El Brexit deja en el aire el pago de los 280 millones que cuesta la atención médica de miles de británicos en España
“Es imposible describir cómo nos sentimos. Al final la palabra que viene es pesadilla”. Habla Margaret Hales, inglesa que vive en Alicante desde hace 12 años, tras el último capítulo del Brexit: rechazo aplastante al plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La amenaza de una estampida abrupta y sin acuerdo añade incertidumbre, en especial, a un sector crucial como es la sanidad, ya que España es el país al que Gran Bretaña más fondos trasvasa en compensación por la asistencia médica de sus ciudadanos: unos 280 millones de euros anuales, según reveló el Gobierno británico durante la campaña del referéndum del Brexit.
Hales representa en España a la organización de ciudadanos afectados por el Brexit Ecreu. Estaba de visita en Londres durante las últimas votaciones en el Parlamento británico: “El voto en contra del plan de Theresa May nos prolonga la incertidumbre”, reflexiona desde el aeropuerto de Gatwick preparada para regresar a la Marina Alta donde vive.
Sin entendimiento, “serán los acuerdos bilaterales con el Reino Unido los que establecerán las normas para la cobertura”, explica el Ejecutivo español. La cuestión, en definitiva, es quién paga. Las personas que trabajan y cotizan en España tienen su derecho garantizado, pero lo que debe aclararse es cómo repercutir a Gran Bretaña la atención de los nacionales como pensionistas o estudiantes en el sistema público (esa factura de 280 millones) una vez que no sea aplicable la reglamentación de la Unión Europea.
El plan diseñado y que fue rechazado el martes por el Parlamento británico preveía un periodo transitorio de dos años que mantenía la situación derivada de la pertenencia a la Unión Europea. Ese tiempo daba un margen para negociar un nuevo marco de juego entre estados como los que ya existen con Noruega o Islandia –miembros del Espacio Económico Europeo– e incluso con Suiza. En la Moncloa han insistido en que existen “planes de contingencia” para asegurar la asistencia sanitaria de los españoles en Gran Bretaña y de los británicos en España, que casi doblan en número a la colonia española en las islas.
En España hay registrados 247.000 ciudadanos británicos, según el Instituto Nacional de Estadística, pero con una distribución específica: se aglutinan en las zonas costeras. La mayor colonia está en la provincia de Alicante con 65.000 personas seguido por Málaga con 44.000. Entre las zonas con más nacionales del Reino Unido están las Islas Canarias, la Región de Murcia o las Islas Baleares. A esos contingentes puede añadirse los 18 millones de turistas que pasan por España cada temporada. La asistencia sanitaria esporádica o continua de estos grupos es la que se ve alterada por el Brexit.
“Nos tranquilizan”
Anne Hernández formó, precisamente en Málaga, la asociación Brexpats tras el referéndum para intentar defender a los afectados por el Brexit en España. “Tenemos mucho contacto con las autoridades españolas y, sí, nos tranquilizan. Parece que entienden mucho mejor el problema y están más preocupados que los propios británicos”. Hernández habla desde la Costa del Sol malagueña. “En el Reino Unido se han hecho la imagen de que aquí estamos todo el día tomando el sol y bebiendo gintonics”, comenta. El último rechazo del plan para el Brexit “claro que nos añade incertidumbre, pero es que no nos gusta nada de lo que está pasando. España debería pedir una compensación a Gran Bretaña por tener que pagar las consecuencias de un voto estúpido”.
La portavoz de Brexpats explica que “para los pensionistas esta situación es horrible. Y también para los que tienen ya una enfermedad en curso porque no les admiten en un seguro privado”. Hales por su parte insiste en que “el Gobierno español nos ha dicho que será seguro seguir en España para todos los que estamos registrados. Pero ¿cómo va a ser la atención sanitaria de los pensionistas? El Ejecutivo británico nos ha dicho que todo va a estar bien, pero ¿cómo creerlo?”.
La legislación española reconoce como asegurado a los pensionistas. A los extranjeros pensionistas europeos les ha bastado con rellenar un formulario de la Unión Europea que certificaba el derecho a recibir asistencia sanitaria en el país de origen y, por tanto, en el de destino, es decir, España. El Gobierno español ha explicado que una salida británica de la UE sin acuerdo hará que “cada país aplique su legislación nacional” a la hora de gestionar las pensiones.
La idea que expresan estas asociaciones es de “agradecimiento” a “todas las instituciones” españolas porque les transmiten el mensaje de que “no quieren que nos vayamos aunque luego hay que ver qué pasa cuando lleguemos a un mostrador”.
En todo caso, la fecha de salida sigue acercándose con, en lugar de capítulos cerrados, más incertidumbres. Una ambiente en el que se ha alcanzado el máximo de británicos que abandonan España. Si en 2016 fueron 19.000 personas, al año siguiente, una vez votado el Brexit, pasaron a ser 26.432, según la Estadística de Migraciones del INE, casi un 40% más en un curso. En los primeros seis meses de 2018 se han añadido otros 13.000.
