El Gobierno estima que puede impugnar 3.000 inmatriculaciones de la Iglesia al considerarlas “bienes de dominio público”
El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.
Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado si fructifica lo apuntado por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado Antonio Hurtado.
Según adelantaba la cadena Ser, el Gobierno está dispuesto a reclamar a la Iglesia católica “los bienes de dominio público” inscritos a su nombre amparándose en la Ley Hipotecaria franquista y la posterior reforma del Gobierno Aznar en 1998, y que se prolongó hasta 2015. Una normativa que permitía a los obispos actuar como notarios y reclamar como propios inmuebles con solo su palabra. Ahora, dichas propiedades podrían ser reclamadas por el Estado como falsas inmatriculaciones.
En la respuesta parlamentaria, el Ministerio de Justicia ya avanzó que el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en ese período se haría público, y ahora añade que “la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”.
Esto quiere decir –afirma Justicia– que, “si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. La decisión “correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva”.
¿Qué bienes podrían verse afectados?
Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).
En todo caso, hasta que no se conozca el listado definitivo no podrá saberse si, como se sospecha, la mayoría de estos bienes fueron puestos a nombre de la Iglesia en el período de gracia concedido por el Gobierno Aznar. El Registro se está concluyendo, y sólo después será la Dirección General de Patrimonio quien decida cuáles de esas propiedades son propiedad del Estado, como bien público, y cuáles efectivamente pueden seguir registrados a nombre de la Iglesia. Sólo en ese momento comenzaría un periplo judicial que podría bloquear el sistema judicial español, pues sólo dando por ciertos los datos que maneja la Conferencia Episcopal, los bienes inmatriculados por la Iglesia en ese tiempo suman entre 40 y 60.000 inmuebles.
Después de conocerse la noticia, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, denunció la “desamortización encubierta” que se esconde tras el anuncio del Gobierno. “Defenderemos nuestros derechos”, apuntó el religioso, quien quiso señalar que “la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad”, recordando que “la Iglesia lleva en este país veinte siglos de manera continuada”.
Gil Tamayo no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales para defender estos inmuebles “dentro de un marco europeo”. “La Iglesia cree en la legalidad vigente y lo que ha hecho ha sido inscribir unos bienes que ya poseía de manera secular. Solo pedimos que se respete lo más básico: el derecho a la propiedad”, culminó.
