Personas sin papeles en el laberinto de la burocracia

Existe la seguridad de que los inmigrantes en situación irregular van a seguir enfermando mientras viven en España. Y seguirán acudiendo al médico para sanar. El decreto del Gobierno que les exige el abono de la asistencia sanitaria desde el 1 de septiembre ha abierto un laberinto, más bien burocrático, para rastrear facturas. Y cuyo esfuerzo correrá a cargo de los administrativos públicos.

Si una de estas personas se siente enferma y pidiese una cita en el médico de cabecera simplemente sería rechazada. Sin tarjeta sanitaria no se entra en el sistema. (Andalucía, País Vasco o Cataluña no aplican esta restricción). Su siguiente paso será acudir a las urgencias donde sí son atendidos tanto en Atención Primaria como un hospital. Y por esa atención no se abona nada. Si los médicos entienden que el paciente tiene que pasar a una consulta, ahí sí comienza a correr el precio. En ese momento se le abre un historial médico y un expediente administrativo. Es decir, si alguien llega al centro de salud con dolor de cabeza y, tras verle, un facultativo le pasa a una consulta o le remite a una cita posterior, ha entrado en el sistema sanitario pero debe pagar por ello.

Respecto a la parte médica, el proceso es como siempre ha sido. El laberinto se abre con la administración

A los inmigrantes sin residencia legal en España, se les considera por el Gobierno desde el 1 de septiembre sin derecho a disfrutar de la sanidad pública sin costes añadidos. Se está tratando de cobrar el servicio médico. Se pretende hacer llegar las facturas a los pacientes. En Madrid, una de las comunidades autónomas que aplicarán la normativa más a rajatabla, a los inmigrantes sin tarjeta se les presenta un documento que detalla la asistencia recibida y su precio. En todo caso, luego llegará un requerimiento para abonar la cantidad total. En caso de que el inmigrante no tenga una póliza particular o sea un ciudadano de un país con el que España tenga convenio para atender a sus nacionales (Andorra, Brasil, Chile, Perú, Marruecos y Túnez más), la administración le exigirá que lo abone.

Comienza el viaje: las facturas reales se remiten desde las administraciones sanitarias al Gobierno central para que desde allí se pida el importe a los países con convenio de atención. Ahí acabaría la preocupación para esos inmigrantes. Pero los que provengan de países sin acuerdos, recibirán ellos la factura (por eso en las instrucciones que, por ejemplo, la Consejería de Sanidad de Madrid remitió a sus centros de salud incluía que se recabaran los datos del paciente). Es más, en los hospitales se les presenta un documento de compromiso de pago para que lo firmen. Este proceso ya se realizaba antes del decreto de Medidas Urgentes.

¿Tienen un plazo estricto para pagar? Pues no existe, comentan desde la Administación. Si no se paga, los atendidos aparecerán en el Boletín Oficial para evitar que se alegue que “la factura nunca llegó”.

Y lo más importante, si no se van pagando las facturas, Sanidad responde: “Se atiende a todo el mundo”. Los administrativos de centros de salud con los que ha hablado eldiaro.es aseguran que entre sus labores “no está comprobar si el paciente tiene deudas pendientes”.