Dos planes nacionales permiten a la Iglesia restaurar su patrimonio con cargo al Estado cada año
La desastrosa restauración de la estatua de San Jorge (siglo XVI) en la parroquia de San Miguel de Estella (Navarra) y su precedente Ecce Homo abre el debate sobre cómo se restaura el patrimonio de la Iglesia y quién lo financia. La respuesta, como casi siempre ocurre en el caso de la Iglesia católica en nuestro país: la Administración paga, los curas deciden.
En 1997, siendo ministra de Cultura Pilar del Castillo (PP), se suscribió el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, que venía a complementar el firmado, a finales de los ochenta, entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno de Felipe González para financiar la conservación, iluminación y restauración de las 95 catedrales españolas, y que venía a cumplir con los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado suscritos en 1979. Esos acuerdos pretendían, entre otras cosas, “compensar” a la Iglesia católica tras la desamortización de Mendizábal de 1822 y la “persecución religiosa” durante la II República. Todavía hoy se paga anualmente esa compensación desde las arcas públicas.
Desde entonces, vía Presupuestos Generales del Estado, se han financiado con al menos 500 millones de euros las restauraciones de centenares de templos en todas las provincias españolas. Primero, a través del desaparecido 1% Cultural del Ministerio de Fomento y, desde 2004, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Esta financiación para que la Iglesia mejore sus bienes, muchos de los cuales están abiertos al público y cobran entradas que se quedan los religiosos, es solo la parte estatal. A ese medio millar de millones hay que sumarle subvenciones municipales o autonómicas para reformas de todo tipo.
Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entre 1990 y 2015 se mejoró en todas las provincias el patrimonio de la Iglesia, especialmente los calificados Bienes de Interés Cultural, cuya gestión corresponde a los Obispados (que son quienes cobran por las visitas). En la práctica se trata de una situación similar, en el pago, a la de los profesores de Religión: es la Iglesia quien decide qué y cómo restaurar, y la Administración quien paga. Eso sí: las entradas para visitar catedrales, museos y otros templos de interés cultural o turístico las cobra la institución eclesiástica.
Por comunidades, Andalucía recibió, hasta 2015, más de 7,5 millones de euros dentro del Plan de Catedrales. El templo más favorecido fue la mezquita de Córdoba, que sólo en restaurara portadas, crucero, coro y capillas recibió 3,4 millones de euros. Otros 7 millones de euros fueron a las iglesias de Aragón; 1,2 en Asturias; 4 millones entre Baleares y Canarias; otros 4 en Castilla-La Mancha; 8,5 en Castilla y León; 5,5 en Cataluña; 2 millones en Extremadura; 1,5 en La Rioja; 3,5 en Murcia y otros tantos en la Comunidad Valenciana.
A ello hay que sumar las restauraciones en abadías, conventos y monasterios y actuaciones especiales, como la llevada a cabo en la catedral de Santiago de Compostela, cuya fachada ve en estos días la luz, y para la que el Gobierno de Rajoy destinó en 2015 un total de 17 millones de euros. Y los convenios a nivel de Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA., para restauraciones y cesión o permuta de terrenos para la Iglesia católica, cuya suma se antoja incalculable.
No es cosa del pasado. En los presupuestos en vigor (2017), se destinaron 946.000 euros al Plan de Catedrales, por otros 785.000 bajo el epígrafe “Arquitectura Religiosa”. El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos se llevó sólo el año pasado 3 millones de euros para restauración de cenobios y lugares de vida religiosa.
Sin embargo, para la Iglesia católica, que en estos días termina su campaña de recaudación de fondos a través de la famosa X de la Declaración de la Renta, la situación es bien diferente. En su Memoria de Actividades apunta que es la Iglesia la que, solo en 2016, promovió 373 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación de templos por valor de 71,3 millones de euros. Es más, añade, en los últimos 5 años, la cantidad asciende a más de 356 millones de euros.
Olvida la Iglesia un detalle: que ese dinero proviene de la casilla de la Renta, que a su vez se detrae de los Presupuestos Generales del Estado. Teniendo en cuenta que el sistema se implantó en 1987, la cantidad que la Iglesia católica ha podido recibir para la restauración de su patrimonio superaría los dos mil millones de euros.
