El Ministerio de Fomento de Ana Pastor benefició a medios conservadores en el reparto de publicidad institucional

Hasta la fecha, el reparto del dinero público que el Gobierno invierte en cada periódico, radio, cadena de televisión o medio digital es una información que ha guardado en estricto secreto. Por primera vez, y gracias a una solicitud de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, se revela cuánto dinero adjudicó el Ministerio de Fomento (uno de los 13 ministerios del Gobierno del PP) a cada medio de comunicación en campañas de publicidad institucional entre 2012 y 2015. En aquel periodo estaba dirigido por la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Una sentencia de junio de este año del Contencioso Administrativo número 3 de Madrid falló a favor de eldiario.es y obligó al departamento a publicar en detalle cómo repartió el presupuesto en anuncios durante los primeros 4 años de Gobierno de Mariano Rajoy, algo a lo que se había negado reiteradamente. La resolución desestimaba así un recurso judicial que el Ejecutivo había presentado para esquivar las resoluciones del Consejo de Transparencia, el organismo que vigila el cumplimiento de la ley.

Ahora ha tenido que hacer públicos los documentos y los datos remitidos muestran que Fomento se gastó 2,5 millones de euros entre 2012 y 2015 en campañas para fomentar el uso del transporte público, promocionar nuevas líneas de alta velocidad o para ofrecer información sobre los aeropuertos de AENA. 

Según la ley de Publicidad Institucional, el reparto de ese dinero debe hacerse “atendiendo a criterios objetivos, que garanticen mejor la difusión de los mensajes”, y uno de ellos es la audiencia a la que se alcanza en cada medio. El análisis de los datos de adjudicación de las campañas realizadas por el Ministerio de Fomento entre 2012 y 2015 revela que la adjudicación de ese dinero se hizo de modo que algunos medios recibieron importes muy por encima de la audiencia que tienen, de modo que esos anuncios no alcanzaron al mayor número posible de ciudadanos, poniendo en entredicho el criterio de “eficiencia” que recoge la ley (artículo 3.2).

Los periódicos La Razón y ABC son los medios más favorecidos entre las grandes cabeceras de la prensa nacional, si se compara la inversión con los datos de audiencia de la Encuesta General de Medios (EGM), que es el medidor de referencia. Durante ese periodo, los periódicos dirigidos por Francisco Marhuenda y Bieito Rubido recibieron más de 190 euros por cada 1.000 lectores diarios en publicidad institucional.

Una cifra que contrasta con los importes adjudicados a cabeceras como El País, El Periódico de Catalunya o 20 Minutos, que recibieron menos de la mitad por cada 1.000 lectores.

Entre las radios pasa algo similar. La cadena esRadio, fundada por el periodista Federico Jiménez Losantos, promedió 300.000 oyentes al día entre 2014 y 2015, los dos únicos años que se repartió publicidad institucional a las emisoras. Una cifra mínima comparada con los 4,4 millones de oyentes de la Cadena Ser, los 2,4 de Onda Cero o los casi 2 millones de Cope, según los datos del EGM.

En comparación con las grandes emisoras, la ratio entre anuncios y oyentes le sale muy positivo: la emisora de Jiménez Losantos recibió más de 28 euros por cada 1.000 oyentes. Cadena Ser y Cope se quedaron en ocho euros por cada millar de personas que les escuchaban diariamente.

El reparto de la publicidad entre los medios digitales también muestra una distribución de los anuncios que no atiende a criterios de difusión. El medio digital Voz Pópuli, que tuvo un promedio de 600.000 usuarios únicos entre 2012 y 2015 según Comscore, se llevó más dinero en publicidad institucional que otros medios digitales con más audiencia.

Además de Voz Pópuli, que recibió casi 10.000 euros por cada millón de usuarios únicos, la web Libertad Digital, también creada por Jiménez Losantos, y la versión digital de La Razón, fueron los medios más favorecidos por el reparto. Esta comparación solo incluye los medios digitales según la disponibilidad de datos de audiencia en el medidor Comscore.

Después de la prensa escrita, el segundo soporte que más dinero recibió en anuncios de Fomento fue la televisión, con 600.000 euros entre 2012 y 2015. Aquí, los grupos Mediaset y Atresmedia se comieron el 96% de la publicidad institucional adjudicada por la cartera entonces dirigida por Ana Pastor, ya que son los dos grandes grupos de televisión en España.

El resto, para la cadena de los obispos, 13TV, cuya dueña es la Conferencia Episcopal, que se llevó 25.000 euros en campañas publicitarias de Fomento a pesar de contar con un 2% de audiencia. Fue la única cadena privada que emitió anuncios fuera de los dos grandes grupos mediáticos.

Fuentes del equipo de Fomento en aquel periodo han respondido a eldiario.es que el reparto de publicidad institucional se saca a concurso para que lo ejecute una agencia de medios, que es la encargada de decidir dónde poner los anuncios del Estado. Así fue también en este caso. Sin embargo, la ley obliga a un control por parte del Gobierno al tratarse de fondos públicos. Ese control, además de recaer en los departamentos, corresponde, en última instancia, a la Secretaría de Estado de Comunicación que depende de Presidencia, en aquel momento en manos de Mariano Rajoy.

Casi dos años de batalla por la transparencia

El proceso para llegar a revelar el reparto de publicidad del Ministerio de Fomento arrancó en octubre de 2016, cuando eldiario.es inició una batería de solicitudes de información a través del Portal de Transparencia a los 13 ministerios del Gobierno sobre las inversiones en medios desde 2012 a 2015. Casi dos años después, las únicas respuestas han sido de los ministerios de Hacienda (que solo ha dado datos de la Agencia Tributaria) y ahora, por mandato judicial, del de Fomento.

Ante la negativa del resto de departamentos del Gobierno a proporcionar la información, eldiario.es reclamó ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo encargado de velar  por el cumplimiento de la ley de transparencia.  El Consejo resolvió a favor de este medio, argumentando que el interés público por conocer el reparto de publicidad estaba por encima de cualquier otro.

Ante esas resoluciones, ocho de los trece ministerios decidieron pleitear por lo contencioso administrativo para seguir ocultando la información, tal y como publicó eldiario.es. Tres recursos gubernamentales han sido desestimados (Fomento, Sanidad y Defensa) y cuatro se estimaron de forma parcial (Asuntos Exteriores, Industria, Educación y Presidencia) por cuestiones formales. En estos casos, los magistrados simplemente resuelven que hay que repetir el procedimiento para dar audiencia a las agencias de medios. Hasta la fecha, la justicia no ha resuelto sobre la demanda interpuesta por el ministerio de Interior. 

En 2017,  el Gobierno gastó 70 millones de euros en poner anuncios. Por ejemplo, con las campañas para prevenir los accidentes de tráfico, en las campañas de la Renta o contra la violencia de género.  Según la Ley de Publicidad Institucional, la distribución de esos millones debe hacerse con criterios objetivos y no partidistas. Hasta el momento, se desconoce si este principio se cumple ya que nunca se ha hecho público el reparto concreto medio a medio.