Pedraz envía a un juzgado de Madrid el caso del guardia civil que confiesa ilegalidades en una grabación

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a un juzgado lde Madrid la investigación al brigada de la Guardia Civil que confiesa varias ilegalidades en una grabación. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz considera que la competencia para investigar los hechos corresponde al juzgado que por reparto corresponda de Plaza de Castilla, tal y como le había propuesto la Fiscalía Antidroga.

El juez Pedraz interrogó como investigado el pasado septiembre al guardia civil Sergio B., destinado en el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid. El brigada aparece en unas grabaciones asegurando que había colocado balizas ilegales y ordenado interrogar a un detenido sin presencia de un abogado. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional explica en su auto que el brigada fue citado como investigado por un presunto delito cometido por funcionario público, concretamente el 536, que castiga con inhabilitación de dos a seis años a aquel que viole la intimidad de un ciudadano interceptando sus comunicaciones.

La fiscal del caso, Dolores López Salcedo, se había opuesto a la declaración del brigada, pero después del interrogatorio de Pedraz cambió de criterio y propuso que los hechos fueran investigados en un juzgado de Madrid. Alegaba que el resultado de las balizas supuestamente ilegales colocadas a unos investigados por narcotráfico se incorporó a un juzgado de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, por lo que el delito se habría consumado en esta ciudad.

De acuerdo con la fiscal, Pedraz concluye que debe ser un juzgado de Madrid capital quien investiga, con independencia de que la colocación de las balizas se hubiera “planeado y puesto en funcionamiento en la sede de la oficina del investigado”, ya fuera en Las Rozas, Móstoles o Tres Cantos, localidades donde la Comandancia de la Guardia Civil tiene sus sedes.

Los letrados de los presuntos narcotraficantes a los que investigaba el brigada en una causa lograron que el juez incorporara las grabaciones, realizadas por una mujer con la que el brigada mantuvo una relación esporádica. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el brigada trató de convencer al juez de que estaba fingiendo y que sabía que la mujer era un señuelo de la organización de narcotráfico investigada. La grabación acababa con el guardia civil y la mujer pagando la habitación de un hotel. 

En la grabación aludida, el brigada atiende una llamada de su jefe, el responsable del Grupo de Delitos Económicos, al que da a entender que el teniente es conocedor de las ilegalidades y está al frente de las mismas. “Mi jefe solo quiere que suene”, se le oye en la grabación, refiriéndose a la repercusión mediática de las operaciones de su grupo.

De esas investigaciones, la más mediática fue la que consiguió que una jueza de Madrid imputara al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, a sabiendas del riesgo para la población por la expansión de la Covid-19.

Los atestados del brigada y su grupo buscaban señalar a miembros del Gobierno, pero resultaron ser un cúmulo de conjeturas, tergiversaciones y bulos con sesgo ideológico. La causa resultó archivada después de un enorme terremoto político en plena crisis pandémica. Con independencia de ello, Pedraz se ha centrado en investigar las presuntas actividades ilegales de los guardias civiles en relación con el caso que investiga en su juzgado, el de narcotráfico y blanqueo.