Interior se pone de perfil ante las denuncias de malos tratos a presos en Sevilla II
El Ministerio del Interior esquiva las indicaciones que le hace la Defensora del Pueblo Español para evitar malos tratos a personas presas en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera. En una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita de Maribel Mora (Unidos Podemos) se afirma desconocer a qué se refiere la senadora andaluza, dos años después de que la institución que dirige Soledad Becerril le pidiera que investigara la existencia de esas prácticas, que también han delatado abogados de Sevilla, la APDHA y hasta el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
“En el Ministerio del Interior se desconoce a qué prácticas se refiere cuando señala que algunas que son habituales en los facultativos del Centro Penitenciario Sevilla II podrían vulnerar los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, dice la respuesta, fechada este 20 de abril y a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía. El Gobierno se contradice, además, porque tanto su portavoz en la Comisión de Interior del Senado como en el seguimiento que hace la Defensoría, se constata que el Ministerio tiene conocimiento de esas denuncias.
La Defensora del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, efectuó una visita al citado centro penitenciario los días 9 y 10 de marzo de 2015. En mayo de ese año, dos años antes de la respuesta que ahora da el Gobierno, trasladó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una veintena de sugerencias, dos de ellas en concreto sobre este punto de presuntos malos tratos sobre personas presas.
Por un lado, pedía iniciar una investigación respecto a algunas prácticas de los facultativos de Sevilla II “que podrían vulnerar los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, sugirió “impartir instrucciones a Sevilla II para que, sin perjuicio de cualquier actuación judicial, cuando por parte de la Dirección se tenga conocimiento de que algún interno afirma haber sufrido malos tratos, se pongan en marcha con carácter inmediato las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, en primer término por el propio establecimiento y posteriormente por las unidades especializadas de los servicios centrales”.
En la ficha de seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura, a enero de 2017 y visible en su web, se constata que la resolución dirigida a Instituciones Penitenciarias ha sido “aceptada” y consta incluso la respuesta de la Administración: “Se han dado las instrucciones pertinentes para que se pongan en marcha inmediatamente las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos recabando de oficio las posibles pruebas”, detallando incluso que “se desplazó al centro un inspector de servicio que revisó varios casos de denuncias por malos tratos”.
El Gobierno, ahora, dice en cambio que no sabe a qué se refiere la portavoz de Unidos Podemos al preguntar por ello. Respecto a la investigación que pedía la Defensora, la Adninistración responde que “se remitió escrito a la Dirección del Centro” ante lo cual la Defensora apunta que “reiterará” la sugerencia.
Alusiones a Venezuela por parte del PP
“Se cumplen las exigencias de la Defensora del Pueblo”, dijo también este lunes el portavoz del PP en la Comisión de Interior donde, en virtud de la mayoría absoluta de los populares, se rechazó una moción defendida precisamente por Unidos Podemos en la que se instaba al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para implantar las sugerencias realizadas por la Defensora del Pueblo.
“En España se respetan los derechos humanos y no se infligen malos tratos ni torturas o tratos degradantes, pero en otros países sí que se practican, y es bastante habitual, de los que ustedes creo que son buenos conocedores, pero no creo que muevan un dedo por evitarlo”, dijo también el portavoz del PP, que citó al “régimen chavista” de Venezuela. “Tenemos un modelo penitenciario modelo”, concluyó el popular anunciando su vota en contra.
En el Informe anual de 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se recogía que, en la citada visita a la prisión de Morón, se entrevistó “reservadamente” a una selección de internos que habían sido sometidos a medios coercitivos y que “refirieron haber sufrido malos tratos” con ocasión de su aplicación. Durante el examen de documentación en esta cárcel, se detectó además la existencia de partes de lesiones que reflejaban en el apartado de alegaciones de los internos que éstos afirmaban haber sido agredidos por funcionarios, “a pesar de lo cual no constaban actuaciones” por parte de la institución penitenciaria “para contrastar la veracidad de dichas alegaciones”, lo que “fue confirmado por la dirección del centro, que se limita a remitir los partes de lesiones a la autoridad judicial”.
Las alegaciones donde los internos afirman haber sido agredidos por funcionarios no sn nuevas ni han sido la Defensora del Pueblo o Unidos Podemos los únicos que se han hecho eco de ellas. La APDHA tuvo noticia el pasado años de varias personas presas que denunciaron situaciones de abuso de superioridad, maltrato e incluso agresiones físicas cometidas por algunos funcionarios del Centro Penitenciario Morón de la Frontera, como recogían en este artículo del pasado mes de septiembre.
En un lugar sin cámaras
La senadora de Podemos, en la defensa de su moción, también comentó que, en el verano de 2016, abogados de Sevilla se hicieron eco de denuncias similares de personas presas que pusieron en conocimiento del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. En su denuncia se describía un modus operandi que un pequeño grupo de funcionarios –siempre los mismos- emplearían: “Según lo relatado, el modus operandi es conducir al interno a un lugar sin cámaras y allí entre tres o cuatro funcionarios propinarle golpes, llegando a utilizar en algunas ocasiones distintos objetos y las defensas de goma”.
El pasado octubre, el propio Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la prisión de Morón. “Alguna fiabilidad debió de otorgar a las denuncias recibidas cuando, de entre todas las prisiones españolas, decidió visitar la de Morón”, enfatizó Mora en la Comisión de Interior.
El último informe de la Defensoría del Pueblo también destaca que la prisión de Morón destaca por el número de fallecimientos y, en cifras absolutas, está a la cabeza en número de muertes en prisión, con 12 muertes, una cifra cuatro veces superior a la cifra de fallecimientos que debería corresponderle a esta cárcel si tenemos en cuenta su población, denunció también Mora.
La senadora también recordó que el pasado enero pretendió entrar al módulo de primer grado de esa prisión, de donde parten la mayoría de las denuncias. “Probablemente es por eso por lo que, como bien les consta, no se nos permitió ver nada ni hablar con nadie que tuviese que ver con ese módulo ni con las celdas en las que se cumplen sanciones de aislamiento”, añadió en la comisión.
También lamentó que, “ante la recomendación consistente en 'impartir las instrucciones oportunas al CP Sevilla II para que no se aplique la sujeción mecánica de modo habitual y rutinario en todos aquellos internos que realizan gestos autolesivos y anuncian nuevas autolesiones', la Administración Penitenciaria rechazara la recomendación diciendo, simplemente, que 'no es cierto que se aplique de modo habitual y rutinario', poniendo en cuestión, para empezar, a la Defensoría y al resultado de su investigación”.
