenes, el paro o la degradación de los servicios. Ese es nuestro terreno. Nosotros somos la fuerza que representa esa emoción política frente a las élites. Cuando entramos en el tema territorial nosotros estamos fuera de la geografía de las emociones. Ahí emocionan otras cosas, como la identidad 'Catalunya' o la identidad 'España' que se expresan a través de unos significantes muy concretos como son las banderas. Nosotros ahí tenemos la propuesta más sensata, la mayoritaria. Pero estamos fuera de la emoción política y nuestra propia gente se aleja”.
¿La reforma electoral conecta con el votante de Unidos Podemos y las confluencias? Quizá no tanto como la desigualdad o la corrupción; pero sí que supone un cambio de la conversación, dominada por Catalunya.
Y si la conversación es sobre Catalunya, el bipartidismo se refuerza, y en esa suerte de flashback 2015, Podemos y Ciudadanos quieren recuperar el espíritu del eje nuevo-viejo, por encima del eje izquierda-derecha, a través de la bandera de la regeneración democrática. Y ahí entra la apuesta por la reforma electoral, que es también el camino para marcar una línea entre quienes quieren actualizar las reglas democráticas de 1977 a la España de 2018 y quienes prefieren mantenerlas; entre quienes quieren ensanchar unas normas que tradicionalmente han beneficiado al bipartidismo y quienes, precisamente por eso, se sienten cómodos con esas normas.