La traducción en juicios, entre el “intrusismo” y la “precariedad laboral”

El colectivo de intérpretes y traductores judiciales y policiales denuncia “intrusismo” y “precariedad laboral” en la profesión, en especial con las empresas privadas, contratadas por la administración, que a menudo suministran intérpretes a bajo precio “sin cualificación”.

Lo han hecho esta semana durante una jornada organizada por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), con motivo de su décimo aniversario, en la sede del Parlamento Europeo de Madrid, donde el colectivo ha expuesto los problemas que acusa una actividad “esencial” en la justicia.

Con la participación de miembros destacados de la judicatura, la educación, varios ministerios y la Policía, la jornada se ha centrado en analizar principalmente la situación “sin controlar” de los intérpretes judiciales que actúan como autónomos en empresas adjudicatarias de estos servicios.

Para las empresas que suministran a estos trabajadores “freelance”, que no han superado una oposición como los que están en plantilla en el Ministerio de Justicia, no existe un control de la cualificación de estos intérpretes.

Camareros con conocimientos en idiomas que actúan como intérpretes en juicios para ganar dinero extra o traductores que “modifican, tergiversan o simplemente se inventan” lo que dice un acusado durante una vista son algunos de los ejemplos que se han puesto sobre la mesa.

Ya el año pasado, el Defensor del Pueblo admitió una queja por parte de numerosas asociaciones del colectivo y universidades que imparten grados sobre la materia donde se denunciaba el problema y se documentaban casos de intérpretes con antecedentes penales o que filtraban información a los investigados.

“Cualquier persona que acredite que sabe un idioma puede presentarse en cualquiera de estas agencias, se le asigna un juzgado y ya está”, según María Jesús Blasco, vicedecana del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Jaume I de Castellón, quien exige formación “para que los traductores judiciales actúen con garantías”.

Existe consenso en que la situación es “grave”, ya que puede “vulnerar el derecho de defensa y las garantías procesales” de un acusado en un juicio o de un detenido en comisaría.

“Nunca debe haber negocio detrás de esto porque siempre que haya un interés económico está viciado el sistema”, sostiene el coordinador de intérpretes judiciales en Las Palmas, Miguel Ángel González, encargado de asegurar la calidad de las traducciones en una región que, por su situación geográfica, exige además especialistas en “lenguas exóticas”.

La asociación mayoritaria de profesionales de este sector, que aún no cuenta con una regulación específica, denuncia la “precariedad laboral” que sufren quienes trabajan para este tipo de empresas, con “tarifas irrisorias” que generan una “situación de desamparo”.

“En juicios penales, por propia dignidad profesional, yo me he negado a trabajar por ocho euros la hora”, asegura José Luis Díez, representante de los traductores e intérpretes de Cataluña.

Además, el jefe de Servicio de Traducción e Interpretación de la Policía Nacional, José Antonio Yubero, reitera el problema del “intrusismo” en la profesión de intérpretes y traductores, por lo que apostó por “regular la situación” y “sensibilizar a las altas esferas sobre esta problemática”.

Un intrusismo que paulatinamente ha empujado a los intérpretes profesionales, la mayoría de ellos con titulación superior, a abandonar su carrera de traductor a causa de un mercado saturado donde las empresas adjudicatarias no cumplen con las exigencias de calidad y rebajan las condiciones laborales.

Por su parte, los representantes de los ministerios de Justicia y Exteriores presentes en la jornada se han comprometido a revisar los sistemas de acceso, las certificaciones de calidad y la provisión de intérpretes judiciales para acabar con una “flexibilización” del sector que pone en entredicho la calidad de las traducciones judiciales.