La violencia acecha la frágil transición democrática en Sudán

La represión de los manifestantes en Sudán esta semana ha hecho colapsar el diálogo entre la junta militar que gobierna el país y la oposición civil, y amenaza con hacer descarrilar la frágil transición a la democracia iniciada tras el derrocamiento hace dos meses del presidente Omar al Bashir.

“Va a ser difícil persuadir a la oposición para que vuelva a la mesa de negociaciones después de los muertos y los heridos en un ataque injustificado”, explica a Efe el analista del centro International Crisis Group, Murithi Mutiga, en referencia al asalto el pasado lunes a la acampada que los manifestantes mantenían desde abril frente a la sede del Ejército en Jartum.

¿VUELTA A LAS NEGOCIACIONES O CAOS?

Los generales y los grupos y partidos opositores llevaban semanas negociando la formación de un Gobierno transitorio integrado por uniformados y civiles, pero tras la violencia la coalición Fuerzas de la Libertad y el Cambio suspendió todos los contactos, mientras que la junta militar anuló los acuerdos alcanzados hasta el momento y anunció elecciones anticipadas en un plazo de nueve meses.

Ayer, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, acudió a Jartum para intentar resucitar las conversaciones, pero la principal plataforma opositora rechazó regresar al diálogo hasta que se investigue y castigue a los responsables de la muerte de decenas de personas (61, según el Gobierno; 113, según la oposición) en el desalojo de la sentada y la represión en las calles de la capital en los días posteriores.

Mutiga advierte de que si las partes no retoman los contactos para alcanzar un acuerdo negociado sobre cómo gobernar el país “hay un riesgo serio de un amplio conflicto, incluso de guerra civil” en Sudán.

“Los militares se engañan si piensan que pueden gobernar por la fuerza, porque Sudán es un país desorganizado, con muchos cuerpos de seguridad, grupos rebeldes armados, y la oposición cuenta con un amplio apoyo popular”, agregó el experto en el Cuerno de África.

Según Mutiga, ya existe descontento en los rangos medios y bajos de las fuerzas de seguridad y el Ejército por la actuación de la junta militar y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), acusadas de haber liderado el desalojo de la acampada, lo cual puede generar una “fractura” en el seno de estos cuerpos.

Por su parte, Mohamed Haron, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Jartum, alertó también de que si las partes no llegan a un consenso, Sudán se situará ante “opciones abiertas de caos”, como el Yemen o Siria, sumidos en sendos conflictos armados.

Haron destaca que “la mediación etíope ofrece esperanza”, pero de momento sólo los dos principales partidos islamistas, Al Umma, liderado por el opositor Sadiq al Mahdi, y el Congreso Popular, hasta hace poco aliado de Al Bashir, se han mostrado propensos a dialogar con la junta.

¿SON LAS FUERZAS DE APOYO RÁPIDO LAS ÚNICAS RESPONSABLES?

El papel de las FAR ha sido puesto en duda tras haber sido el brazo visible de la represión, y la plataforma opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio ha pedido su disolución, refiriéndose a ellas como las “milicias Yanyauid”, tal y como eran denominadas durante el conflicto de Darfur, antes de ser integradas en las tropas regulares.

Según Haron, no es realista disolver este cuerpo especial, integrado por unos 30.000 efectivos, sino que es necesario reformar todos los aparatos de seguridad sudaneses heredados de la dictadura de Al Bashir, lo cual necesitará años.

El profesor considera que la decisión de desmantelar la acampada de protesta fue tomada por “uno de los aparatos del Consejo Militar o una parte” de este organismo, en el que también figuran las FAR.

Mientras, Mutiga dice que no se puede saber si la decisión de “aplastar a los manifestantes” fue de la junta militar, pero sin duda “no fue sólo de las FAR”, porque en la operación también participaron efectivos de la Inteligencia del Ejército y de la Policía.

Las FAR, conocidas sobre todo por su historial de abusos en Darfur y en el control migratorio de las fronteras, así como por haber participado en la represión de las protestas contra Al Bashir en 2013 -según Human Rights Watch-, están ahora en el punto de mira.

Su líder, Mohamed Hamdi Daqlo, conocido como “Hamditi”, es el vicepresidente de la junta, a pesar de que en un principio se negó a formar parte del Consejo Militar Transitorio, y busca proteger sus intereses tras la marcha de Al Bashir, que le puso al frente de las FAR en 2013 y desde 2017 respondía directamente ante el mandatario por las acciones de este cuerpo.

Un reciente perfil de Hamditi publicado por el centro de estudios para Oriente Medio TIMEP, con sede en Washington, destaca que sus hombres “pueden darle la vuelta al tablero político” y él mismo puede jugar un papel en “dar forma” al nuevo sistema de gobierno, en el que intentará escalar en la etapa transitoria.

La violencia de esta semana ha demostrado que las FAR pueden imponer su voluntad en las calles y desviar el proceso de transición, hasta ahora pacífico, y de momento la junta militar parece no buscar una confrontación directa con Hamditi y sus soldados, que a día de hoy permanecen desplegados en las principales vías de Jartum.

“La actitud de los militares y las FAR es la misma que la del régimen de Al Bashir, aplicar la represión y la coerción” para dirigir el país, dice convencido Mutiga, según el cual los generales nunca fueron serios a la hora de negociar con la oposición y ganaron tiempo hasta que decidieron recurrir a las balas.

Francesca Cicardi