La reválida de sexto de la LOMCE se desmorona a pocas semanas de realizarse

Quedan pocas semanas para que más de 480.000 alumnos y alumnas de sexto de Primaria se enfrenten en 14.000 colegios a la prueba de final de ciclo prevista en la LOMCE. El tiempo es muy poco y las incógnitas, todavía unas cuantas. Las reuniones de las consejerías de Educación con los centros se amontonan en los días previos al examen con menor o mayor entendimiento.

De momento, siete comunidades –Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura– ya han declarado que no realizarán la prueba este curso o que pondrán un examen diferente (el caso de Cataluña, Navarra y País Vasco). Las regiones gobernadas por el PSOE ya habían mostrado su desacuerdo con la reválida llevando ante el Tribunal Supremo el decreto que la regula. Aún esperan una resolución.

Solo tres comunidades –La Rioja, Madrid y Murcia, todas gobernadas por el PP–, además de Ceuta y Melilla, han fijado ya una fecha concreta para llevarla a cabo entre la segunda y la tercera semana del mes que viene.

El Ministerio de Educación, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, ha esperado hasta ahora para poner en marcha la maquinaria de esta evaluación obligatoria “sin efectos académicos” cuya logística, dicen las comunidades, “es un caos total”.

Educación convocó a las regiones el jueves a una reunión técnica para hablar de la aplicación de la LOMCE y, entre los asuntos, de las reválidas previstas en la ley. Por respuesta, recibió el plantón de 11 de las 17 comunidades, cuyos consejeros amenazaron con tomar las decisiones pertinentes para “paliar los efectos negativos de la LOMCE” si el Gobierno no da marcha atrás antes del 3 de mayo y convoca una Conferencia Sectorial –que prometió hace meses– para tratar todos los temas pendientes. Así que en los próximos días más comunidades podrían declararse insumisas. 

El ministro insiste en “desdramatizar este asunto” porque la prueba se hará. “Está en la ley, y en España las leyes hay que cumplirlas”. Méndez de Vigo no se ha pronunciado nunca sobre las consecuencias de desobedecer y sigue haciendo pedagogía sobre las características del examen. “Se trata de una evaluación con efecto diagnóstico, que no puntúa nada, que solo pretende dar información a docentes y centros de que sus hijos están bien encauzados y la enseñanza es la correcta”, explicaba Méndez de Vigo en una entrevista en la Cadena SER, donde justificaba que la prueba ya la hacen “muchos países de nuestro entorno”.

Las comunidades complementarán el examen, tal y como establece el decreto de 20 de noviembre, con un cuestionario de contexto a rellenar por las familias de los alumnos y alumnas para conocer sus condiciones socioeconómicas y culturales. Se les preguntará por su formación, cuántos libros tienen en el hogar o cuánto tiempo dedican sus hijos e hijas a hacer deberes en casa. Esta información será en “todo caso” anónima, “garantizándose la confidencialidad de los datos durante todas las fases de la evaluación”, de modo que “únicamente” la Administración estará “en condiciones de relacionar el código del cuestionario con el alumno correspondiente”.

Lluvia de críticas en las comunidades

Si miramos con una lupa a cada comunidad, las situaciones son muy variadas. Algunas, como Madrid o Castilla y León, ya venían aplicando pruebas hace unos años y están algo más curtidas en la logística. Otras, para las que el escenario es totalmente nuevo, critican la “improvisación” en la organización (Aragón) y “el coste personal y económico” (Asturias). Cantabria interpreta la prueba como una falta de confianza hacia el profesorado, y las comunidades con lengua cooficial aducen una intromisión del Ministerio en las competencias regionales y la autonomía de los centros. Estas regiones contarán con una parte extra para evaluar el nivel del alumnado en su segunda lengua.

Según la información disponible en la web del Ministerio, la prueba consta de cuatro partes: competencia lingüística en español y en inglés, competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. Es una prueba muy similar a la de PISA que se dividirá en dos días y durará unas cinco horas. Los resultados de la evaluación, cuyo coste alcanza casi el millón y medio de euros, no serán numéricos; se expresarán en cinco valores: insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente.

A los alumnos de la clase de Nieves Domínguez, tutora de un grupo de sexto en un colegio público de Madrid, al principio les asustó la noticia. “La primera reacción suele ser mala, de miedo. Piensan que van a suspender. Se tiene que hacer todo un trabajo con ellos en este sentido. Se trata de motivarles para que consigan un buen resultado por ellos, no por la nota, no por lo que piense yo”, explica.

En el aula llevan meses practicando con modelos: “Hemos intentado dar prioridad a todos los estándares que puedan aparecer en la prueba para que los alumnos sepan a qué atenerse. No se miden los conocimientos, sino la aplicación. Es decir, les ponen una situación concreta y a partir de ahí les empiezan a hacer preguntas”.

Evitar chivatazos

Los tutores y tutoras serán trasladados a otros centros de su misma región para supervisar el examen de otros grupos. “Para evitar chivatazos”, supone la maestra, que argumenta que el hecho de que el adulto en el aula sea desconocido “les pone más nerviosos”. “Imagínate en clases con niños con necesidades, que tienen más dependencia del tutor. Que les pongan en otro orden en el aula, por ejemplo, sin contar con su figura de referencia les va a desubicar un montón”, dice Domínguez. De momento, es lo único que saben los profesores en la capital, a cuyos directores reunió la Consejería de Educación hace dos semanas para dar unas directrices básicas de la organización de la prueba.

Méndez de Vigo no solo se ha comprometido a no publicar los resultados de las pruebas para no crear clasificaciones entre centros educativos, sino que ha rectificado en este punto en la orden que regula el examen en Ceuta y Melilla –los territorios que gestiona directamente– tras la petición del Consejo General del Estado. Los informes de cada colegio “tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la clasificación de centros docentes”. De este modo, se ponen límites legales para evitar la publicación de los resultados.

La comunidad educativa y la oposición política miraron con malos ojos esta posibilidad de hacer un ranking “que premiara a los colegios ricos y estigmatizara a los pobres”. Por su parte, la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) ha pedido que se eliminen los exámenes porque, critican, se centran solo en las “áreas instrumentales” y dejan fuera otras disciplinas, como las artísticas.

También muchos maestros y maestras se muestran escépticos con la validez de este examen como medidor de una educación de calidad. “Creo que esta prueba no sirve para ver qué colegios realmente tienen una enseñanza de calidad, con todos los matices que eso tiene”, remata Nieves Domínguez.

Una vez realizadas las pruebas, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa elaborará un informe individualizado de cada alumno o alumna, que será entregado a finales de junio, y que incluirá los niveles alcanzados en cada competencia. Estos informes, según el artículo 14 de la orden, contendrán los resultados del estudiante en cada una de las competencias evaluadas y los estándares de aprendizaje en función de los objetivos de las competencias objeto de evaluación y los resulados globales respecto a las medias globales del territorio considerado, de su centro y de su grupo. El mismo organismo entregará  los informes a los centros (con evaluaciones en conjunto) en octubre.