PP y Ciudadanos rivalizan también por ver quién defiende mejor el castellano en Catalunya
La particular batalla que hay abierta entre el PP y Ciudadanos se ha extendido también a la política lingüística. En plena escalada de tensión con los partidos nacionalistas y sin que se haya formado aún Gobierno en Catalunya, ambos partidos se han embarcado en una nueva carrera para ver quién defiende mejor el castellano ante el “arrinconamiento” que creen que sufre frente a las lenguas cooficiales.
Pese a que tanto el PP como Ciudadanos coinciden en el fondo en sus planteamientos sobre la lengua, como uno de los “pilares de la unidad de España”, cada formación está impulsando sus propias 'recetas' en un afán por demostrar que son ellos los que están llevando la iniciativa política ante los planes de “los separatistas”.
En Catalunya el Gobierno tiene prisa y busca una fórmula para que los padres, a la hora de preinscribir a sus hijos en las escuelas, puedan optar por elegir el castellano como lengua vehicular sin necesidad de pedirlo previamente por escrito, como ocurre hasta ahora.
Para ello, Rajoy quiere aprovechar la vigencia allí del artículo 155 de la Constitución que da atribuciones al ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo a ejercer como conseller d'Ensenyament. El Gobierno quiere asegurar que los escolares cuenten en Catalunya con un 25% de horas lectivas en castellano, como mínimo.
Indignación entre los nacionalistas
La decisión ha desatado las iras de los nacionalistas que consideran esa posibilidad una “injerencia”y “un ataque frontal al modelo lingüístico catalán”. Tanto el PDeCAT como ERC han pedido “respeto” por el modelo de la escuela catalana.
Ante esta situación, la diputada de ERC, Teresa Jordá, ha urgido a ambas formaciones a ponerse cuanto antes de acuerdo para pactar un gobierno y “poder quitarnos la losa del 155 de encima”.
También el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado a Rajoy de “sobrealimentar” el nacionalismo español e intentar dividir a los alumnos catalanes por su lengua.
“Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como ”secreto de Estado“ todas las informaciones sobre el Imán de Ripoll”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
Pero no es solo el Gobierno y el PP los que están aprovechado la parálisis política que vive Catalunya. Ciudadanos también compite con el PP para ver cuál de los dos partidos defiende mejor la lengua castellana frente a los nacionalistas.
La semana pasada los de Rivera se adelantaron a los conservadores anunciando una Proposición de Ley en la que piden que no sea obligatorio conocer las lenguas cooficiales a la hora de acceder a un puesto de trabajo en la administración pública autonómica. Creen que ese conocimiento solo debe ser “un mérito” pero nunca “un requisito” indispensable para ocupar un cargo en un organismo público en Catalunya, País Vasco, Galicia, Baleares o Comunidad Valenciana.
El argumento que esgrimen es que no les parece bien “que el idioma sea una barrera” y que las lenguas cooficiales se impongan al castellano “de manera genérica”. En la presentación de la propuesta José Manuel Villegas puso como ejemplo el de un cirujano, que en su opinión no necesita saber una lengua cooficial para ejercer.
La idea fue rechazada por la mayoría de los grupos. Incluso por el PP, cuyo portavoz, Rafael Hernando, recordó que el sistema vigente “funciona bien”. Hernando dijo que si un médico no habla el idioma cooficial de la comunidad en la que ejerce, “lo puede aprender” para atender a sus pacientes en esa lengua.
Girauta cambia de pregunta en la sesión de control
Aunque reconocen que en el fondo no hay grandes diferencias de criterio entre ellos y los populares, el líder de Ciudadanos está decidido a utilizar también este asunto como arma política contra el Gobierno. Prueba de ello es que han modificado una de las preguntas que tenían preparadas para la sesión de control del miércoles que viene que versaba sobre la decisión de Montoro de prorrogar “sine die” los Presupuestos de 2017 sin traer al Congreso los de 2018.
Así, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se dirigirá al titular de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, para preguntarle “¿cómo piensa el Gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular, junto al catalán a partir del curso 2018/2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña?”.
La situación de confrontación se parece bastante a cuando se desató la polémica sobre el “adoctrinamiento” que ambos partidos mantienen que hay en la escuela pública catalana y balear, principalmente. Pese a sostener lo mismo, cada uno fue por su lado, rivalizando y criticándose mutuamente.
En octubre de 2017, los de Rivera se quedaron solos en su moción en la que se instaba a la Alta Inspección del Ministerio de Educación a realizar mayores controles en los centros públicos para garantizar los derechos y la igualdad de los alumnos en materia lingüística. El PP se abstuvo.
El PP también se ha llevado varios revolcones en sus propuestas sobre adoctrinamiento, muy similares a las de Ciudadanos. Hasta el punto de que en uno de los debates, el portavoz de Unidos Podemos- En Comù- En Marea, Joan Mena, tuvo que ser amonestado por Ana Pastor por decir que el PP y Ciudadanos “parecen gorrinos peleando en una charca de barro para demostrar un adoctrinamiento inexistente”.
Lo cierto es que antes de las elecciones catalanas, el Gobierno ya puso sobre la mesa la posibilidad de revisar algunas de las transferencias de competencias, una de ellas la de Educación. Así lo admitió el Gobierno de Mariano Rajoy reconociendo que el asunto se podría abordar en el Congreso, en la comisión que estudia la futura reforma constitucional.
Fue durante un desayuno del Fórum Europa celebrado en Bilbao, en el que el titular de Justicia, Rafael Catalá, alertó de que “el desafío secesionista en Catalunya” estaba abriendo una nueva etapa que, a su juicio, podría suponer que “algunas políticas que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, han puesto ahora de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante”.
“No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales”, comentó Catalá.
