El Gobierno solo ha puesto una sanción desde que entró en vigor la ley de Memoria Democrática
Si se atiende al volumen de castigos, alguien podría decir que en España, nadie ya defiende, reivindica o rememora la dictadura franquista. En casi dos años de vigencia solo se ha iniciado una sanción, ya sea por exaltación de la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes o el resto de motivos que contempla la ley de Memoria Democrática de 2022.
Hasta la fecha, solo se ha abierto un expediente sancionador. El iniciado el 23 de enero de 2023 contra la Falange Española por el homenaje a José Antonio Primo de Rivera durante una celebración en noviembre de 2022, según los datos obtenidos por elDiario.es de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática vía ley de Transparencia.
“Y ese expediente se abrió porque nosotros montamos follón”, reivindica el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Aquella tarde, “la policía pudo observar cómo las personas que entonaban el himno [el Cara al sol] permanecían a su vez con el brazo derecho levantado y extendido a modo de saludo fascista”. Había unas 400 personas.
Basta con pasarse por la tumba de Franco en Mingorrubio para ver que es un altar fascista. Ahí hay exaltación para aburrir
Las sanciones, según establece la ley, buscan “evitar la humillación que pudiera sentir cualquier víctima de la guerra o la Dictadura”. “Lo que ocurre es que hay falta de voluntad política –analiza Silva– porque las exaltaciones, en realidad, son frecuentes”.
Misas, teatros, pirámides y tapices...
En marzo de este año, en la celebración del 90 aniversario de la fusión entre Falange y Jons, en un teatro de Madrid se alzaron de nuevo los brazos de los asistentes en saludo fascista y sonó el himno falangista. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informó después de que revisaría si el acto “vulneró la dignidad de las víctimas”.
En febrero de 2024, la Junta de Castilla y León declaró bien de interés cultural (BIC) un monumento fascista: la pirámide de los italianos construida en el puerto del Escudo (Burgos) para enterrar a los soldados enviados por Benito Mussolini para apoyar el golpe militar. “Constituye un bien único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León, por su diseño y los valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos”, justificó la Junta.
En octubre de 2023, durante la jura de bandera de la princesa de Asturias en la Academia Militar de Zaragoza pudo verse un tapiz conmemorativo que recordaba a Francisco Franco (quien fue director del centro). Una protesta de la ARMH hizo que el tapiz se retirara, pero de expediente, ni rastro.
De hecho, la ley de Memoria Histórica es todavía un asunto pendiente en el Ministerio de Defensa para aplicar plenamente la norma que prohíbe exaltar la dictadura y busca reparar a las víctimas.
También a las semanas de la aprobación de la ley, durante la primera misa-homenaje a Francisco Franco tras la entrada en vigor de la norma pudieron verse los brazos alzados, los cánticos habituales y un coro de voces repitiendo: “Franco, Franco, Franco” tras la ceremonia religiosa. El entonces Ministerio de Presidencia solicitó ese noviembre de 2022 a las delegaciones del Gobierno imágenes y atestados de las manifestaciones en torno al 20N con el fin de examinar si se vulneró la nueva ley.
“Basta con pasarse por la tumba de Franco en Mingorrubio para ver que es un altar fascista. Ahí hay exaltación para aburrir. Igual que los 20N, el 1 de abril en el Valle o el 18 de julio en el que montó lío el Movimiento Católico Español”, abunda Silva. “La cuestión es que la ley es muy inespecífica. Está claro que no hubo una voluntad sancionadora a la hora de redactar la ley. La indefinición es un problema”.
Al tratarse de una materia, no ya controvertida sino tan polémica en nuestro país, entramos en el terreno de la voluntad política
Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Alicia Cárdenas Cordón, coincide en el aspecto de la voluntad, pero no tanto en cuanto a la parte más técnica: “Al tratarse de una materia no ya controvertida sino tan polémica en nuestro país, entramos en el terreno de la voluntad política”, opina.
Pero al mismo tiempo la investigadora sostiene que “no se trata de una cuestión de complejidad técnica ni de vaguedad legislativa”. De hecho, añade, “el régimen sancionador no es uno de los puntos débiles de la ley”. Sin embargo, Cárdenas Cordón entiende que “si otorgas la competencia a entidades administrativas que, por naturaleza, son dependientes de los ejecutivos, eso puede hacer que la ley no sea eficaz”.
Gobiernos encabezados por partidos “que niegan la importancia de estas leyes no van a iniciar ninguna investigación. Los que sean más receptivos, harán un poquito más en esta dirección”, reflexiona la académica.
“En la Secretaría de Estado de Memoria deberían ser más valientes a la hora de aplicar las sanciones sobre quienes realizan actos de exaltación, o congelar subvenciones a municipios que mantengan simbología franquista en su territorio”, opina el abogado Eduardo Ranz, que llevó el caso de la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de Cuelgamuros.
Y señala que también también se han revelado resistencias a la hora de aplicar la norma a los apellidos de localidades fundadas por los planes de colonización del régimen, a pesar de que la ley contempla la eliminación de topónimos con referencias al dictador.
“Me niego a pensar que el escaso número de expedientes sea por una causa electoralista local, y que el motivo es la falta de personal y la gran carga de trabajo del organismo”, remata Ranz.
Me niego a pensar que el escaso número de expedientes sea por una causa electoralista local y que el motivo es la falta de personal y la gran carga de trabajo
Alicia Cárdenas Cordón recuerda que la capacidad para imponer un castigo con esta norma –y las autonómicas del mismo carácter– “pertenece a la administración y no a la jurisdicción penal; es decir, los jueces porque las infracciones a estas leyes no son delitos”.
“Imagínate lo que ocurriría si las cosas que se dicen o hacen con las víctimas del franquismo se hiciera con las víctimas del terrorismo. Ahí es que no hay ningún matiz”, argumenta Silva, que regresa a la idea de la voluntad de las administraciones para hacer cumplir la norma. “¿Podemos suponer qué ocurriría si alguien rompiera la foto de una víctima del terrorismo en un parlamento autonómico?”, pregunta en referencia al presidente de la cámara balear, Gabriel Le Senne. “No es cosa de llevar a la Fiscalía, que está bien, es que el Ministerio puede sancionar, que para algo tenemos la ley”.
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