Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja recortaron en dependencia en plena pandemia de COVID

La desigualdad territorial es una de las carencias que siguen lastrando al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y es algo que ha vuelto a evidenciarse en el año de la pandemia. En 2020 la inversión pública se situó en los 8.907 millones de euros, un 3,7% más que un año antes, sin embargo, no todas las comunidades aumentaron su financiación, y cuatro de ellas, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria disminuyeron el gasto. Así lo detalla un nuevo informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente en el sector, que analiza los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por su parte, el Estado central incrementó muy ligeramente el gasto en el sistema y pasó de los 1.368 millones de euros en 2019 a los 1.390 un año después, pero su aportación al total se quedó en el 15,6%, la proporción más baja desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia, en 2007. El mayor esfuerzo, como ocurre desde hace años, lo hicieron las comunidades, cuya financiación ascendió a más de 7.517 millones, es decir un 84,39% del gasto total.

Sin embargo, ni Cantabria ni Madrid están entre ellas; al contrario, fueron las que más las redujeron (un 4,6 y un 3,6% menos respectivamente) mientras que Castilla-La Mancha y La Rioja invirtieron un 1,9 y un 1,8% menos. “Lo lógico hubiera sido hacer un esfuerzo mayor para atender a las personas más vulnerables en este año tan complicado, no al contrario. Recortar en el año de la pandemia es algo imperdonable, que nadie puede entender”, denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Es, de hecho, lo que han hecho casi todas las comunidades, aunque en diferente grado: algunas como Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura o Baleares aumentaron sus presupuestos más del 8% con respecto a 2019.

Los datos que revela la asociación evidencian la diferente gestión del sistema en un momento en el que una bolsa importante de fallecidos a causa de la COVID-19 pudo hacer disminuir los beneficiarios. Es algo que ha ocurrido en todas las comunidades, y no todas han recortado su inversión. Además, la caída podría haberse compensado con nuevas concesiones que adelgazaran la lista de espera que ahoga al sistema desde su puesta en marcha o con “flexibilizaciones en la atención”, señalan desde la asociación. “Si se cierra un centro de día, lo suyo no es ahorrarse ese dinero, sino poner atención a domicilio. O si un mayor no quiere ir a una residencia, ofrecerle otra prestación”, ejemplifica Ramírez.

En este sentido, tanto en Cantabria como en Castilla-La Mancha y La Rioja el número de personas beneficiarias se incrementó con respecto a un año antes, pero no fue así en Madrid. Esta última es la comunidad con mayor descenso (un 3,4% menos) junto a Catalunya y Extremadura, donde también bajaron. Por el contrario, en la Comunitat Valenciana hubo un 17% más, mientras que en Baleares y Canarias aumentaron un 15% y un 9%. Otra de las evidencias de la desigualdad territorial, apunta la asociación, es la diferencia en inversión por persona beneficiaria: según sus cifras, la comunidad que destinó la mayor cantidad fue Euskadi con 12.480 euros anuales, prácticamente el doble de la que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.251 euros.

Más de 55.000 fallecieron en lista de espera

Los datos analizados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales revelan también que el Estado aportó en 2020 únicamente el 15,6% de la financiación pública del sistema. Es el porcentaje más bajo desde que se aprobara la Ley de Dependencia, en 2007. Y eso a pesar de que la norma recoge que Administración central y comunidades deben repartirse al 50% la financiación de estos servicios y prestaciones.

La inversión estatal se redujo en 2012 con los recortes que puso en marcha el Partido Popular durante la crisis económica, y a partir de entonces “se estancó”, denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Eso a pesar de que las listas de espera no se han reducido y son un problema endémico del sistema. A 31 de diciembre de 2020, algo más de 230.000 personas tenían el derecho reconocido, pero aún no contaban con una prestación. Según el análisis de la asociación, en el año de la COVID fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia. 21.005 de ellas pendientes de resolución de grado y otras 34.370 ya valoradas y con derecho, pero esperando a la prestación.

La asociación celebra que el Gobierno de coalición haya comprometido en los Presupuestos Generales de 2021 un incremento en la financiación de 623 millones de euros y pide al ministerio que se replique en los próximos, actualmente en negociación. Ese, al menos, fue el compromiso del departamento dirigido por Ione Belarra: aumentar en las cuentas públicas de 2022 y 2023 la financiación de forma acumulativa, en total unos 3.600 millones.