Más de 3.000 hombres son condenados por violencia machista al mes
Entre abril y junio de este 2018, los órganos judiciales dictaron un total de 9.149 sentencias condenatorias por violencia machista contra hombres que han agredido o a sus parejas o exparejas. Son cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha publicado este miércoles su boletín estadístico trimestral. Son 3.049 hombres al mes. El total de fallos penales emitidos por este motivo asciende 13.384. Es decir, un 68,4% fueron sentencias condenatorias.
El CGPJ señala que la cifra supone un incremento de 1,2 puntos con respecto al segundo trimestre de 2017, cuando las sentencias condenatorias supusieron un 67,2% del total. El mayor porcentaje de condenas, como es habitual, se produjo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (85,8% de condenatorias), seguidos de las Audiencias Provinciales (83,6%) y los Juzgados de lo Penal (58,6%). Estos últimos, que en su gran mayoría carecen de especialización, ven casos graves cuando la pena no supera los cinco años (entonces pasan a las Audiencias) y cuando no hay conformidad entre las partes, caso en el que se juzga en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
En cuanto a las denuncias, un total de 40.232 mujeres figuran como denunciantes de violencia de género en las 42.077 denuncias presentadas en los órganos judiciales, lo que supone un ligero descenso de 1,4% con respecto al mismo periodo del año pasado. El CGPJ destaca el incremento de denuncias presentadas por familiares de las víctimas, que aunque sigue siendo un porcentaje bajo (2,14% del total), ha pasado de 99 a 152 directamente en los órganos judiciales y de 727 a 747 ante la Policía. El mayor número de denuncias son presentadas por las propias mujeres, seguido de las intervenciones directas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios médicos y otros servicios asistenciales.
Por otro lado, un 11% de las mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas se acogieron posteriormente a la dispensa de la obligación de declarar contra el denunciado, una posibilidad que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal ampliamente debatida en círculos judiciales desde hace años. De abril a junio de 2017, el porcentaje se situó en el 10,3% del total.
Seis de cada diez órdenes de protección concedidas
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas, la cifra ha pasado de las 11.776 a 11.279 de este año. Del total de medidas de este tipo concebidas para proteger a las víctimas pedidas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se acordaron 6.714, un 67,8%. En cuanto a las órdenes solicitadas den los Juzgados de guardia, que actúan cuando los especializados no están disponibles, se aceptaron 1.021 medidas, un 74%.
La concesión de órdenes de protección ha experimentado un incremento general en los últimos años, aunque la Fiscalía sigue alertando de las diferencias entre partidos judiciales y comunidades autónomas. Catalunya es la que más órdenes de protección rechaza, con juzgados que llegan a alcanzar porcentajes superiores al 70%. De hecho, es la autonomía que concentra los partidos con mayor tacha de denegación. Las cifras dibujan un escenario desigual en el que algunos rechazan el 80% y otros el 6%.
En cuanto a la ratio de mujeres denunciantes por cada 1.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que se sitúa en 16,89, las comunidades de Baleares, con una ratio de 26,13, Comunidad Valenciana, con una tasa del 22,14, Murcia, con 21,33 y Andalucía, con una tasa ligeramente superior a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Castilla y León, con 10,25, Extremadura, con 11 y Galicia, con 11,50.
Cuando una mujer denuncia violencia machista, los juzgados también pueden acordar medidas civiles de protección relacionadas con los hijos e hijas en común o la vivienda, entre otras. Así, en este segundo trimestre de 2018, se dictaron 4.267 medidas de este tipo, incrementándose ligeramente en algo más de 100. En 345 casos, se procedió judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 194 casos a la suspensión del régimen de visitas del denunciado con los menores.
