La ONG que junta toxicómanos y refugiados es heredera de El Patriarca y creció al calor de las privatizaciones
La asociación Dianova es una organización dedicada a gestionar servicios sociales: toxicomanía, infancia o inmigración son sus áreas de trabajo. Acumula numerosos contratos con administraciones para encargarse de sus obligaciones públicas. En su diversificación de actividades, ha terminado por juntar sus proyectos de drogodependientes y refugiados en unas mismas instalaciones en la Comunidad de Madrid, según contaba la Cadena SER.
Los refugiados se han quejado de vivir peleas por el consumo de drogas y tener a sus hijos en las dependencias empleadas para atender a personas con drogodependencia, además del mal estado de las instalaciones, según relataban en la información. El Gobierno había enviado allí a 99 asilados.
Dianova es heredera directa de la asociación J.L. Engelmajer: El Patriarca. Fundada por Lionel Engelmajer, la organización construyó desde 1974 un imperio internacional de centros privados de atención a toxicómanos. En España alcanzaron más de 60. Pero, a finales de los años 80 del siglo XX, la red saltó por los aires.
Los centros carecían de homologación sanitaria. Además, se les acusó de retener a los internos contra su voluntad (se llegaba a obligar a que firmaran todos los días que estaban allí por su propio deseo, según relataba la prensa de la época). En 1990, Engelmajer anunció que abandonaba la actividad en España tras la detención de dos de sus colaboradores.
En 1995, Francia consideró oficialmente su movimiento una secta. Tres años después, un grupo de colaboradores echó al fundador, que terminó condenado por blanqueo de capitales, y se convirtieron en Dianova. Desde entonces su actividad en España solo ha crecido.
La asociación explica que realiza “una labor solidaria trabajando por y para las personas que lo necesitan”. Aseguran que no se privilegia “ningún enfoque específico en su intervención, salvo aquellos demostrados eficaces por la evidencia y el rigor científicos y que tienen como objetivo promover la salud y la calidad de vida”.
Ministerios, gobiernos regionales, diputaciones...
Dianova está legalmente registrada en el Ministerio del Interior desde 1982, según la base de datos oficial. En 2012, el Ayuntamiento de Madrid la declaró de utilidad pública. A base de gestionar servicios sociales externalizados ha ampliado su cartera de servicios: trabaja (o ha trabajado) para los ministerios de Sanidad, Empleo, Asuntos Exteriores o Educación además de los Gobiernos regionales de Madrid, Navarra o el Ayuntamiento de la capital. También para las diputaciones de Álava y Bizkaia.
Se encargan de la asistencia a familias, puntos de encuentro para intercambio de menores en casos de separación, programas de atención humanitaria internacional, integración de inmigrantes e intervención en drogas y adicciones, según detalla su presentación. En buena parte, de la mano de fondos públicos. En 2014 el Ministerio de Empleo le concedió la Cruz del Mérito al Trabajo.
En sus cuentas de 2014, Dianova muestra unos ingresos por subvenciones y ayudas oficiales de 861.452 euros. En convenios y contratos sumaba otros 1,9 millones. En septiembre de 2016, formalizó un contrato con el organismo Madrid Salud del Ayuntamiento por medio millón de euros.
Así que, en esta acumulación de tareas, mezcló en sus instalaciones de Ambite (Madrid) –heredadas de la época de El Patriarca– a refugiados con usuarios del contrato con la Agencia Antidroga de Madrid. A pesar de las quejas, Dianova ha contestado que “son incidentes aislados”.
La Comunidad de Madrid se ha mostrado tranquila tras conocerse esta manera de funcionar de la organización: “No se trata de un centro de tratamiento, sino que es un servicio residencial, no sanitario”, indica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Los informes, mes a mes, de la Consejería indican que todo está correcto”, añade.
Problema del sistema
Dianova ha crecido al calor de la privatización de los servicios sociales. “Es un problema de modelo”, insistió la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, en un Pleno el pasado 17 de marzo a cuenta de la gestión privatizada de la acogida de menores, una de las facetas de Dianova.
Serra aseguraba que las plazas a cargo de organizaciones recibían “una media de 2.000 euros al mes” por los “97 de una familia de acogida”. “Lo que hay detrás de estas cantidades es un negocio para empresas con Ginso, O'Belén y Dianova”, analizaba. “Y encima aparece en la partida presupuestaria dedicado a organizaciones sin ánimo de lucro”.
