La LOMCE llega sin contenido: ocho Comunidades mantendrán los libros de la LOE

Los libros de texto que usarán los niños españoles en septiembre enfrentan a editores y Comunidades Autónomas. El ministro de Educación fijó el próximo curso como el primero de aplicación de la LOMCE, ante la oposición de algunas regiones y las quejas de otras por la falta de tiempo y presupuesto. Las editoriales funcionaron a toda máquina para tener los materiales a punto para la súbita implantación, pero ahora una parte importante de ellos puede quedarse en el almacén: varias autonomías han sugerido a los colegios mantener los libros de texto de este año.

Primero, tercero y quinto de Primaria serán los primeros cursos de la etapa educativa oblicatoria en aplicar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En septiembre, la conocida como 'ley Wert', que nació con el rechazo frontal de la comunidad educativa, echará a andar en los colegios de toda España. O no.

Según fuentes de la Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), ochos regiones autonómicas han anunciado recomendaciones sobre el mantenimiento del material escolar del curso que está por finalizar. En opinión de la patronal de editores, que reúne a 30 empresas del sector, “si hay una nueva ley, tiene que haber un cambio del material”.

Durante el mes de junio, los Consejos Escolares de los centros educativos elaboran las listas de libros para el curso siguiente y se lo comunican a las editoriales. Este año, en Anele todavía esperan que se pronuncien muchos centros, aunque son cautos en sus conclusiones. “Hay que esperar, no podemos saber aún si va a haber un gran descenso de la demanda”, afirma un portavoz.

Sin embargo, los editores sí mencionan las Comunidades reticentes a las adaptaciones: Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Asturias, Cantabria, Madrid y Castilla y León. En las tres últimas gobierna el Partido Popular. La última decisión la tomarán los centros escolares, con autoridad para decidir el material que usan sus profesores.

La posición de Anele, que cifra la adaptación de una asignatura troncal para toda España en unos 200.000 euros, sugiere una pregunta: ¿la LOMCE se puede aplicar con material docente que no incluya las novedades de la ley?

“Hay regiones que adjudican su decisión a que la LOMCE no supone muchos cambios de contenidos, sino de pedagogía y didáctica. Como si eso no fuese una razón para adaptar los materiales”, dicen los editores. Las editoriales elaboran los libros del alumno y las herramientas del profesor para aplicar los contenidos. “Además, hay asignaturas, como Conocimiento del Medio, que dejan de existir”, apuntan.

El Ministerio guarda silencio al respecto, aunque Montserrat Gomendio ha afirmado este viernes en un desayuno informativo que “las leyes orgánicas son de obligado cumplimiento”, al ser preguntada sobre qué pasará si alguna comunidad autónoma no aplica la ley.

La LOMCE se enfrenta a seis recursos de inconstitucionalidad presentados por el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento catalán, así como los Ejecutivos de Andalucía, Asturias y Canarias, según ha informado hoy en una nota el Tribunal Constitucional.

Andalucía es una de las regiones insumisas. En cuanto a los libros de texto, la Comunidad ofrece un servicio gratuito de libros de texto para las etapas obligatorias, en el que no ha incluido nuevos materiales en los cursos de tercero a sexto de Primaria. El Gobierno andaluz se ampara en “que aún no está desarrollada por completo la normativa estatal, previa al desarrollo de la normativa autonómica”.

En el colegio Miguel Hernández, del municipio madrileño de Alcalá de Henares, no han configurado aún la lista de libros para las editoriales porque la Comunidad de Madrid no ha aprobado el currículo de Primaria. Los contenidos serán aprobados “en las próximas semanas”, según un portavoz de la Consejería dirigida por Lucía Figar. En el colegio público, dadas las fechas, creen que redactarán la lista en septiembre de forma excepcional.

En el centro educativo intentarán “en lo posible” no renovar el material de los pequeños. Desde hace tres años el colegio cuenta con un banco de libros, organizado por el centro y la asociación de padres y madres. Se acogerán de este modo a la recomendación de la consejería, que no cree “necesaria” la sustitución por “motivos académicos”.

Peticiones para la gratuidad de libros

En un contexto de crisis económica, en la que muchas familias afrontan con serias dificultades el pago del material escolar a sus hijos, los bancos de libros han aliviado las facturas en septiembre. Este curso, la media del coste de libros en colegios públicos ascendió a los 180 euros. La 'vuelta al cole' suponía un total de unos 838 euros por hijo de media, según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).

Mientras, el Gobierno ha reducido las ayudas concedidas para libros en un 37,5% en este último año. El reparto entre Comunidades Autónomas de la aportación estatal en la convocatoria anterior la cifra ascendía a 32 millones; cifra que ha adelgazado hasta los 20 millones.

El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de representación de la comunidad, aprobó este 29 de mayo –por 15 votos a favor, dos abstenciones y dos en contra– un texto que exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que garantice la gratuidad de los libros de texto y el material curricular que se utiliza en la enseñanza básica, independientemente del lugar donde curse sus estudios.

El Consejo recuerda en su dictamen el artículo 27 de la Constitución, que establece la educación obligatoria y gratuita como un derecho fundamental. “Dicha gratuidad debe alcanzar no sólo a la impartición de la enseñanza sino también a aquellos materiales que se utilicen de forma habitual en la misma”, dice el Consejo Escolar del Estado.

En consonancia con esta propuesta, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública registró el pasado miércoles un escrito en el Congreso de los Diputados en el que les reclama la misma medida. Una de las organizaciones miembro de la plataforma, el Sindicato de Estudiantes, denunció “el negocio” que la LOMCE supone para las editoriales y que perjudica a las familias con menos recursos.