Pensiones, sanidad o memoria histórica: el Gobierno veta una cuarta parte de la iniciativa legislativa de la oposición
Dos hermanas vivían en una residencia de mayores, juntas, hasta que la Seguridad Social las amenazó con dejarlas sin su pensión no contributiva de 400 euros porque entendía que formaban parte de una misma unidad familiar para financiar su mantenimiento. Se separaron para no perder esa ayuda. Hace unas semanas una de ellas falleció alejada de su hermana.
Un cambio en la ley o una interpretación jurídica diferente de la misma habría impedido esa situación. El Gobierno ha impedido que el Congreso afronte ese debate vetando una proposición de ley del PSOE para especificar que a la hora de recibir una pensión no contributiva no se puede considerar una misma unidad familiar a los segundos o terceros grados de consanguinidad que residan en centros para mayores. El Ejecutivo vetó la iniciativa amparándose en el artículo 134 de la Constitución que le permite no dar su conformidad a la tramitación de determinadas proposiciones que supongan un aumento del gasto.
No es el único caso. El Gobierno ha vetado 50 propuestas de la oposición (o de los parlamentos autonómicos) de los que ha impedido 44 debates. Esas cifras suponen que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vetado más de una cuarta parte de las proposiciones de ley que ha calificado la Mesa del Congreso (168 según los socialistas).
PSOE y Unidos Podemos han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional ante lo que consideran un uso “arbitrario” de esa potestad constitucional. Los socialistas han basado su argumentación en el caso de las dos hermanas que se vieron afectadas por la Ley General de la Seguridad Social.
El grupo que lidera Pablo Iglesias llevó ante el alto tribunal el veto impuesto por el Gobierno a una iniciativa que planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares. Unidos Podemos sostenía en su escrito que, de aprobarse la medida, no tendría efectos sobre los presupuestos vigentes ni los de los tres ejercicios siguientes (que son los que están cubiertos por los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca Bruselas). No es el único debate que ha rechazado el Gobierno en materia energética. PP y Ciudadanos impidieron levantar el veto al impuesto al sol.
La revalorización de las pensiones conforme al crecimiento del IPC también fue vetada. Las medidas vinculadas con la Seguridad Social son generalmente rechazadas, como la que planteaba un incremento en las prestaciones para la crianza de los hijos.
La universalización de la sanidad es otra de las propuestas que se ha topado con el 'no' del Gobierno, que vetó la iniciativa del PSOE y la que llegó del Parlamento asturiano. Sanidad cifra en 1.250 millones la ampliación de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras y en eso se escuda para impedir su tramitación parlamentaria.
La supresión de las tasas judiciales también se encontró con el rechazo del Gobierno porque supondría 15 millones del erario. El Gobierno vetó la bajada del IVA para actividades culturales, como el cine, y mantiene congelada la promesa a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Los conservadores también negaron al Congreso la posibilidad de debatir que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista fueran indemnizadas, como solicitó ERC. El Ejecutivo se escudó en que su aprobación supondría un coste de 4.300 millones de euros.
El veto del Gobierno no entiende de grupos políticos, ya que ha vetado iniciativas impulsadas por todas las fuerzas con representación parlamentaria, incluido el PP. Moncloa se opuso a la tramitación de una propuesta que llegó del Parlamento gallego, con el respaldo de la mayoría absoluta conservadora, para que los preferentistas recibieran el 100% de su inversión. Lo mismo sucedió con la iniciativa avalada por Alberto Núñez Feijóo en favor del rescate de la autopista AP-9.
Solo ha habido seis casos en los que el veto del Gobierno se ha corregido o impedido. El más sonado fue el de la regla de gasto. Unidos Podemos propuso que los ayuntamientos saneados pudieran invertir su superávit. El Gobierno lo vetó pero llegó cuatro minutos tarde el escrito que rechazaba la reconsideración. Conclusión: empieza la tramitación, aunque PP y Ciudadanos tienen en la ampliación de los plazos de enmiendas su segundo arma para bloquear la iniciativa parlamentaria.
La Mesa del Congreso desoyó en dos ocasiones el veto del Gobierno: uno para la paralización de la implantación de la LOMCE y la otra para hacer cambios en el Estatuto de los Trabajadores en la parte que afecta a los subcontratados.
Esa decisión del órgano que pilota la actividad del Congreso motivó al Gobierno a plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional para que lo resolviera. No obstante, los tiempos de la institución, a la que no pidió medidas cautelares, hacen que aún no haya un pronunciamiento.
Al inicio de esta legislatura, el PSOE planteó un conflicto ante el Constitucional por el plantón del Gobierno –en ese momento en funciones– al Parlamento en la actividad del control. La situación fue inédita ante el bloqueo en la investidura, pero aún no hay respuesta a cuál debe ser el procedimiento si el desgobierno se repite.
