El PP permite la entrada de la extrema derecha en un Gobierno por primera vez en Murcia

En Europa se aísla a la extrema derecha con cordones sanitarios para que pinten lo menos posible en las instituciones mientras que en España su irrupción en los parlamentos regionales sirvió en 2019 para que el PP con sus peores resultados apuntalase su mermado poder territorial: gracias a Santiago Abascal logró gobernar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la Capital, Andalucía y la Región de Murcia. Pero ahora el partido de Pablo Casado pretende dar un paso más: permitir que la extrema derecha empiece a gestionar dinero público desde un Gobierno autonómico. El presidente murciano, que ha superado la moción de censura gracias a tres tránsfugas de Ciudadanos, negocia con los tres diputados expulsados de Vox su incorporación al Ejecutivo regional –donde la semana metió a tres diputados de Ciudadanos que cambiaron de barco y al siguiente en la lista al grupo parlamentario– a cambio de garantizarse la estabilidad en lo que queda de legislatura.

La operación la ha apadrinado el líder del PP, que se trasladó a Murcia para celebrar el fracaso del intento fallido de Ciudadanos y PSOE de arrebatarles el poder. “Hoy empieza la reunificación del centro derecha”, proclamó ante el mejunje de tránsfugas y disidentes que hicieron posible al PP conservar uno de los pocos bastiones en los que mantuvo el poder pese a la victoria de los socialistas.

Tras promover el transfuguismo en la Región ofreciendo puestos de Gobierno a tres de los diputados de Ciudadanos que necesitaba el PP para tumbar la moción de censura –lo que el secretario general, Teodoro García Egea, definió en el Congreso como “dignidad”–, López Miras ha pasado al siguiente episodio negociando con los tres parlamentarios disidentes de Vox su entrada en el Ejecutivo para amarrar la legislatura, amenazada desde que la dirección de Ciudadanos dio por roto el acuerdo y trató de hacerse con la presidencia gracias a los socialistas.

El presidente murciano ha ofrecido a esos tres parlamentarios de extrema derecha –que antes habían sido expulsados del partido, aunque se mantienen en el grupo de Vox para evitar su desaparición y mantener los beneficios parlamentarios– la Consejería de Educación y Cultura, una cartera especialmente sensible ya que la intención es impulsar el veto parental en la comunidad autónoma. Esa es una de las propuestas estrella de la extrema derecha en España y consiste en un papel que permite a los padres vetar las actividades extraescolares que van en contra de sus creencias. Está muy dirigido a vetar charlas y talleres contra la homofobia, bifobia y transfobia, aunque engloba todo tipo de cuestiones morales, religiosas o ideológicas. Precisamente las reticencias de Ciudadanos a aplicar lo que Vox llama 'pin parental' impedía el apoyo de los díscolos del partido de Abascal a los presupuestos regionales.

Mabel Campuzano es la diputada de la extrema derecha que se perfila como nueva consejera de Educación y Cultura. Cuando saltó el escándalo de la vacunación de altos cargos del Gobierno que se llevó por delante al entonces consejero de Sanidad, Manuel Villegas, por haberse administrado la dosis, Campuzano dijo que había sido “valiente” y defendió tener “serias dudas” respecto a la vacuna. “No se ha experimentado lo suficiente, y advertimos que seremos muy beligerantes con cualquier intento de hacerla obligatoria”, afirmó. “Vamos a cuestionar también las pruebas PCR, y no nos importa que nos llamen negacionistas, conspiranoicos o terraplanistas. Lo que sí soy es preguntacionista”, agregó.

Dentro del pacto, López Miras se compromete a acabar la legislatura a cambio de que esos parlamentarios apoyen el cambio en la ley que le permitiría presentarse a las elecciones en caso de anticipo ya que modificaría la limitación de dos mandatos a ocho años que rige de momento en esa autonomía. Con la maniobra, el PP trata, además, de absorber a la extrema derecha dentro de sus propias filas en un feudo en el que Vox tiene mucho predicamento –le adelantó en 10.000 votos en las últimas elecciones generales–, pero donde no tiene representación como tal desde que expulsó a tres de los cuatro diputados que obtuvo en la Asamblea regional en 2019 por cuestiones de administración interna: eliminaron de las cuentas del partido a la dirección nacional y despidieron a cuatro trabajadores.

En contra de la bandera contra la extrema derecha que enarbolan dirigentes de la familia europea del PP, como Angela Merkel, el partido de Casado no tiene ningún complejo a la hora de gobernar gracias a Vox. “Me vine arriba hablando de mayoría absoluta –expresó Isabel Díaz Ayuso en una entrevista sobre la intención que había mostrado de gobernar sola–, pero no tengo ningún problema en pactar con Vox”. Más allá de eliminar cualquier atisbo de cordón sanitario a la extrema derecha, algunos dirigentes del PP blanquean incluso el discurso incorporándolo al suyo. La presidenta madrileña cuestionó recientemente la violencia machista al afirmar: “También hay violencia contra el hombre, sufren incluso más agresiones que nosotras”.

Casado, que se juega en buena medida su liderazgo en las elecciones madrileñas, evita cualquier tipo de desautorización a Ayuso y, en el caso de Murcia, ha apadrinado toda la operación. El líder del PP se desplazó a la asamblea regional para celebrar el fracaso de la moción de censura. Desde allí agradeció el apoyo a los diputados tránsfugas de Ciudadanos y a los tres díscolos de Vox por haber “apostado por la estabilidad política, la prosperidad económica y por la libertad individual”. “Estoy contento porque hoy empieza la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular”, dijo Casado, que puso a los todos esos parlamentarios como ejemplo de la reconstrucción del centro derecha “por la base”, a pesar de las negociaciones en las que se implicó su número dos en Génova, Teodoro García Egea.

Entre tanto, el PP se ha lanzado a recoger los restos de Ciudadanos, que sufre un goteo de bajas en sus filas desde la operación impulsada por Inés Arrimadas y el PSOE. De hecho, ha fichado al que fue secretario de Organización con Albert Rivera, Fran Hervías, que conoce al dedillo la estructura territorial de Ciudadanos y que incluso se citó con varios parlamentarios de la formación que posteriormente anunciaron su marcha del partido, tal y como publicó El Español.