No hablarás de la discapacidad en vano

Hay cifras que cuando las leo juntas chocan como dos trenes a toda velocidad. Sin freno. Sin control. 322.180 personas mayores de 65 años viven en residencias, según la base de datos del INE. Cuando se incluyen las personas menores de esa edad, la cifra alcanza a las 333.920. Hablamos de 11.740 personas con discapacidad, dependientes, que viven institucionalizadas, para las que la vida independiente es mera aspiración. Aunque es un derecho, recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.

Cuando pagamos impuestos hasta por respirar; cuando miles de cargos públicos disfrutan de privilegios, tan imprescindibles como trasladarse en coche oficial (más de 30.000 vehículos componen el parque de vehículos públicos español), a la vez que se vocean las bondades del transporte público -para el público, por supuesto-, o la bicicleta, por ser más sostenibles, miles de personas mayores dependientes y dependientes con toda la vida por delante viven institucionalizadas, contra o pese a lo que desean. Para miles de personas la asistencia personal es una aspiración imposible, mientras que los cargos públicos, pese a gozar de sus capacidades, incluida la de limpiarse el trasero sin ayuda, son llevados y traídos de actos, despachos y, sus propios domicilios, en un vehículo con chófer. A eso le llamo yo “asistencia personal”.

Con qué alegría esos mismos cargos se suben a otro carro, oficial, en cuanto se presenta la ocasión. Planes estratégicos sobre discapacidad, accesibilidad universal, movilidad… Es inmoral hablar de la discapacidad en vano, mientras todas esas personas dependientes no pueden elegir cómo quieren vivir sus vidas, pese a que la vida independiente es un derecho. La vida institucionalizada, cuando es impuesta, conlleva renunciar a un hogar propio, a la intimidad, a desarrollar un proyecto de vida: el propio.

La vida institucionalizada segrega a la persona y le impide desarrollar sus planes vitales. Ninguna novedad, ya se habló de ello por primera vez en una declaración de la ONU de 1971, y enredando con la desinstitucionalización seguimos, mientras se habla de la discapacidad en vano.