Condenados por masones, homosexuales o activistas: el Gobierno aborda la ingente tarea de anular sentencias franquistas

El reciente anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de “declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias” ha sido en general bien recibido tanto en el ámbito de la investigación especializada en el franquismo como en el de las asociaciones memorialistas. “Es el tema clave, el pilar fundamental del golpe militar y del régimen dictatorial posterior, porque Franco legitimó sus atrocidades a través de la ley, algo tan flagrante como aplicar el Código de Justicia Militar a los civiles leales a la República”, señala Mirta Núñez, historiadora y profesora titular de la UCM; “Fue un aparato judicial inmenso para no dejar ni un resquicio, para que no se escapara nadie”.

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), considera que la reivindicación de la anulación de las sentencias ha sido y es “un clamor”, porque “aquellos juicios no se correspondieron nunca con los criterios básicos de la justicia, todo lo que produjo el franquismo en este ámbito fue ilegal e ilegítimo, los tribunales no eran tribunales, eran aparatos de represión sin ningún tipo de procedimiento y sin posibilidad alguna de defensa”. Gutmaro Gómez Bravo, historiador y también profesor de la UCM, considera que reconocerá definitivamente a las víctimas de la crueldad de la represión franquista, aunque cree que tendrá más carácter simbólico que real, dada la multiplicidad de situaciones generadas por la supervivencia del marco jurídico impuesto por la dictadura: “Está el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el de Responsabilidades Políticas, jurisdicciones especiales... Es complicado, desde una perspectiva garantista como la que otorga nuestro marco constitucional, llegar a entender cómo funcionó la justicia franquista. Y están los fusilados, los presos políticos, los exiliados, el concepto de víctima es amplio y complejo”.

Cuantificar el número de sentencias a anular y el número de personas afectadas es de una enorme dificultad. “Por ejemplo, el nazismo circunscribió su acción genocida a un enemigo étnico y sociopolítico concreto, y durante un periodo de tiempo al que puso fin la derrota en la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la represión en España tiene mucho más peso, porque se extendió a medio país durante cuatro décadas”; explica Gómez Bravo; “la dictadura argentina no dejó rastro jurídico, y algo semejante ocurrió en Sudáfrica, Colombia, incluso la Italia mussoliniana... Aquí fue diferente, la Causa General actuó en cada pueblo, por pequeño que fuera”.

La anulación de las sentencias fue siempre una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de memoria histórica y de los colectivos de familiares de víctimas. “Cada familia tiene un (juicio) sumarísimo”, explica Tomás Montero, de ‘Memoria y Libertad’. cuyo abuelo fue detenido, sometido a consejo de guerra y fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 14 de junio de 1939: “Somos escépticos, pero este anuncio del Gobierno suena bien. Desde luego, podría ser algo más que simbólico, tendría valor real porque vaciaría de argumentos a la derecha, que sigue dando validez a sentencias ilegales; se ha visto este año con la polémica en torno al monumento de La Almudena y la ofensiva en relación con los nombres de los chequistas fusilados, se sigue dando pábulo a esas sentencias, es una vergüenza”.

En junio del año pasado, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar ilegales los tribunales de la ‘Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación’, llamada posteriormente ‘Auditoría de la IV Región Militar’, que actuó de 1938 al 1978. Respecto al conjunto del territorio español, la tarea es ardua y difícil de abarcar. Gómez Bravo no se atreve a aventurar cifras pero apunta algunas que pueden dar idea de la envergadura del reto: “En 1940 había 300.000 personas en prisión con sentencias firmes, 500.000 en campos de prisioneros y 90.000 en batallones de soldados trabajadores, es decir, casi un millón. Por hacer una comparación, recuerdo que la dictadura portuguesa encarceló a 25.000 personas en total. Además, habría que sumar las decenas de miles de cadáveres que aún esperan en fosas”.

El problema no está, sin embargo, en la posguerra inmediata (1939-1945), sino en que la dictadura consiguió instaurar un marco jurídico y legislativo represor de larga duración, con el Tribunal de Orden Público -creado en diciembre de 1963 y suprimido en enero de 1977- como piedra angular. “La justicia militar fue, podríamos decir, reutilizada durante años, y por eso siguió habiendo consejos de guerra y fusilamientos, como el de Julián Grimau y otros muchos, hasta poco antes de la muerte de Franco”, explica Núñez.

Charo Alises, jurista de la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) , considera que el problema es la delimitación de la iniciativa anunciada por el Gobierno: “Además de los encarcelados por sus ideas políticas, muchas personas se vieron privadas de libertad simplemente por ser como eran; puestos a revisar, habría que contemplar hacerla extensiva a las resoluciones judiciales enmarcadas en la aplicación, por ejemplo, de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”. La LPRS de 1970 estableció penas de hasta cinco años de internamiento para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos. Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Alises explica que si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6% de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, “estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito”.

Para Ruiz, la anulación de los antecedentes es fundamental porque “en los expedientes vitales de muchas personas sigue apareciendo que fueron delincuentes, cuando no hicieron otra cosa sino defender la legalidad, y lo que ocurrió fue que los verdaderos rebeldes hicieron un paripé judicial y humillaron a las víctimas”. Montero corrobora: “Ocurrió durante años con Marcos Ana y le sigue ocurriendo a muchas personas, que siguen escuchando que su familiar fue un asesino porque fue condenado, y no tienen posibilidad alguna de defenderse”.

Confían en que el anuncio de Dolores Delgado sea concretado desde la nueva dirección general de Memoria Histórica, para la que ha sido nombrado Fernando Martínez, catedrático de Historia y coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía: “Hay que aprovechar para hacer una cosa seria, poner de una vez por todas sobre la mesa nombres y casos, y por supuesto, que los archivos y la documentación estén a total disposición de investigadores y familias, y/o que deje de estar bajo la jurisdicción militar”, apunta Gómez Bravo.

“Estoy conmovida solo con pensar que pueda llevarse a cabo, marcaría un antes y un después en la lucha contra la impunidad”, añade Núñez, quien ve más complicado, sin embargo, que la eventual anulación de las condenas signifique abrir la puerta al resarcimiento económico. En esta línea, respecto a la posibilidad de que desencadenase un aluvión de reclamaciones patrimoniales (de terrenos, bienes muebles u otras propiedades, confiscados por la dictadura), Ruiz señala que “las prospecciones realizadas desde diferentes gabinetes jurídicos indican que, en todo caso, serían asumibles, y no sería, como se ha dicho, la ruina de las arcas del Estado”. Montero lo deja claro: “No creo que ese tema haya sido prioritario. Lo que queremos es restituir el buen nombre de nuestros familiares, y evitar que se siga denostando a los republicanos”.