Europa lleva 15 años retrasando una norma que obligue a los productores de fertilizantes a reducir los niveles tóxicos
El Reglamento Europeo sobre fertilizantes hoy en vigor admitía en 2003 el peligro que el cadmio contenido en estos agroquímicos supone para la salud y el medio ambiente. E incluía un mandato para que la Comisión Europea abordara la cuestión y redactara una regulación específica. 15 años después, la propuesta concreta para restringir los niveles de este mineral pesado se ha topado con la resistencia de la industria de fertilizantes y un grupo de estados que se alinean con esas posiciones entre los que destaca España.
Crear una legislación para que los fabricantes produzcan unos fertilizantes con menos cadmio, ha necesitado, de entrada, un dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que estableció en 2009 un nivel de ingesta semanal tolerable (2,5 mcgr/kg) y explicó que “las exposiciones medias en la dieta están cerca o ligeramente por encima” de ese valor. Para algunos grupos de población “podría aproximarse al doble”. Sin alarmismos, la EFSA concluyó que, si bien no preveía daños en la función renal, “la exposición al cadmio de la población debe reducirse”.
Con lo cual, hace nueve años, las autoridades de la Unión Europea ya conocían las recomendaciones científicas. De hecho, una nueva revisión de la EFSA sobre la exposición al cadmio mediante los alimentos en 2012 repitió que “los niños y los consumidores con exposición alta [al cadmio] pueden exceder los valores recomendados para salvaguardar la salud”.
La revisión de las normas sobre fertilizantes en Europea está en marcha desde 2010. En 2015, la hoja de ruta oficial de la Comisión admitía que la reglamentación actual “falla a la hora de abordar las preocupaciones medioambientales que suscita el cadmio por la contaminación del suelo y, en definitiva, de la comida”.
La comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Brenkowska, le ponía palabras al proyecto legislativo: “El cadmio es un producto químico altamente tóxico que puede tener graves y, frecuentemente irreversibles, efectos en la salud de las personas y el medio. Los fertilizantes de fosfato que lo contienen son la principal fuente de contaminación”.
El borrador del Ejecutivo europeo quería establecer el límite de cadmio en 60 mg, para luego rebajarlo a 40 mg en tres años y dejarlo en 20 mg tras 12 años. Mientras, la industria ha considerado que estos límites estaban fuera de lugar. Tanto la patronal española ANFFE como la Europea, Ferilizers Europe, ambas presididas por la empresa española Fertiberia, han protestado según se iban conociendo las propuestas. Los niveles máximos, han sostenido, no responden a evidencias científicas sobre los efectos nocivos del cadmio y supondrían un golpe mortal para la viabilidad económica del sector.
Sus peticiones fueron escuchadas parcialmente por el Parlamento Europeo que, al fijar su postura en octubre de 2017, votó a favor de dar más tiempo a los fabricantes para cumplir con los límites (de tres a seis años para los 40 mg y 16 años para el umbral definitivo). Durante el debate, la representante del PP español, Pilar Ayuso, ya dijo que los límites propuestos “son demasiado duros” y pidió flexibilizar le norma para dejarla en los 80 mgr. Muy en la línea de lo que está defendiendo el Gobierno español mediante el Ministerio de Agricultura en los foros gubernamentales. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, cuenta que las negociaciones están sobrevoladas por “la defensa de la industria que hace el Consejo de la Unión y su afán por debilitar la propuesta que está encima de la mesa”.
El Consejo (el grupo de jefes de Estado y de Gobierno de los 28 miembros) tomó una postura sobre el tema en diciembre de 2017 pero “no se ha hecho pública”, según confirma la Comisión.
Marruecos y la geopolítica
“Además de lo medioambiental y la salud, aquí se juega una cuestión geopolítica”, analiza un parlamentario europeo sobre la regulación de los fertilizantes cuyo proceso de negociación final está a punto de arrancar. ¿Por qué? Porque una buena parte de estos productos se producen a base de fosfatos. Y una de las principales potencias mineras de fosfato es Marruecos. Es el actual tercer productor mundial tras China y EE UU. Pero ocupa el primer puesto de las reservas confirmadas de rocas fosfáticas.
Pero, muchos de los yacimientos marroquíes están situados en el Sahara occidental. Precisamente, los acuerdos económicos sobre libre mercado agrícola y pesquero entre la Unión Europea y Marruecos están en tela de juicio tras la opinión del abogado general del Tribunal Europea que ha recomendado hacer unas semanas estipular que esos acuerdos son inválidos por no tener en cuenta los derechos saharuis. Rápidamente, el presidente de la CE, Jean Claude Juncker, ha salido al paso para asegurar al Gobierno marroquí que “se tomarán las medidas apropiadas para implementar los acuerdos”.
Entre otros temores, el abastecimiento de fosfato está entre las principales preocupaciones. Al fin y al cambo el propio Gobierno español ha asegurado que sin el acceso a la roca fosfática del norte de África, la industria de fertilizantes española se quedaría fuera del mercado. Un mercado cuya demanda en España ha crecido un 14% en cinco años para los productos a base de fosfato y casi llegar al medio millón de toneladas. Un sector que consumió 1,8 millones de toneladas de todo tipo de fertilizantes en 2016 y facturó 2.135 millones de euros.
