España aún gasta más de 1.000 millones al año en ayudas a combustibles que provocan el cambio climático
Contaminación y cambio climático subvencionados. A España le cuesta desengancharse de la generación sucia de energía y más si se observa el volumen de ayudas económicas que recibe la generación de electricidad, el transporte o la agricultura a base de combustibles fósiles (grandes generaciones de emisiones de gases de efecto invernadero): unos 1.000 millones anuales de dinero público en forma de inyecciones directas o exenciones fiscales, según ha recopilado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidima) de datos oficiales.
El discurso público que emite España se centra en la reducción progresiva de fuentes energéticas fósiles y apuesta por las renovables. Como miembro de la UE tiene el compromiso de abandonar las ayudas dañinas para el medio ambiente en el año 2020. En lenguaje oficial, como el usado en la cumbre del clima de París de 2015, se enuncia: “Hacer los flujos financieros coherentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero”. No poner dinero para quemar petróleo, carbón o gas a la hora de obtener energía.
Pero la realidad no le encaja al Gobierno español. En lo que va de año, la producción de electricidad en las centrales térmicas que emplean carbón ha crecido un 39%, según los balances de Red Eléctrica Española. Más de dos tercios de la electricidad consumida proviene de energías no renovables. Coincide con una caída de más del 40% en la producción hidroeléctrica. La sequía ha vaciado los embalses impidiendo la generación en los saltos de agua. Las fuentes renovables han caído en 2017 un 20%.
Los compromisos ambientales tienen un blindaje muy débil. Hace ahora un año, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, fiaba al mercado y la subida del precio del carbón el abandono de esta fuente energética en España. No preveía una acción política directa: “Cierre decretado como tal no se contempla”, contaba Nadal en Marrakech durante la cumbre del clima celebrada el noviembre pasado en la ciudad marroquí. No le ha funcionado el sistema ya que casi 12 meses después, lejos de quemar menos carbón, España ha quemado un tercio más.
Sin transparencia
El informe del Iidima explica que “el Gobierno de España no publica un inventario de sus ayudas estatales a combustibles fósiles o ayudas que puedan ser dañinas para el medio ambiente”. No se trata de una práctica extravagante. Alemania sí lo hace. Esto implica que sea difícil evaluar el proceso de abandono progresivo de fuentes de energía sucias. En este sentido, el documento asegura que no ha podido hallar información sobre “el 56% de los instrumentos de apoyo fiscal y del 20% de los proyectos y programas financiados con fondos públicos”.
Aun así, sí se ha podido calcular que la generación de electricidad a base de combustibles fósiles recibe unos 470 millones de euros públicos cada año. En otras cosas, se han subvencionado centrales térmicas a cambio de mantener las reservas locales de carbón. Se obligaba a tener reservas de mineral extraído en España. La minería de carbón soportada por el Estado tiene sus días contados: finales de 2018, según obliga la Unión Europea.
Esta contradicción que atrapa la política energética y medioambiental española –declaración de rebajar las emisiones de gases frente a las ayudas a los combustibles que las provocan– es insostenibles si se pretende cumplir con la parte que le corresponde a España a la hora de implementar el Acuerdo de París de 2015 para contener el calentamiento de la Tierra a 1,5ºC.
Tras el informe, un grupo de organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO-Birdlife…) han analizado la situación conjuntamente. Todas han señalado “la necesidad de terminar con esta financiación generadora de cambio climático si se quiere limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC. El Gobierno español debe acelerar la desinversión en estas tecnologías fósiles, reorientando estos fondos para el desarrollo de un sistema energético 100% renovable”.
Pero, además del sistema energético, existen otras vías y campos en los que el dinero público trabaja al revés de lo requerido para, al menos, contener el cambio climático. Y no son fondos exiguos. Por ejemplo, las exenciones fiscales aplicadas tanto a la aviación en el ámbito nacional como internacional como a la navegación marítima suponen hasta 339 millones de euros anuales que no frenan las emisiones de CO provenientes de los motores de aviones y buques.
La aviación civil es un gran contaminador y generador de calentamiento global. Alrededor de un 2% de los gases de efecto invernadero en la atmósfera llegan desde sus turbinas. Aún así, el sector se escabulló del texto final del Acuerdo de París y solo ha admitido un acuerdo “voluntario” para pagar por sus emisiones comprando los cupos que no usen otros emisores.
Un tercer ámbito señalado en el capítulo de ayudas públicas perjudiciales para el medio es el de la agricultura ya que, desde 2006, se permite una devolución parcial del impuesto de hidrocarburos cuando el gasóleo se utiliza en actividades agropecuarias. Los técnicos han calculado que la factura total de la agricultura suma 430 millones de euros en España que se van a subvencionar el uso de combustible que termina por exacerbar el cambio climático.
